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Ofertas públicas de adquisición

La Unión Europea desea ofrecer a las empresas europeas una mayor seguridad jurídica ante las ofertas públicas de adquisición (OPA) * y garantizar la protección de los intereses de los accionistas (y, en particular, de los accionistas minoritarios), los empleados y cualquier otra parte interesada. A través de la Directiva, establece normas transparentes, comunes a toda la Unión Europea, en materia de OPA transfronterizas en beneficio de todas las partes interesadas. Refuerza, por ejemplo, las normas relativas a la información a los accionistas sobre las ofertas propuestas (período de aceptación, contrapartida, financiación de la oferta, etc) y favorece también la reestructuración de las empresas para contribuir a hacer el mercado europeo más competitivo.

ACTO

Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición.

SÍNTESIS

La presente Directiva tiene por objeto establecer las directrices mínimas para el régimen de las OPA de valores * de sociedades reguladas por el Derecho de los Estados miembros, cuando algunos o el conjunto de estos valores pertenecen al mercado regulado. Tiene por objeto asimismo proporcionar un nivel de protección adecuado a los titulares de valores en la Comunidad, estableciendo un marco de principios comunes y exigencias generales que los Estados miembros deben aplicar a través de normas más detalladas, de conformidad con sus sistemas nacionales y sus contextos culturales. Los Estados miembros habrán de transponer esta Directiva a más tardar dos años después de su entrada en vigor.

Ámbito de aplicación

La Directiva contempla medidas de coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, los códigos de prácticas u otros instrumentos de los Estados miembros, incluidos los establecidos por organismos oficialmente habilitados para regular los mercados (en lo sucesivo denominadas «las normas»), relativos a las ofertas públicas de adquisición de valores de una sociedad sujeta al Derecho de un Estado miembro, cuando todos o parte de dichos valores hayan sido admitidos a negociación en un mercado regulado a efectos de la Directiva 93/22/CEE del Consejo en uno o varios Estados miembros (en lo sucesivo denominado «mercado regulado»).

La Directiva no se aplicará a las ofertas públicas de adquisición de valores realizadas por sociedades cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales aportados por el público, cuyo funcionamiento esté sometido al principio del reparto de riesgos, y cuyas participaciones, a petición de los titulares, se readquieran o reembolsen directa o indirectamente a cargo de los activos de dichas sociedades. Se asimila a dichas readquisiciones o reembolsos el hecho de que una sociedad de inversión colectiva actúe de manera que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.

Por último, la Directiva no se aplica a las OPA de títulos emitidos por los Bancos Centrales de los Estados miembros.

Principios generales

Los Estados miembros velarán por que se respeten los principios siguientes:

  • todos los titulares de valores de la sociedad afectada * deberán recibir un trato equivalente; si una persona adquiere el control de una sociedad, los demás titulares deben ser protegidos;
  • los destinatarios de la oferta deberán disponer de tiempo e información suficientes para poder adoptar una decisión respecto a la oferta con pleno conocimiento de causa; a la hora de asesorar a los titulares de valores, el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada presentará un dictamen relativo a las repercusiones de la aplicación de la oferta en el empleo, las condiciones de trabajo y los centros de actividad de la sociedad;
  • el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada deberá actuar en interés de la sociedad en su conjunto y no podrá denegar a los titulares de valores la posibilidad de decidir sobre la idoneidad de la oferta;
  • no deberán crearse falsos mercados para los valores de la sociedad afectada, la sociedad oferente * o de cualquier otra sociedad interesada por la oferta de forma que el alza o baja de las cotizaciones de los valores se torne artificial y se falsee el normal funcionamiento de los mercados;
  • un oferente no deberá anunciar una oferta hasta después de haber garantizado que puede proporcionar enteramente la contraprestación en efectivo, si se ofreció tal contraprestación, y después de haber adoptado todas las medidas razonables para garantizar el suministro de cualquier otro tipo de contraprestación;
  • la sociedad afectada no deberá ver sus actividades obstaculizadas durante más tiempo del razonable por el hecho de que sus valores sean objeto de una oferta.

Los Estados miembros podrán establecer condiciones complementarias y disposiciones más estrictas que las previstas en la Directiva con vistas a regular las ofertas.

Autoridad supervisora y derecho aplicable

Los Estados miembros designarán a la autoridad o a las autoridades competentes para el control de una oferta. Las autoridades designadas serán autoridades públicas, asociaciones u organismos privados reconocidos por el Derecho nacional o por las autoridades públicas expresamente habilitadas a tal efecto por el Derecho nacional. Los Estados miembros informarán a la Comisión de dichas designaciones y velarán por que esas autoridades desempeñen sus funciones de forma imparcial e independiente de todas las partes de la oferta.

La autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la sociedad afectada cuando sus valores sean admitidos a negociación en un mercado regulado de dicho Estado miembro. En todos los demás casos (cuando los valores no sean admitidos o lo sean en varios mercados regulados o en otros casos…), la Directiva proporciona una respuesta que permite determinar a la autoridad competente para el control.

Los Estados miembros velarán por que todas las personas que trabajen o que hayan trabajado para las autoridades de control estén sometidas al secreto profesional.

Las autoridades de control y las autoridades encargadas de controlar los mercados de capitales cooperarán y se comunicarán la información pertinente. Esta información estará cubierta por el secreto profesional.

Protección de los accionistas minoritarios, oferta obligatoria y precio equitativo *

Cuando una persona física o jurídica posea, tras una adquisición hecha por sí misma o por personas que actúen de concierto * con ella, valores de una sociedad que le confieran un porcentaje determinado de derechos de voto en esta sociedad y le otorguen el control de esta sociedad, los Estados miembros velarán por que esta persona esté obligada a presentar una oferta con el fin de proteger a los accionistas minoritarios de dicha sociedad. Esta oferta se dirigirá con la mayor brevedad posible a todos los titulares de estos valores y se referirá a la totalidad de su participación a un precio equitativo.

La obligación de realizar tal oferta ya no será necesaria cuando el control se haya adquirido tras una oferta voluntaria a todos los titulares de valores para la totalidad de sus participaciones.

El porcentaje de derechos de voto que confiera el control y su método de cálculo se determinarán por la normativa del Estado miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social.

Los Estados miembros podrán autorizar a las autoridades superiores a modificar el precio equitativo en circunstancias y según criterios claramente determinados. Esta decisión deberá justificarse y hacerse pública.

El oferente podrá proponer distintas contrapartidas en valores, en efectivo o una combinación de los dos. Si no se trata de valores líquidos admitidos a negociación en un mercado regulado, la contraprestación deberá realizarse opcionalmente en efectivo.

Los Estados miembros podrán prever que deba ofrecerse en todos los casos una contraprestación, al menos como opción.

Información sobre la oferta

Los Estados miembros velarán por que se haga pública inmediatamente la decisión de presentar una oferta y se informe al respecto a la autoridad supervisora. Los Estados miembros velarán por que el oferente tenga la obligación de elaborar y publicar oportunamente un folleto de oferta que contenga la información necesaria para que los titulares de valores de la sociedad afectada puedan tomar una decisión respecto de la oferta con pleno conocimiento de causa.

La Directiva recoge las indicaciones mínimas que deberá contener el folleto. Entre ellas figuraría el contenido de la oferta, la identidad del oferente, la contraprestación ofrecida, el porcentaje o el número máximo y mínimo de valores que el oferente se compromete a adquirir; además de las condiciones a las cuales se supedita la oferta, las intenciones del oferente en cuanto a la prosecución de las actividades de la sociedad afectada, el plazo de aceptación o la legislación nacional que regulará el contrato.

Derechos de los trabajadores

La Directiva prevé la obligación de informar en detalle a los trabajadores o a los representantes de la sociedad objeto de la OPA. Extiende incluso esta obligación de informar o consultar a los trabajadores a la sociedad oferente. Por otra parte, indica expresamente que la información y la consulta a los trabajadores debe responder a las disposiciones nacionales pertinentes y a las distintas disposiciones comunitarias sobre este particular, como la Directiva 94/45/CE relativa a los comités de empresa europeos, la Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos y la Directiva 2002/14/CE sobre información y consulta de los trabajadores.

Plazo de aceptación

Los Estados miembros dispondrán que el plazo de aceptación de la oferta no pueda ser inferior a dos semanas ni superior a diez a partir de la fecha de publicación del folleto de oferta. En determinadas condiciones, los Estados miembros podrán prever una prolongación del período de diez semanas.

Obligaciones del órgano de administración o dirección de la sociedad afectada

Aunque la Directiva prevea un dispositivo a este respecto, deja a los Estados miembros la opción de aplicarlo o no. Por ejemplo, la norma que impone al consejo de administración de una sociedad objeto de una OPA alcanzar un acuerdo previo entre sus accionistas antes de adoptar medidas de defensa es facultativa para los Estados miembros. Estos últimos ofrecerán a las sociedades la opción de aplicar o no esta disposición.

Neutralización de las restricciones

La disposición relativa a la obligación de congelar los derechos especiales de los asociados a algunas acciones (derecho de voto múltiple, derecho de nombramiento, restricciones a la transferencia de valores) durante la OPA es también opcional para los Estados miembros. Estos últimos ofrecen a las sociedades la opción de aplicar o no esta disposición.

Otras normas en materia de ofertas

Los Estados miembros deben prever normas que regulen las ofertas al menos por lo que se refiere a:

  • la caducidad de las ofertas;
  • la revisión de las ofertas;
  • la competencia de ofertas;
  • la publicación de los resultados de las ofertas;
  • la irrevocabilidad de las ofertas y las condiciones autorizadas.

Retirada obligatoria

La Directiva prevé un dispositivo de retirada obligatoria que permite a un accionista mayoritario obligar a los accionistas minoritarios a venderle sus valores. En efecto, los Estados miembros deben velar por que un oferente pueda exigir a todos los titulares de valores restantes que le vendan sus valores a un precio justo.

Los Estados miembros establecerán este derecho en uno de los dos casos siguientes:

  • cuando el oferente posea valores que representen al menos el 90 % de los derechos de voto de la sociedad afectada. Los Estados miembros podrán fijar un límite máximo más elevado siempre que no sobrepase el 95 % del capital con derecho de voto ni el 95 % de los derechos de voto;
  • cuando, tras la aceptación de la oferta, haya adquirido o se haya comprometido firmemente mediante contrato a adquirir valores que representen al menos el 90 % del capital con derecho de voto de la sociedad prevista y el 90 % de los derechos de voto objeto de la oferta.

El oferente que desee ejercer el derecho a recurrir a la retirada obligatoria debe hacerlo en el plazo de tres meses después del final del período de aceptación de la oferta. Los Estados miembros velarán por que se garantice un precio justo.

Recompra obligatoria

La retirada obligatoria se combinará con un derecho de recompra obligatorio que, tras una OPA, permitirá a los accionistas minoritarios obligar a un accionista mayoritario a readquirir sus valores. En efecto, los Estados miembros deberán velar por que un titular de valores restantes pueda exigir al oferente que readquiera sus valores a un precio justo.

Transposición y cláusula de revisión

Los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer la Directiva (a más tardar el 20 de mayo de 2006). Una cláusula de revisión establece que la Comisión podrá proponer una adaptación del texto cinco años después del plazo de transposición a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación.

En este contexto, los Estados miembros proporcionarán cada año a la Comisión información sobre las OPA que se hayan realizado sobre sociedades cuyos valores son negociables en sus mercados regulados.

Contexto

La presente Directiva constituye un elemento esencial del Plan de acción en materia de servicios financieros. El Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) la incluyó, además, entre las prioridades con vistas a la integración de los mercados financieros europeos de aquí a 2005.

En julio de 2001 y tras doce años de negociación, el Parlamento Europeo rechazó la anterior propuesta de Directiva sobre las OPA. Un procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo de Ministros permitió alcanzar un compromiso. No obstante, después surgieron divisiones en el Parlamento y, finalmente, con igualdad de votos a favor y en contra, éste rechazó el texto de compromiso. Este rechazo se debió esencialmente a tres elementos:

  • el recelo ante la obligación impuesta a los directivos de una sociedad objeto de una oferta de obtener la autorización de los accionistas antes de emprender cualquier acción defensiva contra dicha oferta;
  • la combinación de este deber «de neutralidad» de los directivos con la imposibilidad de que la sociedad objeto de una OPA pueda defenderse y, por consiguiente, el temor a abrir las puertas de las sociedades europeas a las americanas, o simplemente a las de otros Estados miembros;
  • la insuficiente protección ofrecida por la Directiva a los empleados de las sociedades en caso de oferta pública de adquisición.

A raíz del rechazo de la propuesta, la Comisión pidió al Grupo de expertos de alto nivel en Derecho de sociedades, presidido por Jaap Winter, que presentase propuestas para responder a los problemas planteados por el Parlamento Europeo. La Directiva actual tiene ampliamente en cuenta las recomendaciones formuladas por este Grupo en su Informe sobre cuestiones relativas a las OPA (DE ) (EN ) (FR ) (pdf), publicado en enero de 2002.

Términos clave del acto
  • Ofertas públicas de adquisición (OPA): oferta pública dirigida a los titulares de valores de una sociedad (con excepción de las ofertas realizadas por la propia sociedad afectada) con vistas a adquirir la totalidad o parte de dichos valores, sea la oferta obligatoria o voluntaria, siempre y cuando tenga por objetivo o sea consecuencia de la toma de control de la sociedad afectada conforme al Derecho nacional.
  • Valores: los valores mobiliarios que confieran derechos de voto en una sociedad.
  • Sociedad afectada: la sociedad cuyos valores sean objeto de una oferta.
  • Oferente: toda persona física o jurídica, de Derecho público o privado, que presente una oferta.
  • Precio equitativo: se considera precio equitativo el precio más elevado pagado por los mismos valores por el oferente, o por las personas que actúan de concierto con él, durante un período fijado por los Estados miembros de seis meses como mínimo a doce meses como máximo antes de la oferta. Si, después de la publicación de la oferta y antes de la expiración del período de aceptación de ésta, el oferente o toda persona que actúa de concierto con él adquiere valores a un precio superior al precio de la oferta, el oferente elevará su oferta a un precio al menos igual al precio más elevado pagado por los valores así adquiridos.
  • Personas que actúan de concierto: las personas físicas o jurídicas que colaboren con el oferente o con la sociedad afectada en virtud de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, verbal o escrito, con el fin de obtener el control de la compañía afectada o impedir el éxito de la oferta.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Directiva 2004/25/CE [adopción: codecisión COD/2002/0240]20.5.200420.5.2006DO L 142 de 30.4.2004.
Última modificación: 11.06.2004
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