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Efectos de una legislación extranjera sobre los intereses financieros de la Unión

La libre circulación de capitales en la Unión es un principio de base recogido en el Tratado. Mediante la adopción de este Reglamento, la Comunidad trata de eliminar todos los obstáculos que podrían restringir la libre circulación de capitales entre Estados miembros y terceros países. El Reglamento bloquea la aplicación de una legislación extranjera y sus efectos para proteger los intereses económicos de la Comunidad y los de los individuos o empresas que ejercen sus derechos al amparo del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas.

ACTO

Reglamento (CE) n° 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de una legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

El Reglamento tiene por objetivo proteger los intereses económicos y/o financieros de las personas físicas o jurídicas contra la aplicación extraterritorial de las leyes y sus efectos. Las leyes contempladas se recogen en el Anexo del Reglamento. La protección cubre las operaciones de comercio internacional y/o los movimientos de capitales y/o actividades comerciales entre la Comunidad y terceros países.

El Reglamento se dirige:

  • a toda persona física residente en la Comunidad y nacional de un Estado miembro;
  • a toda persona constituida en sociedad en la Comunidad;
  • a toda persona nacional de los Estados miembros establecida fuera de la Comunidad, a las compañías navieras establecidas fuera de la Comunidad y controladas por nacionales de un Estado miembro, siempre que sus buques estén registrados en ese Estado miembro con arreglo a su legislación;
  • a toda persona física residente en la Comunidad, a menos que se encuentre en el país del que es nacional;
  • a cualquier otra persona física que se encuentre en la Comunidad (incluidas sus aguas territoriales y el espacio aéreo) y en toda aeronave o buque sujetos a la jurisdicción o control de un Estado miembro, que actúe profesionalmente.

La persona cuyos intereses económicos o financieros se ven afectados por las leyes extranjeras deberá avisar a la Comisión en un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que obtuvo la información.

Las resoluciones de juzgados o tribunales y las decisiones de autoridades administrativas ubicadas fuera de la Comunidad que hagan efectivos, directa o indirectamente, los textos legislativos que se enumeran en el Anexo (como la «Iran and Lybia Sanctions Act of 1996», de los Estados Unidos), no serán reconocidas ni podrán ser cumplidas de modo alguno. Las personas contempladas en el Reglamento no respetarán los requisitos o prohibiciones basados en los textos legislativos citados en el Anexo. No obstante, se podrá autorizar a las personas a respetar dichos requisitos o prohibiciones. Esta autorización corresponde al Consejo a propuesta de la Comisión, a la que asiste un comité compuesto por representantes de los Estados miembros.

Los Estados miembros son competentes para determinar las sanciones en caso de infracción a cualquier disposición de este Reglamento.

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) n° 2271/9629.11.1996-DO L 309 de 29.11.1996

Acto(s) modificativo(s)Entrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) n° 807/20035.6.2003-DO L 122 de 16.5.2003
 
Última modificación: 08.03.2005
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