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Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago

Al adoptar una Decisión marco, el Consejo de la Unión Europea completa el marco de acción ya establecido para combatir cualquier fraude que implique medios de pago distintos del efectivo. Define, en particular, los comportamientos fraudulentos que pueden constituir una infracción penal sancionable en toda la Unión.

ACTO

Decisión marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo.

SÍNTESIS

La presente Decisión marco tiene por objeto completar una serie de medidas ya adoptadas por el Consejo y destinadas a luchar contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, en particular:

  • la Acción común 98/428/JAI, por la que se crea una Red Judicial Europea;
  • la Acción común 98/733/JAI, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea;
  • la Acción común 98/699/JAI relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito.

En la presente Decisión marco cualquier fraude con un medio de pago distinto del efectivo se considera como una infracción penal punible mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas en todos los Estados miembros de la Unión.

Comportamientos delictivos

El enfoque de la presente Decisión marco es evitar el recurso a calificaciones estrictamente definidas en el Derecho Penal, porque éste presenta diferencias según los países. La Decisión marco se limita pues a elaborar una lista de los distintos comportamientos intencionales que deben considerarse como infracciones penales en toda la Unión. Se definen distintos comportamientos en función de que tengan como objetivo el propio instrumento de pago o la fabricación de instrumentos de pago, y de que se trate de una o más operaciones de pago o del sistema utilizado para la ejecución, la recogida, el tratamiento y la liquidación de las operaciones de pago.

Sanciones

Todos los comportamientos mencionados se tipifican como infracciones penales en todos los Estados miembros. Por consiguiente, estos últimos deben establecer sanciones penales para estas infracciones según que las cometan personas físicas o jurídicas. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasivas. No tendrán que implicar necesariamente el encarcelamiento, excepto en el caso de los delitos más graves que puedan justificar extradición. Los Estados miembros gozan de cierto margen para establecer la gravedad de una infracción, así como para fijar la naturaleza y severidad de las sanciones aplicables.

Competencia jurisdiccional

Se establecen criterios de atribución para definir la competencia jurisdiccional de las autoridades judiciales nacionales para perseguir las infracciones contempladas por la presente Decisión marco. La competencia jurisdiccional será admisible cuando la infracción se haya cometido:

  • en su territorio;
  • por sus nacionales (si el Estado miembro reconoce la competencia extraterritorial);
  • en beneficio de personas jurídicas cuya sede central se encuentre en el territorio del Estado miembro competente.

Se prevén también medidas para garantizar que las infracciones sean perseguidas en el caso de los Estados miembros que no extraditan a sus nacionales.

Cooperación

Se ha previsto la cooperación entre los servicios y organismos públicos y privados encargados de la gestión, control y vigilancia de los sistemas de pago y las autoridades nacionales competentes en materia de investigación y represión de las infracciones contempladas por esta propuesta. Podrán establecerse mecanismos de cooperación suplementarios entre Estados miembros con arreglo a los convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales u otros acuerdos aplicables existentes. La Comisión deberá informar al Consejo sobre la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones de la Decisión marco.

El presente acto se ha visto afectado por la sentencia C-176/03 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa al reparto de competencias en materia penal entre la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Decisión marco 2001/413/JAI 2.6.2001 2.6.2003 Diario Oficial L 149 de 2.6.2001

ACTOS CONEXOS

Segundo informe basado en el artículo 14 de la Decisión marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo [COM (2006) 65 final - no publicado en el Diario Oficial].

Con arreglo a las conclusiones del Consejo de los días 25 y 26 de octubre de 2004, la Comisión deberá presentar este segundo informe basándose en la información complementaria proporcionada por los Estados miembros. El presente informe se refiere a Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Suecia. Integra a los nuevos Estados miembros que se incorporaron a la Unión Europea en 2004.

La Comisión constata que la mayoría de los Estados miembros de que trata el informe se ajustan a la Decisión marco. Grecia y Luxemburgo aún no han adoptado todas las medidas necesarias para transponer íntegramente la Decisión marco: el proyecto de ley adecuado debe aún ser aprobado por el Parlamento nacional; Chipre no ha proporcionado información suficiente para que la Comisión pueda proceder a una evaluación completa de la conformidad de su legislación nacional con las disposiciones de la Decisión marco. La Comisión lamenta que siete Estados miembros no hayan comunicado toda su legislación, o no hubieran terminado aún el procedimiento de transposición de la Decisión marco en la fecha en que se finalizó el informe.

Informe de la Comisión basado en el artículo 14 de la Decisión marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo [COM (2004) 346 final - no publicado en el Diario Oficial].

El artículo 14 de la Decisión marco anteriormente mencionada estipula que la Comisión Europea debe redactar un informe sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para ajustarse a la Decisión marco. La Comisión critica el hecho de que algunos Estados miembros no hayan enviado dentro del plazo prescrito (2 de junio de 2003) la información necesaria sobre las medidas adoptadas para la transposición de las obligaciones derivadas de la Decisión marco en su Derecho interno. Por este motivo el informe se basa en una información incompleta. La Comisión analiza el estado de la aplicación de la Decisión marco en relación con la información específica transmitida por nueve Estados miembros.

Concluye que solamente cinco Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Irlanda y el Reino Unido) respetaron el plazo de transposición de las disposiciones. España, Finlandia y Suecia comunicaron también sus medidas de transposición. Bélgica considera que su legislación se ajusta ya a las disposiciones pero no facilita ninguna aclaración sobre la legislación pertinente. Austria, Grecia y Luxemburgo estaban aplicando las disposiciones nacionales requeridas en el momento de redactarse el informe. Los Países Bajos adoptaron medidas que aún no están vigentes. Dinamarca y Portugal no respondieron a la Comisión.

A continuación el informe procede a un análisis detallado de las medidas adoptadas efectivamente por estos Estados miembros. La mayoría de las disposiciones fueron aplicadas por la mayor parte de Estados miembros que llevaron a cabo la transposición de la Decisión marco, aunque en medida variable, en particular por lo que se refiere a las sanciones (artículo 6).

 
Última modificación: 06.06.2006
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