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Obligaciones de alimentos

El reglamento contempla las demandas en materia de obligaciones transfronterizas de pensión alimenticia derivadas de las relaciones familiares. Establece normas comunes para toda la Unión Europea (UE) que tratan de garantizar el cobro de los créditos alimentarios, incluso cuando el deudor o el acreedor se encuentren en el extranjero.

ACTO

Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

SÍNTESIS

El presente reglamento establece una serie de medidas que permitan facilitar el pago de los créditos alimenticios en situaciones transfronterizas. Estos créditos se derivan de la obligación de ayudar a los miembros de su familia en caso de necesidad. Por ejemplo, pueden adoptar la forma de una pensión alimenticia que se paga a un niño o la expareja tras un divorcio.

El reglamento se aplica a las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones de:

  • familia;
  • parentesco;
  • matrimonio o afinidad.

Competencia

La jurisdicción competente para decidir en materia de obligaciones alimentarias es:

  • la jurisdicción del lugar de residencia habitual del demandado o el acreedor; o
  • la jurisdicción competente para examinar una acción en materia de estado de las personas (un divorcio, por ejemplo) o de responsabilidad parental, cuando esté asociada una demanda relativa a una obligación alimentaria (siempre que esta competencia no se base únicamente en la nacionalidad de una de las partes).

Salvo los litigios relativos a la obligación de alimentos respecto a un menor de edad inferior a 18 años, las partes podrán, según ciertas condiciones, atribuir de común acuerdo la competencia a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para resolverlo.

Será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el cual comparezca el demandado, excepto si éste pretende impugnar tal competencia.

Si no se cumple ninguna de las condiciones antes mencionadas, el litigio podrá interponerse, según ciertas condiciones, ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en el que residan las dos partes.

De no darse esa circunstancia, si el procedimiento no puede interponerse en un Estado tercero con el que el litigio tiene un estrecho vínculo, la demanda podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro con el que el asunto presente un vínculo suficiente.

Si el acreedor sigue viviendo en el Estado miembro que ha dictado la resolución en materia de obligaciones de alimentación, el deudor no podrá, salvo excepciones, iniciar un procedimiento para modificarla en ningún otro Estado miembro. Sin embargo, el acreedor podrá aceptar que otro órgano jurisdiccional conozca del recurso.

Si un procedimiento concerniente a las mismas partes y con el mismo objeto y la misma causa se presentase ante los órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, será competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso primero.

Independientemente del órgano jurisdiccional competente en el fondo, se pueden presentar medidas provisionales y cautelares ante todo órgano jurisdiccional de todo Estado miembro, desde cuando son previstas en la ley del Estado en cuestión.

Reconocimiento y ejecución de resoluciones

Las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos dictadas por un Estado miembro deben ser reconocidas en otros Estados miembros sin que sea necesario procedimiento especial alguno.

La inmensa mayoría de los Estados miembros está vinculada por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias.

Aunque la resolución sea dictada por un Estado miembro vinculado por el Protocolo de la Haya de 2007, no podrá impugnarse su reconocimiento. Si es ejecutoria en el Estado miembro que la ha adoptado, disfrutará de la fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin necesidad de una declaración, En ciertos casos, queda sin embargo la posibilidad de solicitar el reexamen de la resolución, así como el rechazo o la suspensión de su ejecución.

En aquellos casos en los que la resolución es dictada por un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007, su reconocimiento podrá revocarse en ciertos casos. Podrá ponerse en ejecución en otro Estado miembro –si es ejecutoria en el Estado miembro que la ha dictado– siempre que obtenga del Estado miembro de ejecución una declaración que constate la fuerza ejecutiva.

En cualquier caso, el órgano jurisdiccional de origen podrá otorgar fuerza ejecutiva a una resolución con carácter provisional. En aquellos casos en los que la resolución deba ejecutarse en un Estado miembro distinto de aquél en que fue dictada, su fuerza ejecutiva se regirá por la ley de tal Estado miembro.

No podrá revisarse el fondo de la resolución dictada en un Estado miembro en el Estado miembro en el que se solicite el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución.

Las partes de un litigio relevante del reglamento se benefician de un acceso efectivo a la justicia en otro Estado miembro, incluido en el marco de los procedimientos de ejecución y de los recursos. En particular, los Estados miembros facilitarán, según determinadas condiciones, asistencia jurídica. Para las demandas presentadas por los acreedores sobre una resolución relacionada con las obligaciones de alimentos a favor de una persona menor de 21 años y que se deriven de una relación paterno-filial, se facilitará una asistencia jurídica gratuita.

Autoridades centrales

Todo Estado miembro deberá designar una autoridad central encargada de asistir a las partes para fijar y garantizar el cobro de la pensión alimenticia. En particular, transmitirán y recibirán las demandas previstas por el reglamento y adoptarán todas las medidas apropiadas para introducir o facilitar la introducción de los procedimientos necesarios.

Las autoridades centrales cooperan entre sí, fomentan la cooperación entre autoridades competentes de su Estado miembro y buscan soluciones a las dificultades que puedan darse en la aplicación del presente reglamento. Además, para facilitar la aplicación del reglamento y reforzar la cooperación de las autoridades centrales, se recurre a la Red judicial europea en materias civil y mercantil.

Disposiciones finales

El presente reglamento sustituye las disposiciones en materia de obligaciones de alimentos del Reglamento (CE) n° 44/2001 relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. También sustituye al Reglamento (CE) nº 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, excepto para los títulos ejecutivos europeos relativos a obligaciones de alimentos emitidas por Estados miembros no vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007.

El presente reglamento será de aplicación a partir del 18 de junio de 2011.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Reglamento (CE) nº 4/2009

30.1.2009

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DO L 7 de 10.1.2009

ACTOS CONEXOS

Decisión 2011/220/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia [Diario Oficial L 93 de 7.4.2011].
El Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 establece un sistema mundial de cobro de deudas alimentarias entre las partes de este convenio.

Última modificación: 27.07.2011
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