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Saneamiento y liquidación de las entidades de crédito

La Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación de un procedimiento único de liquidación para todos los acreedores e inversores, en caso de quiebra de una entidad de crédito con sucursales en otros Estados miembros.

ACTO

Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito.

SÍNTESIS

Definida como una prioridad esencial por el Plan de acción para los servicios financieros (PASF), esta medida cubre una laguna jurídica importante en el ámbito de los servicios financieros. Su adopción se produce de forma simultánea al pleno desarrollo de los planes de ahorro y de colocación individual. La Directiva fue objeto de una primera propuesta en 1985 pero fue bloqueada, principalmente por el problema de Gibraltar. En la actualidad esta situación está regulada gracias a las disposiciones que acaban de adoptar el Reino Unido y España por las que se designan a las autoridades competentes.

Actualmente, si una entidad de crédito con sucursales en otros Estados miembros se liquida y sus activos se distribuyen entre sus acreedores, las autoridades de cada Estado miembro en las que las entidades estén representadas pueden incoar procedimientos de insolvencia distintos. Como consecuencia, pueden plantearse conflictos de competencia y puede que no siempre se trate a los acreedores en igualdad de condiciones. Asimismo si una entidad debe ser reestructurada, los planteamientos pueden divergir según cada Estado miembro. La Directiva tiene por objeto garantizar la protección de los consumidores.

Principio de control del país de origen

En caso de quiebra de una entidad de crédito con sucursales en otros Estados miembros, la liquidación entrará dentro del marco de un procedimiento de insolvencia único incoado en el Estado miembro donde la entidad tenga su domicilio social (denominado Estado de origen). Por consiguiente, éste se llevará a cabo conforme a una única legislación en materia de quiebra. Este planteamiento respeta el principio del control del país de origen, siendo la base de las directivas bancarias (Directiva 2000/12/CE de codificación).

Protección de los acreedores

  • Publicidad
    El texto prevé que las medidas de saneamiento o de liquidación surtirán efecto en todos los Estados miembros, y especialmente respecto de terceros. Los liquidadores deberán garantizar la publicidad de las mismas mediante la publicación de un extracto de la decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en dos diarios de difusión nacional de cada Estado miembro de acogida (plazo de publicación).
  • Información
    Los acreedores conocidos establecidos en otros Estados miembros también serán informados (igualdad de prelación y trato). Asimismo, éstos deberán recibir la información de forma rápida e individual en una lengua oficial del Estado de origen. El título del formulario se publicará en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y los acreedores podrán presentar sus créditos en una lengua oficial de "su" Estado miembro. Además, los liquidadores les informarán regularmente del desarrollo de la liquidación.

Cooperación entre las autoridades de control

Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen que decidan incoar un procedimiento de liquidación estarán obligadas a informar sin demora y mediante todos los medios a las autoridades competentes del Estado miembro donde la sucursal está situada.

Legislación aplicable

La entidad de crédito se liquidará de acuerdo con la ley aplicable en el Estado de origen, siempre que la Directiva no disponga otra cosa.
Si el domicilio social de la entidad estuviese en un tercer Estado, se considerará como Estado de origen el Estado miembro en que esté sita la sucursal.
El texto contempla excepciones a la aplicación del principio del Estado de origen debido a los efectos que una medida de saneamiento o liquidación puede tener sobre los contratos y las relaciones laborales (ley del contrato de trabajo), los contratos de disfrute y adquisición de un bien inmueble (ley del lugar del inmueble) y los derechos sobre un bien inmueble sujeto a inscripción (ley del Estado miembro del registro). La lex rei sitae se aplicará también al ejercicio de los derechos de propiedad sobre los instrumentos inscritos en un registro o en una cuenta (ley del registro del Estado miembro). Las transacciones efectuadas en el marco de un mercado regulado se someterán exclusivamente a la ley aplicable al contrato que rige estas operaciones. Finalmente, los efectos de un procedimiento de saneamiento o de liquidación sobre un proceso en curso serán regulados por la ley del Estado miembro que lo esté tramitando.

Revocación de la autorización

A falta de una medida de saneamiento o en caso de fracaso de la misma, se revocará la autorización a la entidad conforme al procedimiento establecido en la Directiva 2000/12/CE.

Secreto profesional

El texto prevé que todas las autoridades administrativas que participen en estos procedimientos de información o consulta deben respetar el secreto profesional tal como aparece definido en la Directiva 2000/12/CE. Las autoridades judiciales siguen estando sujetas a las disposiciones nacionales correspondientes.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Directiva 2001/24/CE5.5.20015.5.2004DO L 125 de 5.5.2001
Última modificación: 06.07.2005
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