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Normas y procedimientos comunes para el retorno de inmigrantes ilegales

La presente Directiva establece una serie de normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para expulsar de su territorio a nacionales de terceros países en situación irregular. La Directiva establece una serie de disposiciones para la finalización de situaciones irregulares y el internamiento de nacionales de terceros países para su retorno, y unas garantías procedimentales.

ACTO

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

SÍNTESIS

La presente Directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que estén en situación irregular en sus territorios, con ciertas excepciones. En el caso de aquellos nacionales de terceros países que queden excluidos del ámbito de aplicación de esta Directiva, los Estados miembros garantizarán que el trato y el nivel de protección no sean menos favorables que los establecidos en determinadas disposiciones sobre medidas coercitivas, expulsión, asistencia sanitaria e internamiento. Los Estados miembros respetarán siempre el principio de no devolución y tendrán en cuenta el principio del interés superior del niño, la vida familiar y estado de salud de la persona implicada.

Los Estados miembros deben dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio. Si un nacional de un tercer país posee un permiso de residencia válido u otra autorización equivalente expedido por otro Estado miembro, se le exigirá que vuelva de inmediato al territorio de dicho Estado miembro. Si, en virtud de un acuerdo bilateral, otro Estado miembro se hace cargo de un nacional de un tercer país en situación irregular, dicho Estado miembro será el responsable de dictar la decisión de retorno. Un Estado miembro puede decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización similar por razones humanitarias o de otro tipo. Si un nacional de un tercer país tiene pendiente un procedimiento de renovación del permiso de residencia, el Estado miembro no puede dictar una decisión de retorno hasta que finalice dicho procedimiento.

La decisión de retorno debe establecer un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria del nacional de un tercer país en situación irregular. Los Estados miembros pueden disponer que este plazo se conceda únicamente a petición del nacional en cuestión. El plazo de salida voluntaria puede prorrogarse en circunstancias especiales. Asimismo, los Estados miembros pueden imponer determinadas obligaciones al nacional del tercer país durante este plazo para evitar el riesgo de fuga. Si existe riesgo de fuga, si el nacional del tercer país ha presentado una solicitud de permanencia fraudulenta o si la persona de que se trate representa un riesgo para el orden público o la seguridad nacional, el Estado miembro podrá conceder un periodo inferior a siete días o no conceder ningún periodo.

Si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria o si el nacional del tercer país no ha cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo concedido, el Estado miembro deberá tomar todas las medidas necesarias para llevar a cabo la expulsión. Los Estados miembros podrán utilizar, como último recurso, medidas coercitivas para llevar a cabo la expulsión de un nacional de un tercer país; dichas medidas deberán ser proporcionadas y la fuerza ejercida no irá más allá de lo razonable. La expulsión de un nacional de un tercer país debe ser aplazada si vulnera el principio de no devolución o si a la decisión de retorno se ha suspendido temporalmente. Los Estados miembros también pueden aplazar una expulsión en circunstancias especiales.

Las decisiones de retorno pueden ir acompañadas de una prohibición de entrada. Además, la decisión deberá ir acompañada obligatoriamente de una prohibición de entrada si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria o si el nacional del tercer país no ha cumplido la obligación de retorno. La duración de la prohibición de entrada se establecerá caso por caso teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la persona implicada. En principio, la duración no será superior a cinco años, salvo que el nacional de un tercer país represente una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Los Estados miembros pueden revocar o suspender la prohibición de entrada por razones concretas. Además, por razones humanitarias, el Estado miembro puede decidir no emitir una prohibición.

Las decisiones de retorno y las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión deben dictarse por escrito e ir acompañadas de información sobre las vías de recurso de las que se dispone. Los Estados miembros deben proporcionar, previa petición, una traducción de estos documentos a los nacionales de los terceros países, salvo que la decisión se haya consignado a través de un formulario tipo.

Se dará al nacional de un tercer país la posibilidad de interponer un recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que éstas se revisen y de obtener asistencia jurídica y representación legal de forma gratuita. Las decisiones deben ser revisadas por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa u otro órgano competente compuesto por miembros imparciales y con garantías de independencia. El órgano encargado de la revisión podrá suspender temporalmente la ejecución de las decisiones.

En casos específicos, y cuando otras medidas menos coercitivas no sean suficientes, los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países durante el procedimiento de retorno si hay riesgo de fuga o el nacional de un tercer país evita o dificulta la preparación del retorno o el proceso de expulsión. El internamiento debe ser ordenado por una autoridad administrativa o judicial y debe ser revisado regularmente. El periodo de internamiento debe ser tan breve como sea posible y nunca superior a seis meses. Sólo en circunstancias especiales, cuando la operación de expulsión del nacional de un tercer país vaya a prolongarse, los Estados miembros podrán prorrogar el plazo previsto por un periodo no superior a doce meses más. El internamiento debe llevarse a cabo en centros de internamiento especializados; no obstante, si esto no es factible, los Estados miembros podrán recurrir a un centro penitenciario común, aunque los nacionales de terceros países deberán estar separados de los presos ordinarios.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2008/115/CE

13.1.2009

24.12.2010
(24.12.2011 en el caso del artículo 13(4))

DO L 348 de 24.12.08

Última modificación: 29.04.2009
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