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Ley aplicable a las obligaciones contractuales – Reglamento Roma I

El presente Reglamento sustituye al Convenio de Roma, por el que se establecieron normas uniformes para determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales en la Unión Europa (UE).

ACTO

Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

SÍNTESIS

El presente Reglamento se aplica a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes. No se aplica a las materias fiscales, aduaneras y administrativas, ni a la prueba y proceso.

También se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento las obligaciones en relación con:

  • el estado civil y la capacidad de las personas físicas;
  • las relaciones familiares;
  • los regímenes económicos matrimoniales;
  • los instrumentos negociables, como las letras de cambio, cheques y pagarés;
  • el arbitraje y la elección del tribunal competente;
  • el Derecho de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas;
  • la obligación de un mandante o empresa frente a terceros;
  • los trusts;
  • los tratos previos a la celebración de un contrato;
  • los contratos de seguros, excepto los que se definen en el Artículo 2 de la Directiva 2002/83/CE sobre el seguro de vida.

Cualquier ley designada por el presente Reglamento deberá aplicarse aunque no pertenezca a un Estado miembro.

Libertad de elección

El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. La ley podrá aplicarse a la totalidad o solamente a una parte del contrato. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que el contrato se rija por una ley distinta.La ley del país que esté más estrechamente vinculado al objeto del contrato deberá respetarse aunque las partes elijan la ley de un país distinto como ley aplicable. En caso de que el objeto del contrato afecte a uno o varios Estados miembros, y se elija la ley de un Estado no miembro, esta no podrá contradecir las disposiciones del Derecho comunitario.

Ley aplicable a falta de elección

Si las partes no eligen una ley aplicable a los contratos de compraventa, prestación de servicios, franquicia o distribución, esta se determinará en función del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. Los contratos que tengan por objeto un bien inmueble se regirán por la ley del país donde esté sito el bien inmueble, salvo en los casos de arrendamiento temporal y privado (máximo seis meses consecutivos). En estos casos, el contrato se regirá por la ley del país donde el propietario tenga su residencia habitual. Los contratos de venta de bienes mediante subasta se regirán por la ley del país donde tenga lugar la subasta. En el caso de determinados instrumentos financieros regidos por una única ley, esta será la que se aplique.

En caso de que ninguna o varias de las normas anteriores se apliquen a un contrato, este se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato. No obstante, si el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto del que sugieren dichas normas, se regirá por la ley de dicho país. Se seguirá este mismo principio cuando no se pueda determinar la ley aplicable.

Normas aplicables a contratos específicos

En el caso de estos tipos de contrato, el Reglamento ofrece opciones para elegir la ley aplicable y determina la ley que regirá el contrato en defecto de elección:

  • Contratos para el transporte de mercancías: en defecto de elección, la ley aplicable será la ley del país donde el transportista tenga su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o el lugar de entrega, o la residencia habitual del remitente, también estén situados en ese país. Si no se cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país donde esté situado el lugar de entrega.
  • Contratos para el transporte de pasajeros: las partes podrán elegir como ley aplicable la del país donde el pasajero o el transportista tengan su residencia habitual, la del país donde el transportista tenga el lugar de su administración central, o la del país donde se encuentre el lugar de origen o el de destino. En defecto de elección, el contrato se regirá por la ley del país donde el pasajero tenga su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de origen o el lugar de destino también estén situados en ese país. No obstante, si el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto del anteriormente indicado, se aplicará la ley de ese otro país.
  • Contratos de consumo entre consumidores y profesionales: se regirán por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional ejerza o dirija sus actividades comerciales a ese país. Basándose en la libertad de elección, las partes también podrán acordar que el contrato se rija por otra ley, siempre que esta ofrezca el mismo nivel de protección a los consumidores que la de su país de residencia habitual.
  • Contratos de seguro: en defecto de elección, se regirán por la ley del país en el que el asegurador tenga su residencia habitual. No obstante, si el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto del anteriormente indicado, se aplicará la ley de ese otro país.
  • Contratos individuales de trabajo: la ley aplicable podrá determinarse basándose en el principio de libertad de elección, siempre que el trabajador obtenga el mismo nivel de protección que con la ley aplicable en defecto de elección. En este último caso, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador realice su trabajo habitualmente. Si esto no pudiera determinarse, el contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador. No obstante, si el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto del anteriormente indicado, se aplicará la ley de ese otro país.

Ámbito de la ley aplicable

La ley aplicable al contrato en virtud del presente Reglamento regirá su interpretación, cumplimiento, las sanciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, la evaluación del daño, la extinción de las obligaciones, las instrucciones para estas acciones, y las consecuencias de la nulidad del contrato. Las disposiciones del Derecho comunitario que, en materias concretas, regulen las normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones contractuales prevalecerán sobre el presente Reglamento, excepto en el caso de los contratos de seguro.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la aplicación del presente Reglamento a más tardar el 17 de junio de 2013.

El presente Reglamento se aplicará a los contratos celebrados a partir del 17 de diciembre de 2009.

Antecedentes

El Plan de Acción de Viena de 1998 reconocía la importancia de armonizar las normas de conflicto de leyes en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las decisiones en materia civil y mercantil. El programa conjunto de la Comisión y del Consejo de 2000 preveía medidas para esta armonización. El Programa de La Haya de 2004, con su Plan de Acción, que instaba a la adopción del la propuesta Roma I, reafirmó la importancia de seguir trabajando en las normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones contractuales. El presente Reglamento sustituye al Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, transformándolo en un instrumento comunitario y modernizándolo.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Reglamento (CE) nº 593/2008

24.7.2008-DO L 177 de 4.7.08

La presente ficha de síntesis se divulga a título informativo y no pretende interpretar o sustituir el documento de referencia.

Última modificación: 22.09.2008

Véase también

  • Si desea más información, visite la página web “ley aplicable” (EN) de la Dirección General de Justicia
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