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Procedimientos de insolvencia

El presente Reglamento establece normas comunes en cuanto al tribunal competente para incoar el procedimiento de insolvencia, al Derecho aplicable y al reconocimiento de las resoluciones en caso de que un deudor –tanto si se trata de una sociedad o de un comercio como de un particular– se encuentre en situación de insolvencia. Su objetivo es impedir que el deudor desplace sus haberes o el procedimiento judicial de un país a otro con el fin de mejorar su situación desde el punto de vista jurídico.

ACTO

Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de insolvencia.

SÍNTESIS

Este Reglamento establece un marco común para los procedimientos de insolvencia en la Unión Europea (UE). Las disposiciones armonizadas relativas a los procedimientos de insolvencia están destinadas a evitar el desplazamiento de haberes o de procedimientos judiciales de un país de la UE a otro para poder acogerse a la mejor situación desde el punto de vista jurídico en detrimento de los acreedores («forum shopping» o foro de conveniencia).

Procede observar que el motivo de la cuarta parte de las insolvencias en la UE obedece a la morosidad.

Evitar la transferencia de haberes o procedimientos judiciales de un país de la UE a otro

Los casos de quiebra con implicaciones transfronterizas tienen incidencia en el buen funcionamiento del mercado interior. Con el fin de garantizar procedimientos más uniformes que disuadan a las partes de desplazar haberes o procedimientos judiciales de un país de la UE a otro con el fin de mejorar su situación jurídica, las soluciones propuestas se basan en el principio de la universalidad del procedimiento. Al mismo tiempo, conservan la posibilidad de incoar procedimientos secundarios limitados al territorio del país de la UE interesado.

El Reglamento se aplica a los «procedimientos colectivos fundados en la insolvencia del deudor que impliquen el desapoderamiento parcial o total de este último y el nombramiento de un síndico». Afecta a todos los procedimientos, ya sea el deudor persona física o jurídica, comerciante o particular. Un «síndico» es una persona o un órgano que administra o liquida los bienes embargados al deudor, o que supervisa la administración de sus negocios. En el anexo C del Reglamento se especifican las personas y los órganos facultados para este cometido en cada país de la UE.

No obstante, el Reglamento no se aplicará a los procedimientos de insolvencia relativos a:

Determinar los tribunales competentes y el Derecho aplicable

El Reglamento define el concepto de «tribunal» como una persona jurídica u otro órgano competente facultado por el Derecho nacional a incoar un procedimiento. Los órganos jurisdiccionales competentes para incoar el procedimiento principal son los tribunales del país de la UE en cuyo territorio se sitúan los intereses principales del deudor. Éste debería corresponder al lugar en el que el deudor se ocupa habitualmente de sus negocios y ha de ser comprobable por terceros. En el caso de sociedades o personas jurídicas, se trata del territorio en el que se sitúa el domicilio social, excepto si se demuestra lo contrario. En el caso de las personas físicas se trata, en principio, de su domicilio profesional o de su residencia habitual.

Posteriormente, podrán incoarse procedimientos secundarios (recogidos en el Anexo B) en otro país de la UE si el deudor dispone de un establecimiento en su territorio. Se entiende por «establecimiento» todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes. Los efectos del procedimiento de liquidación deben limitarse a los bienes del deudor situados en dicho territorio. Puede solicitar la incoación de tal procedimiento el síndico del procedimiento principal u otras personas o autoridades que puedan hacerlo con arreglo al Derecho del país en el que se solicita la incoación del procedimiento. En algunos casos, el procedimiento secundario podrá incoarse de forma independiente antes del procedimiento principal, si los acreedores locales y los acreedores del establecimiento local lo solicitan, o cuando el Derecho del país de la UE en el que el deudor tenga su sede central no permita incoar un procedimiento principal. No obstante, una vez incoado el procedimiento principal, el primer procedimiento pasará a ser un procedimiento secundario.

La ley del país de la UE en cuyo territorio se haya incoado el procedimiento de insolvencia regulará todos los términos del mismo: las condiciones de su incoación, su desarrollo y su terminación. Asimismo, establecerá las normas materiales: definición de los deudores y de los bienes implicados, poderes respectivos del deudor y del síndico, efectos del procedimiento en los contratos, ejecuciones individuales, créditos, etc.

Existen disposiciones que garantizan en todo el territorio de la UE los derechos reales de los terceros, el derecho de un acreedor de referirse a la compensación y el derecho de un vendedor basado en una reserva de propiedad, de manera que dichos derechos no se vean afectados por el procedimiento. Por lo que se refiere a los bienes inmuebles, las normas aplicables serán exclusivamente las del país de la UE en cuyo territorio esté situado el bien. Del mismo modo, los contratos y las relaciones laborales, así como los derechos y las obligaciones de los participantes en un sistema de pago o en un mercado financiero, se regularán exclusivamente por la ley del país de la UE que les sea aplicable (como complemento, véase la Directiva sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores).

Reconocimiento del procedimiento de insolvencia

Las resoluciones adoptadas por el tribunal competente del procedimiento principal serán objeto de reconocimiento inmediato por todos los países de la UE, sin ningún otro trámite, excepto:

  • cuando dicho reconocimiento pudiera tener repercusiones contrarias al orden público en tal país;
  • cuando se trate de decisiones que limiten la confidencialidad del correo o la libertad individual.

No obstante, cualquier limitación de los derechos de los acreedores (aplazamiento de pago o condonación de deuda), sólo podrá oponerse si han manifestado su consentimiento.

Cuando un órgano jurisdiccional de un país de la UE decide incoar un procedimiento de insolvencia, los otros países de la UE deben reconocer la resolución, aunque el deudor no pudiera ser objeto de este tipo de procedimiento en los demás países. Los efectos de la resolución serán los que establezca la ley del país que haya incoado el procedimiento y finalizan si se incoa un procedimiento secundario en otro país de la UE.

El síndico designado por un tribunal competente podrá actuar en los otros países de la UE con arreglo a los poderes que le otorgue la ley del país de la UE de incoación, pero respetando la ley de aquél en cuyo territorio actúe. En especial, podrá trasladar los bienes del deudor y ejercitar cualquier acción revocatoria que resulte conveniente para los intereses de los acreedores en caso de que se hayan trasladado bienes del país del procedimiento principal hacia otro tras la incoación del procedimiento de insolvencia, sin perjuicio de los derechos reales de terceros y siempre y cuando dichos bienes sean propiedad del deudor.

Los acreedores domiciliados en la UE que obtuvieren satisfacción total o parcial de sus créditos sobre bienes del deudor, deberán devolver lo obtenido al síndico (sin perjuicio de los derechos reales y siempre y cuando dichos bienes sean propiedad del deudor). Se abrirá una cuenta consolidada de dividendos para la Unión con objeto de garantizar a los acreedores dividendos equivalentes.

El síndico podrá pedir que se adopten medidas de publicidad en los otros países de la UE (publicación de la decisión de incoar el procedimiento de insolvencia y/o inscripción en un registro público). Podrá estipularse que la publicación sea obligatoria, pero, en cualquier caso, la publicación no constituye un requisito para el reconocimiento del procedimiento en otro Estado miembro.

Si una persona afectada no tiene conocimiento de la incoación del procedimiento, se podrá presumir su buena fe al satisfacer las prestaciones al deudor en lugar de hacerlo al síndico de otro país de la UE. Si el pago se produce antes de la publicación de la decisión de incoación del procedimiento, no se considerará que la persona estuviera informada del mismo. Por el contrario, si el pago se produce después de la publicación de la decisión, se supondrá que la persona tenía conocimiento de la información, salvo prueba en contrario.

Restricciones a la aplicabilidad del Reglamento

El Reglamento no será aplicable a:

  • Dinamarca;
  • cualquier país de la UE, cuando sea incompatible con obligaciones en materia concursal que procedan de un convenio firmado antes de su entrada en vigor en dicho país y con uno o más terceros países;
  • Reino Unido, en la medida en que hubiere incompatibilidad con acuerdos celebrados previamente en el marco de la Commonwealth.

El Reglamento se aplica a los procedimientos de insolvencia incoados después de su entrada en vigor el 31 de mayo de 2002. Sustituye a los convenios bilaterales y multilaterales existentes entre dos o más países de la UE.

Contexto

Las quiebras, convenios y demás procedimientos análogos están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas de 1968. Desde 1963 se han llevado a cabo distintos trabajos destinados a crear un instrumento comunitario al respecto. Entre éstos, el 23 de noviembre de 1995 se firmó un Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia. No obstante, al no haber firmado un país de la UE el Convenio dentro del plazo establecido, éste no pudo entrar en vigor.

El Tratado de Ámsterdam, celebrado el 2 de octubre de 1997, establece nuevas disposiciones sobre cooperación judicial civil. Sobre esta base se adoptó el presente Reglamento sobre procedimientos de insolvencia.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) nº 1346/2000

31.5.2002

-

DO L 160 de 30.6.2000

Las modificaciones y correcciones sucesivas del Reglamento (CE) nº 1346/2000 se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada tiene un valor meramente documental.

Última modificación: 24.02.2011

Véase también

  • Página web sobre insolvencia (EN) de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea
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