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Sanciones contra la contratación de residentes ilegales nacionales de terceros países

Esta directiva tiene por objeto evitar la contratación de residentes ilegales nacionales de terceros países en la Unión Europea (UE), con el fin de contrarrestar la inmigración ilegal. En ella se establecen unas normas mínimas comunes en materia de sanciones y otras medidas (prohibición de recibir ayudas públicas, etc.), así como, en los casos graves, sanciones penales contra los empleadores de dichos nacionales.

ACTO

Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

SÍNTESIS

La Directiva obliga a los Estados miembros a que prohíban la contratación de residentes ilegales nacionales de terceros países y establece unas normas mínimas comunes sobre sanciones aplicables a los empleadores que infrinjan esta prohibición. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar la Directiva a residentes ilegales nacionales de terceros países cuya expulsión haya sido suspendida y que tengan derecho a trabajar de conformidad con el Derecho nacional.

Obligaciones que incumben a los empresarios

Los empresarios están obligados a:

  • exigir a los nacionales de terceros países que presenten un permiso de residencia u otra autorización de residencia antes de ser contratados;
  • conservar copia de los permisos de residencia durante el período de duración del empleo, en previsión de una posible inspección de las autoridades nacionales;
  • notificar a las autoridades, en los plazos establecidos por el Estado miembro, la contratación de un nacional de un tercer país.

En caso de que el empleador sea un individuo que contrata un nacional de un tercer país para fines privados, los Estados miembros podrán establecer un procedimiento simplificado de notificación. Los Estados miembros podrán disponer que la notificación no se requiera si se ha concedido al nacional del tercer país un estatuto de residencia de larga duración.

Sanciones

Los Estados miembros deberán asegurarse de adoptar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento, que deberán consistir en:

  • sanciones financieras por cada nacional de un tercer país empleado ilegalmente;
  • el pago de los gastos de repatriación de nacionales de terceros países empleados ilegalmente.

Las sanciones financieras podrán reducirse para los individuos que emplean a residentes ilegales nacionales de terceros países en el ámbito particular, siempre que las condiciones laborales no sean abusivas.

Los Estados miembros deben asegurarse de que los empleadores pagan los atrasos endeudados, como la remuneración pendiente, incluido el coste de enviarla al país de origen del empleado, y las cotizaciones sociales. Para calcular los atrasos endeudados, se presupondrá que la relación laboral ha durado al menos tres meses salvo que se demuestre lo contrario.

Los Estados miembros deben crear los mecanismos necesarios para que los nacionales de terceros países empleados ilegalmente puedan reclamar cualquier remuneración pendiente a sus empleadores. Los nacionales de terceros países deben conocer sus derechos antes de que tenga lugar su repatriación.

Los Estados miembros deben garantizar que los empleadores también estén sujetos, según el caso, a otras medidas, como:

  • la exclusión del derecho a recibir todas o algunas prestaciones, incluidas subvenciones de la UE durante un período de hasta cinco años;
  • la exclusión de la participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos durante un período máximo de cinco años;
  • la devolución de las prestaciones concedidas hasta en los doce meses anteriores a la comprobación del empleo ilegal;
  • el cierre provisional o definitivo de la empresa.

En caso de que el empleador sea un subcontratista, los Estados miembros también se asegurarán de que el contratista de quien el empleador sea subcontratista directo pueda ser considerado responsable solidario o subsidiario. Sin embargo, a los contratistas que hayan respetado las obligaciones de diligencia debida definidas por el Derecho nacional, no se les podrá exigir responsabilidad. Los Estados miembros también podrán establecer normas más estrictas de responsabilidad sobre la subcontratación.

El incumplimiento deliberado constituye una infracción penal si el empresario:

  • repite la infracción;
  • contrata a un número significativo de residentes ilegales nacionales de terceros países;
  • hace trabajar a dichos nacionales de terceros países en condiciones especialmente abusivas;
  • hace trabajar a nacionales de terceros países víctimas de trata de seres humanos;
  • emplea ilegalmente a menores de edad.

La complicidad en los actos dolosos anteriormente mencionados también constituirá un delito punible.

Junto a las sanciones penales podrán aplicarse otras medidas como la publicación de la condena penal. Las personas jurídicas también podrán ser consideradas responsables.

Denuncias e inspecciones

Los Estados miembros deberán hacer lo necesario para que los residentes ilegales nacionales de terceros países ilegalmente empleados puedan denunciar a sus empresarios ya sea directamente o a través de terceros designados. Los que hayan trabajado en condiciones especialmente abusivas podrán recibir un permiso de residencia vinculado a la duración del procedimiento, caso por caso, en términos comparables a los que se aplican de acuerdo con la Directiva 2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de trata de seres humanos y que cooperen con las autoridades competentes.

Sobre la base de un análisis de riesgos regular, los Estados miembros deberán llevar a cabo inspecciones eficaces y suficientes para controlar la contratación de nacionales de terceros países en situación irregular.

Contexto

La Comisión sugirió estas medidas en su Comunicación de 19 de julio de 2006 sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración ilegal. El Consejo Europeo (15 y 16 de diciembre de 2006) aprobó esta sugerencia e invitó a la Comisión a que presentara propuestas.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Directiva 2009/52/EC

20.7.2009

20.7.2011

DO L 168 de 30.6.2009

Última modificación: 03.12.2009
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