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Auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas

Mediante el establecimiento de normas relativas a la armonización de la función de auditor legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas, la presente Directiva se propone mejorar la credibilidad de la información financiera y reforzar la protección de la Unión Europea (UE) contra los escándalos financieros. Contiene, entre otras cosas, disposiciones relativas al control cautelar público, la obligación de garantizar la calidad externa, los deberes de los auditores legales, la utilización de normas internacionales y los principios de independencia de los auditores. Además, la Directiva establece las bases para una cooperación entre las entidades reguladoras de la UE y las de terceros países.

ACTO

Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo [Diario Oficial L 157 de 9.6.2006] [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

La presente Directiva tiene por objeto reforzar y armonizar la función de la auditoría legal en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Clarifica asimismo las misiones de los auditores legales y establece principios éticos con el fin de garantizar la objetividad y la independencia de éstos.

Autorización, formación continua y reconocimiento mutuo

La auditoría legal sólo la pueden realizar los auditores legales * o las sociedades de auditoría * autorizados por el Estado miembro que la prescribe.

La presente Directiva actualiza el programa de estudios de los auditores legales. Un auditor no puede ser autorizado para efectuar la auditoría legal hasta haber alcanzado el nivel de acceso a la universidad, o un nivel equivalente, y haber seguido posteriormente un programa de enseñanza teórica, haber realizado formación práctica y haber superado con éxito un examen de aptitud profesional.

Las cualificaciones en materia de auditoría obtenidas por los auditores legales sobre la base de la presente Directiva deberían ser consideradas equivalentes por los Estados miembros. Sin embargo, los conocimientos de los auditores en asuntos tales como el Derecho de sociedades, el Derecho fiscal y el Derecho social deberían probarse antes de conceder la autorización a un auditor legal de otro Estado miembro.

Los acuerdos reguladores de los Estados miembros respetarán el principio de reglamentación y supervisión en el Estado miembro de origen en el que está autorizado el auditor legal o la sociedad de auditoría y donde la entidad auditada tiene su domicilio social.

Registro público

Los Estados miembros deben garantizar que todos los auditores legales y las sociedades de auditoría autorizados sean inscritos en un registro accesible al público que contenga la información esencial sobre los mismos. También se asegurarán de que los auditores legales y las sociedades de auditoría notifiquen sin retraso injustificado a las autoridades competentes responsables del registro público cualquier modificación de la información que figure en éste.

Ética profesional, independencia, objetividad, confidencialidad y secreto profesional

Todos los auditores legales y las sociedades de auditoría están obligados a respetar unos principios de ética profesional que incluirán, al menos, su función de interés público, su integridad y objetividad, así como su competencia profesional y diligencia debida.

Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando se realice una auditoría legal, el auditor legal y/o la sociedad de auditoría sean independientes de la entidad auditada y no participen en el proceso de toma de decisiones de la misma. Una auditoría legal no podrá realizarse si existe alguna relación financiera, comercial, laboral o de otro tipo entre el auditor legal, la sociedad de auditoría o la red y la entidad auditada.

Toda la información y los documentos a los que tenga acceso el auditor legal o la sociedad de auditoría al realizar una auditoría legal deben estar protegidos por normas adecuadas de confidencialidad y secreto profesional.

Normas e informe de auditoría

La Comisión podrá decidir sobre la aplicabilidad de las normas internacionales de auditoría * en la Unión Europea (UE). Los Estados miembros exigirán que los auditores legales y las sociedades de auditoría efectúen la auditoría legal de acuerdo con las normas de auditoría internacionales adoptadas por la Comisión.

Cuando una sociedad de auditoría se encarga de la auditoría legal, el informe de auditoría debe ser firmado, al menos, por el auditor legal que efectúe la auditoría legal en nombre de dicha sociedad.

Control de calidad

Los Estados miembros están obligados a organizar un sistema de control de calidad de la auditoría legal que debe ajustarse a los principios definidos por la presente Directiva, entre los cuales hay que citar la independencia de los supervisores, y disponer de una financiación segura y de los recursos oportunos, así como la selección de las personas que realicen los controles de calidad para tareas específicas de controles de calidad.

Investigación y sanciones

Se ha de garantizar la existencia de sistemas efectivos de investigación y sanciones para detectar, corregir y prevenir la ejecución inadecuada de la auditoría legal.

Supervisión pública y acuerdos reguladores entre Estados miembros

Los Estados miembros tienen la obligación de organizar un sistema efectivo de supervisión pública para auditores legales y sociedades de auditoría. Todos los auditores legales y sociedades de auditoría están sujetos a supervisión pública, que estará regida por personas ajenas a la profesión * que posean buenos conocimientos de las áreas pertinentes para la auditoría legal.

Los acuerdos reguladores de los Estados miembros respetan el principio de la competencia del Estado miembro de origen en el que está autorizado el auditor legal o la sociedad de auditoría y donde la entidad auditada tiene su domicilio social.

Auditoría legal de las entidades de interés público

Cada entidad de interés público debe contar con un Comité de auditoría, cuyas funciones son principalmente las siguientes:

  • supervisar el proceso de presentación de la información financiera;
  • supervisar la eficacia del control interno de la empresa, la auditoría interna cuando sea pertinente, y los sistemas de gestión de riesgos;
  • supervisar la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas;
  • revisar y supervisar la independencia del auditor legal o la sociedad de auditoría y, en especial, la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada.

Aspectos internacionales

Las autoridades competentes de un Estado miembro pueden autorizar a un auditor de un tercer país como auditor legal si esta persona presenta pruebas de que reúne condiciones equivalentes a las prescritas en la presente Directiva. Las autoridades competentes de un Estado miembro inscribirán en un registro a todos los auditores y entidades de auditoría de terceros países que presenten un informe de auditoría referente a las cuentas anuales o consolidadas de una empresa constituida fuera de la UE y cuyos valores negociables estén admitidos a cotización en un mercado regulado de ese Estado miembro.

Los Estados miembros pueden permitir el envío a las autoridades competentes de un tercer país de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría autorizados por ellos de acuerdo con las condiciones fijadas por la presente Directiva.

Términos clave del acto

  • Auditor legal: persona física autorizada con arreglo a la presente Directiva por las autoridades competentes de un Estado miembro para realizar auditorías legales.
  • Sociedad de auditoría: una persona jurídica o cualquier otra entidad, independientemente de su forma jurídica, autorizada con arreglo a la presente Directiva por las autoridades competentes de un Estado miembro para realizar auditorías legales.
  • Persona ajena a la profesión: toda persona física que, al menos en los tres años anteriores a su participación en la gobernanza del sistema de supervisión público, no ha realizado auditorías legales, no ha disfrutado de derecho de voto en una sociedad de auditoría, no ha sido miembro de un órgano administrativo o de gestión de una sociedad de auditoría y no ha sido empleada ni ha estado asociada en manera alguna con una sociedad de auditoría.
  • Normas internacionales de auditoría: las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y declaraciones y normas relacionadas siempre que sean pertinentes para la auditoría legal.
  • Normas internacionales de contabilidad: las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e interpretaciones correspondientes (las interpretaciones SIC-IFRIC o CPI-CINIIF), las modificaciones ulteriores a esas normas e interpretaciones correspondientes, y las normas futuras e interpretaciones correspondientes publicadas o adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB o CNIC).

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2006/43/CE [adopción: codecisión COD/2004/0065]

29.6.200629.6.2008DO L 157 de 9.6.2006
Acto(s) modificativo(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2008/30/CE [adopción: codecisión COD/2006/0285]

21.3.2008-DO L 81 de 20.3.2008

ACTOS CONEXOS

Recomendación de la Comisión de 5 de junio de 2008 sobre la limitación de la responsabilidad civil de los auditores legales y las sociedades de auditoría [notificada con el número C(2008) 2274 – Diario Oficial L 162 de 21.6.2008].
La Comisión constata que la creciente volatilidad de la capitalización bursátil ha incrementado considerablemente el riesgo vinculado a la responsabilidad de los auditores y sociedades que realizan la auditoría legal de las cuentas de las sociedades cotizadas, al tiempo que se han reducido las posibilidades de obtener coberturas de seguro frente a este tipo de riesgos. La Comisión considera que esta situación puede acabar disuadiendo a los auditores a participar en el mercado internacional de auditoría de sociedades cotizadas en la Comunidad y reducir las probabilidades de que surjan nuevos actores en este sector. Por consiguiente, la Comisión recomienda limitar la responsabilidad civil de los auditores y sociedades de auditoría, a excepción de los casos en que se incumplan intencionadamente las obligaciones profesionales. Dado que los sistemas de responsabilidad civil de los Estados miembros varían notablemente entre sí, la Comisión considera conveniente que cada Estado miembro pueda elegir el método de limitación que más se ajuste a sus circunstancias específicas. Se invita a los Estados miembros a informar a la Comisión de las medidas adoptadas a más tardar el 5 de junio de 2010. No obstante, la Comisión especifica que la limitación de la responsabilidad de los auditores no deberá impedir que las partes perjudicadas obtengan una justa compensación.

Última modificación: 12.12.2008
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