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Blanqueo de capitales: prevención de la utilización del sistema financiero

La presente Directiva tiene por objetivo impedir la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se aplica a establecimientos financieros y de crédito, además de a determinadas personas jurídicas y físicas profesionales del sector financiero, entre ellos proveedores de bienes (siempre que los pagos se efectúen en efectivo y por importe superior a 15 000 euros). Dichas entidades y personas deben aplicar requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, habida cuenta del riego de blanqueo de capital y financiación del terrorismo. Se han creado Unidades de Información Financiera (UIF) nacionales encargadas de analizar comunicaciones de transacciones sospechosas.

ACTO

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo [Véanse actos modificativos].

RESUMEN

La presente Directiva tiene por objeto impedir la utilización del sistema financiero a efectos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y deroga la Directiva 91/308/CEE.

Los países de la Unión Europea (UE) deberán prohibir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello, podrán adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas que las propuestas en la presente Directiva.

Definición de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Directiva define como blanqueo de capitales los actos cometidos intencionadamente destinados a:

  • convertir o transferir bienes procedentes de una actividad delictiva para disimular o disfrazar su origen ilícito;
  • disimular o disfrazar la naturaleza, origen, emplazamiento, disposición, movimiento o propiedad real de los bienes procedentes de una actividad delictiva;
  • adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva;
  • participación, o asistencia, en la comisión de cualquiera de las actividades anteriores.

Se considerará que existe blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes blanqueados se hayan desarrollado en otro país de la Unión o en un país no perteneciente a la Unión.

Por "financiación del terrorismo", la Directiva entiende el hecho de facilitar o reunir fondos para cometer uno de los delitos contemplados en la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo; por ejemplo, tomas de rehenes, falsificación de documentos administrativos y dirección de un grupo terrorista.

Obligación de las entidades y personas contempladas con respecto a sus clientes

La Directiva se aplica a entidades de crédito, entidades financieras, miembros de profesiones independientes del Derecho, notarios, auditores, asesores fiscales, agentes inmobiliarios, casinos, y proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos y todo proveedor de bienes (siempre que los pagos se efectúen en efectivo y por importe superior a 15 000 euros). Las entidades y personas contemplados por la Directiva aplicarán medidas de vigilancia con respecto a sus clientes cuando establezcan una relación mercantil y concluyan una transacción, de carácter ocasional, de importe igual o superior a 15 000 euros. Asimismo, redactarán una comunicación de transacción sospechosa cuando sospechen que existe blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; independientemente de los límites máximos y otras exenciones.

Las medidas de vigilancia prevén la identificación del cliente y la comprobación de su identidad, la obtención de información sobre el objeto y naturaleza de la relación mercantil, la posible identificación del beneficiario efectivo y la comprobación de la identidad de la persona física a la que pertenece o a quien controla el cliente o en cuyo nombre se realiza la actividad. Las medidas de vigilancia pueden ajustarse con un enfoque basado en el riesgo según, por ejemplo, el tipo de cliente o la relación comercial. Los países de la Unión podrán permitir a las entidades y personas sujetas a la Directiva recurrir a terceros para ejecutar estas medidas de vigilancia con respecto a sus clientes. La Directiva también prevé casos en los que se permiten medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente, como la vigilancia con relación a las autoridades públicas nacionales, clientes que cuenten con pólizas de seguro de vida cuya prima anual no sobrepase los 1000 euros o titulares de dinero electrónico.

Cuando exista un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, las entidades y personas cubiertas por la Directiva deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente, que incluyen medidas complementarias que garanticen la comprobación o certificación de los documentos facilitados si el cliente no estaba físicamente presente a efectos de su identificación.

Por último, se prohíbe que las entidades de crédito y otros establecimientos financieros abran cuentas o libretas de ahorro anónimas.

Los países europeos deberán informarse mutuamente e informar a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), a saber la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), así como a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), cuando consideren que un tercer país cumple las condiciones de equivalencia relativas a la evaluación de las situaciones que presentan un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Creación de unidades de información financiera (UIF) en los países de la Unión

Cada país de la Unión debe crear una Unidad de Información Financiera (UIF) de carácter nacional y central que recabará, analizará y comunicará a las autoridades competentes la información relativa a un posible blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Los países de la Unión dotarán a sus UIF de los recursos adecuados para desempeñar su tarea velarán para que tengan acceso a la información financiera, administrativa y judicial necesaria.

Las entidades y personas sujetas a la Directiva deben redactar de inmediato una comunicación de transacción sospechosa que se enviará a las UIF cuando tengan conocimiento o sospechas de que una operación o tentativa de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo está en curso o ha tenido lugar. Durante este periodo, se abstendrán de realizar transacciones. A petición de la UIF, las entidades y personas facilitarán toda la información necesaria, de conformidad con la legislación aplicable.

Los países de la Unión pueden decidir sobre la posibilidad de no imponer la obligación de información a la UIF para los miembros de las profesiones jurídicas independientes, notarios, interventores de cuentas, contables externos y asesores fiscales con respecto a la información recibida sobre sus clientes o del mismo al evaluar jurídicamente su situación o en el ejercicio de su misión de defensa o representación del cliente en un procedimiento judicial.

Las entidades y personas contempladas en la presente Directiva no revelarán al cliente ni a terceros que se haya transmitido dicha información a la UIF, a excepción de su uso a efectos de combatir la delincuencia. Conservarán los documentos, justificantes, etc. por un período mínimo de cinco años a partir del final de la relación mercantil con el cliente o de la ejecución de la transacción. La Comisión favorece la coordinación entre las UIF de los países de la Unión.

Los países europeos deberán informarse mutuamente, así como a las AES, cuando consideren que un tercer país cumple las condiciones de equivalencia relativas a la prohibición de divulgación, el secreto profesional y la protección de datos de carácter personal.

Las entidades de crédito y las demás entidades financieras sometidas a esta directiva deberán aplicar medidas como mínimo equivalentes a las prescritas en materia de vigilancia respecto al cliente y de conservación de los documentos en sus sucursales y filiales mayoritarias situadas en los terceros países. Los países de la UE, las AES y la Comisión deberán informarse mutuamente cuando la legislación de un tercer país no permita aplicar estas medidas y pueda emprenderse una acción coordinada para buscar una solución. En estos casos, las AES podrán elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el tipo de medidas adicionales y las acciones mínimas que las entidades de crédito y financieras tienen que realizar.

Entrada en vigor de la Directiva e imposición de sanciones

Las entidades y personas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva deben establecer medidas y procedimientos adecuados en materia de vigilancia con respecto a los clientes, de declaración, de conservación de documentos, gestión y comunicación de riesgos. Sensibilizarán a los empleados afectados sobre las disposiciones vigentes.

Los países de la Unión procederán a un seguimiento efectivo del respeto de la presente directiva. Las entidades y personas contempladas se considerarán responsables en caso de incumplimiento de la legislación nacional adoptada para aplicar la presente Directiva. Las sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2005/60/CE

15.12.2005

15.12.2007

DO L 309, 25.11.2005

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2007/64/CE

25.12.2007

1.11.2009

DO L 319, 5.12.2007

Directiva 2008/20/CE

20.3.2008

-

DO L 76, 19.3.2008

Directiva 2009/110/CE

30.10.2009

30.4.2011

DO L 267, 10.10.2009

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

DO L 331, 15.12.2010

Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 2005/60/CE se han integrado en el texto de base. La versión consolidada tiene un valor meramente documental.

ACTOS CONEXOS

Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada [Diario Oficial L 214 de 4.8.2006].
Esta Directiva incluye los aspectos técnicos de las definiciones de la Directiva 2005/60/CE, como la noción de "personas del medio político" (jefes de Estado o de Gobierno, ministros, parlamentarios, etc.).

Última modificación: 07.04.2011

Véase también

  • Dirección General de Mercado Interior y Servicios: delincuencia financiera (DE) (EN) (FR)
  • Dirección General de Asuntos de Interior: lucha contra el terrorismo (EN)
  • Dirección General de Asuntos de Interior: blanqueo de capitales (EN)
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