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Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Tratado CECA

El Tratado CECA, firmado en París en 1951, reúne a Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux en una Comunidad que tiene por objeto organizar la libertad de circulación del carbón y del acero y el libre acceso a las fuentes de producción. Además, se crea una Alta Autoridad común que supervisa el mercado y el respeto de las normas de competencia y vela por la transparencia de los precios. Este Tratado está en el origen de las instituciones tal y como hoy las conocemos.

ORIGEN

La primera organización comunitaria nació inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial en un momento en el que era imperiosa la necesidad de reconstruir económicamente el continente europeo y garantizar una paz duradera.

De este modo surgió la idea de poner en común la producción de acero y carbón de Francia y Alemania y de crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La lógica que inspiró tal decisión era política además de económica, ya que ambas materias primas eran fundamentales para la industria y la potencia de los dos países. El objetivo político subyacente era reforzar la solidaridad franco alemana, alejar el fantasma de la guerra y abrir la vía de la integración europea.

El Ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Robert Schuman, propuso, el 9 de mayo de 1950, en su famosa declaración, poner la producción francogermana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común en el marco de una organización abierta a la participación de otros países europeos.

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos aceptaron el reto y comenzaron a negociar un Tratado, en contra de la voluntad inicial de Jean Monnet, alto funcionario francés e inspirador de la idea, partidario de un mecanismo más simple y tecnócrata. Sin embargo, los seis Estados fundadores no estaban dispuestos a aceptar un simple esbozo y se pusieron de acuerdo sobre una centena de artículos que formaban un conjunto complejo.

Finalmente, el 18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que entró en vigor el 23 de julio de 1952 por un periodo limitado de 50 años. El Tratado expiró el 23 de julio de 2002.

El mercado común contemplado en el Tratado se abrió el 10 de febrero de 1953 para el carbón, el mineral de hierro y la chatarra y el 1 de mayo de 1953 para el acero.

OBJETIVOS

El objetivo de este Tratado es contribuir, gracias al mercado común del carbón y el acero, a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora del nivel de vida, tal y como se afirma en el artículo dos del Tratado. Las instituciones deben velar por el abastecimiento regular del mercado común garantizando un acceso equitativo a los medios de producción, velando por el establecimiento de los precios más bajos y por la mejora de las condiciones laborales. A todo ello debe unirse el desarrollo de los intercambios internacionales y la modernización de la producción.

De cara al establecimiento del mercado común, el Tratado instaura la libre circulación de productos, sin derechos de aduana ni impuestos. Prohíbe las medidas o prácticas discriminatorias, las subvenciones, las ayudas o las cargas especiales del Estado y las prácticas restrictivas.

ESTRUCTURA

El Tratado se divide en cuatro títulos. El primero se refiere a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el segundo a las instituciones de la Comunidad, el tercero a las disposiciones económicas y sociales y el cuarto a las disposiciones generales. Incluye también dos protocolos, uno sobre el Tribunal de Justicia y otro sobre las relaciones de la CECA con el Consejo de Europa. Incluye también un convenio que recoge las disposiciones transitorias y que se refiere a la aplicación del Tratado, a las relaciones con los terceros países y a las medidas generales de protección.

INSTITUCIONES

El Tratado CECA está en el origen de las instituciones tal y como hoy las conocemos. Establece una Alta Autoridad, una Asamblea, un Consejo de Ministros y un Tribunal de Justicia. Se dota a la Comunidad de personalidad jurídica.

La Alta Autoridad es un órgano ejecutivo, colegiado e independiente, y su tarea es garantizar la realización de los objetivos fijados por el Tratado y actuar en el interés general de la Comunidad. Está formada por nueve miembros (no más de dos por nacionalidad) nombrados por seis años. Se trata de una verdadera instancia supranacional dotada de un poder de decisión. Vela por la modernización de la producción y por la mejora de su calidad, por el suministro de productos en condiciones idénticas, por el desarrollo de la exportación común y por la mejora de las condiciones de trabajo en las industrias del carbón y del acero. La Alta Autoridad adopta decisiones, formula recomendaciones y emite dictámenes y cuenta con la asistencia de un Comité Consultivo compuesto de representantes de los productores, los trabajadores, los consumidores y los comerciantes.

La Asamblea está formada por 78 diputados, delegados de los Parlamentos nacionales. El número de escaños es de 18 para Alemania, Francia e Italia, 10 para Bélgica y los Países Bajos y 4 para Luxemburgo. El Tratado confiere a esta Asamblea un poder de control.

El Consejo comprende a seis representantes delegados de los Gobiernos nacionales. Todos los miembros se suceden en la presidencia del Consejo por un periodo de tres meses. La función del Consejo es armonizar la actuación de la Alta Autoridad y la política económica general de los Gobiernos. Las decisiones importantes adoptadas por la Alta Autoridad necesitan su dictamen favorable.

El Tribunal de Justicia está formado por siete jueces nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por seis años. Garantiza el respeto del derecho en la interpretación y la aplicación del Tratado.

MISIONES

El Tratado prevé la intervención de la Alta Autoridad sobre la base de la información que las empresas están obligadas a suministrarle y sobre las previsiones para la producción de acero y carbón. Para alcanzar sus objetivos, la CECA dispone de medios de información y poderes de consulta y de comprobación. En caso de que las empresas no se sometan a esos poderes, la Alta Autoridad dispone de medios de sanción, como las multas (máximo del 1 % de la cifra de negocios anual) y las multas coercitivas (5 % del volumen de negocios diario medio por día de retraso).

Sobre la base de esta información, se hacen algunas previsiones para orientar la acción de los interesados y determinar la actuación de la CECA. La CECA realiza por su parte estudios sobre la evolución de los precios y los mercados para completar la información recibida de las empresas y asociaciones.

La financiación de la CECA se hace a partir de exacciones sobre la producción de carbón y acero y contrayendo empréstitos. Las exacciones deben servir para cubrir los gastos administrativos, subvencionar la reconversión y financiar la investigación técnica y económica, que debe fomentarse. Los empréstitos solo pueden utilizarse para conceder préstamos.

Por lo que se refiere a la inversión, al margen de los préstamos, la CECA puede también conceder su garantía a los empréstitos concluidos por las empresas con terceros. Por otra parte, la CECA dispone de un poder de orientación sobre las inversiones que no financia.

Por lo que se refiere a la producción, la CECA desempeña principalmente un papel indirecto, subsidiario, a través de la cooperación con los Gobiernos y las intervenciones en materia de precios y de política comercial. Sin embargo, en caso de reducción de la demanda o escasez de la oferta, puede intervenir directamente, imponiendo cuotas para una limitación organizada de la producción o, en caso de escasez, fijando las prioridades de utilización, la distribución de los recursos y las exportaciones en los programas de fabricación.

En materia de fijación de los precios, el Tratado prohíbe las discriminaciones ejercidas en función del precio, la competencia desleal y las prácticas discriminatorias que consisten en aplicar condiciones desiguales a transacciones comparables. Estas normas son también válidas en el ámbito del transporte.

Además, en algunas circunstancias, como los casos de crisis manifiesta, la Alta Autoridad puede fijar los precios, máximos o mínimos, dentro de la Comunidad o los aplicados en las transacciones con el exterior.

En aras del respeto a la libre competencia, la Alta Autoridad debe ser informada de todas las acciones de los Estados miembros que puedan afectar a la misma. Además el Tratado aborda de forma específica los tres casos que pueden falsear la competencia: los acuerdos, las concentraciones y los abusos de posición dominante. Los acuerdos o asociaciones de empresas, pueden ser cancelados por la Alta Autoridad si impiden, limitan o falsean directa o indirectamente el juego de la competencia.

Los salarios y los movimientos de mano de obra se abordan en otro capítulo del Tratado. Aunque los salarios siguen siendo competencia nacional, la Alta Autoridad puede intervenir en caso de salarios anormalmente bajos y de reducciones salariales, bajo determinadas condiciones especificadas por el Tratado.

La Alta Autoridad puede conceder ayudas financieras a programas cuyo objetivo sea atenuar los efectos negativos de los avances técnicos introducidos en la industria sobre el empleo (indemnizaciones, subsidios y rehabilitación profesional).

Por lo que se refiere a la movilidad de la mano de obra cualificada, el Tratado obliga a los Estados a eliminar las restricciones al empleo por motivos de nacionalidad. Para el resto de las categorías de trabajadores, y en caso de escasez de este tipo de mano de obra, los Estados deben efectuar las modificaciones necesarias en el ámbito de la inmigración para facilitar la contratación de trabajadores de otras nacionalidades.

El Tratado aborda también la política comercial de la CECA con los terceros países. Si bien prevalece la competencia nacional en este ámbito, la Comunidad dispone de algunas prerrogativas, como la fijación de los tipos máximos y mínimos de los derechos de aduana, el control de la concesión de licencias de exportación e importación o el derecho a ser informada sobre los acuerdos comerciales de los sectores del carbón y del acero.

Por otro lado, existe un ámbito en el que la competencia de la Alta Autoridad es predominante. Se trata de los casos de dumping, de la utilización de medios de competencia contrarios al Tratado por parte de empresas no sometidas a la jurisdicción de la Comunidad o de un incremento importante de las importaciones que pueda poner en peligro la producción comunitaria.

RESULTADOS

El balance de la CECA es positivo. La Comunidad supo hacer frente a las crisis, garantizando un desarrollo equilibrado de la producción y la distribución de los recursos y facilitando las reestructuraciones y reconversiones industriales necesarias. La producción de acero se cuadruplicó con relación a los años 50 y el acero es mejor, más barato y más limpio. Las cifras de producción de carbón, en cambió, se han reducido, al igual que las del empleo de este sector, aunque se han alcanzado niveles elevados de desarrollo tecnológico, de seguridad y de calidad medioambiental. Los sistemas CECA de gestión social (jubilación anticipada, indemnizaciones transitorias, ayudas a la movilidad, formación, etc.) fueron de gran importancia a la hora de hacer frente a las crisis de estos sectores.

EXPIRACIÓN DEL TRATADO CECA

Cincuenta años después de su entrada en vigor, el Tratado expiró el 23 de julio de 2002 tal y como estaba previsto. Antes de su derogación fue modificado en sucesivas ocasiones por los siguientes Tratados: el Tratado de fusión (Bruselas 1965), los Tratados por los que se modifican determinadas disposiciones financieras (1970 y 1975), el Tratado sobre Groenlandia (1984), el Tratado de la Unión Europea (TUE, Maastricht, 1992), el Acta Única Europea (1986), el Tratado de Ámsterdam (1997), el Tratado de Niza (2001) y los Tratados de Adhesión (1972, 1979, 1985 y 1994).

A principios de los años 90 y tras un amplio debate se consideró que, frente a la renovación del Tratado o a una solución de compromiso, su expiración era la solución más adecuada. Así pues, la Comisión propuso una transición gradual de estos dos sectores al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, cuyas normas se aplican al comercio del carbón y del acero desde la derogación del Tratado CECA.

En anexo al Tratado de Niza figura un protocolo relativo a las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y a los fondos de investigación del carbón y del acero. Dicho protocolo establece la transferencia del patrimonio activo y pasivo de la CECA a la Comunidad Europea. El valor neto de este patrimonio se destina a la investigación en los sectores vinculados a la industria del carbón y del acero.

Varias decisiones de febrero de 2003 contienen las medidas necesarias para la aplicación de las disposiciones del protocolo, las directrices financieras y las disposiciones relativas a los fondos de investigación del carbón y del acero.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TRATADO

El presente Tratado fue modificado por los siguientes Tratados:

  • Tratado de Bruselas, denominado «Tratado de fusión» (1965)
    Este Tratado sustituye a los tres Consejos de Ministros (CEE, CECA y Euratom) por una parte y a las dos Comisiones (CEE y Euratom) y a la Alta Autoridad (CECA), por otra, por un Consejo y una Comisión únicos. A esta fusión administrativa se añade la constitución de un único presupuesto ordinario.
  • Tratado por el que se modifican algunas disposiciones presupuestarias (1970)
    Este Tratado sustituye al sistema de financiación de las Comunidades mediante contribuciones de los Estados miembros por el de recursos propios. Asimismo establece un presupuesto único para las Comunidades.
  • Tratado por el que se modifican algunas disposiciones financieras (1975)
    Este Tratado otorga al Parlamento Europeo el derecho a rechazar el presupuesto y a aprobar la gestión financiera de la Comisión en la ejecución del mismo. Instituye un único Tribunal de Cuentas, organismo de control contable y gestión financiera, para las tres Comunidades.
  • Tratado sobre Groenlandia (1984)
    Este Tratado pone fin a la aplicación de los Tratados en el territorio de Groenlandia y establece relaciones especiales entre la Comunidad Europea y Groenlandia, modeladas sobre el régimen aplicable a los territorios de ultramar.
  • Acta Única Europea (1986)
    Acta Única Europea constituye la primera gran reforma de los Tratados. Introduce las votaciones por mayoría cualificada para algunos casos en el Consejo, aumenta el papel del Parlamento Europeo (procedimiento de cooperación) y amplía las competencias comunitarias. Introduce el objetivo del mercado interior en el horizonte de 1992.
  • Tratado sobre la Unión Europea, denominado el «Tratado de Maastricht» (1992)
    El Tratado de Maastricht agrupa bajo un mismo techo a la Unión Europea, a las tres Comunidades (Euratom, CECA y CEE) y a las cooperaciones institucionalizadas en materia de política exterior, defensa, interior y justicia. La CEE pasa a ser la CE. Además, este Tratado crea la unión económica y monetaria, establece nuevas políticas comunitarias (educación y cultura) y desarrolla las competencias del Parlamento Europeo (procedimiento de codecisión).
  • Tratado de Ámsterdam (1997)
    El Tratado de Amsterdam permite el aumento de las competencias de la Unión con la creación de una política comunitaria del empleo y la comunitarización de una parte de las materias anteriormente incluidas en la cooperación en materia de justicia e interior; recoge medidas destinadas a acercar la Unión a sus ciudadanos e introduce la posibilidad de cooperaciones más estrechas entre algunos Estados miembros (cooperaciones reforzadas). Asimismo extiende el procedimiento de codecisión y el voto por mayoría cualificada, e introduce una simplificación y una renumeración de los artículos de los Tratados.
  • Tratado de Niza (2001)
    El Tratado de Niza aborda fundamentalmente temas pendientes del Tratado de Ámsterdam, es decir, los problemas institucionales vinculados a la ampliación que no se regularon en 1997. Se trata de la composición de la Comisión, de la ponderación de votos en el Consejo y de la ampliación de los casos de voto por mayoría cualificada. Simplifica el recurso al procedimiento de cooperación reforzado y vuelve más eficaz el sistema jurisdiccional.
  • Tratado de Lisboa (2007)
    El Tratado de Lisboa introduce importantes reformas. Pone fin a la Comunidad Europea, suprime la antigua estructura de la UE y establece un nuevo reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros. Asimismo, se introducen modificaciones en el modo de funcionamiento de las instituciones europeas y en los procesos de toma de decisiones. El objetivo es mejorar el proceso decisorio en una Unión ampliada que consta de 27 Estados miembros. El Tratado de Lisboa supone además la reforma de varias políticas interiores y exteriores de la UE. En particular, dota a las instituciones de la capacidad de legislar y les otorga competencias en nuevos ámbitos políticos.

El presente Tratado fue modificado también por los siguientes Tratados de adhesión:

  • Tratado de adhesión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1972), que lleva el número de Estados miembros de la Comunidad Europea de seis a nueve.
  • Tratado de adhesión de Grecia (1979)
  • Tratado de adhesión de España y Portugal (1985), que lleva el número de Estados miembros de la Comunidad Europea de diez a doce.
  • Tratado de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (1994), que lleva el número de Estados miembros de la Comunidad Europea a quince.
  • Tratado de adhesión de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia (2003). Este Tratado eleva el número de Estados miembros de la Comunidad Europea de quince a veinticinco.
  • Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía (2005). Este Tratado eleva el número de Estados miembros de la Comunidad Europea de veinticinco a veintisiete.

REFERENCIAS

TratadosFecha de firmaEntrada en vigorDiario Oficial
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero18.4.195123.7.1952
Expirado el 23.7.2002
No publicado
Tratado de fusión8.4.19651.7.1967DO 152 de 13.7.1967
Tratado por el que se modifican algunas disposiciones presupuestarias22.4.19701.1.1971DO L 2 de 2.1.1971
Tratado por el que se modifican algunas disposiciones financieras22.7.19751.6.1977DO L 359 de 31.12.1977
Tratado sobre Groenlandia13.3.19841.1.1985DO L 29 de 1.2.1985
Acta Única Europea28.2.19861.7.1987DO L 169 de 29.6.1987
Tratado sobre la Unión Europea (Tratado de Maastricht)7.2.19921.11.1993DO C 191 de 29.7.1992
Tratado de Ámsterdam2.10.19971.5.1999DO C 340 de 10.11.1997
Tratado de Niza26.2.20011.2.2003DO C 80 de 10.3.2001
Tratado de Lisboa13.12.20071.12.2009DO C 306 de 17.12.2007
Tratados de adhesiónFecha de firmaEntrada en vigorDiario Oficial
Tratado de adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca22.1.19721.1.1973DO L 73 de 27.3.1972
Tratado de adhesión de Grecia28.5.19791.1.1981DO L 291 de 19.11.1979
Tratado de adhesión de España y Portugal12.6.19851.1.1986DO L 302 de 15.11.1985
Tratado de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia24.6.19941.1.1995DO C 241 de 29.8.1994
Tratado de adhesión de los diez nuevos Estados miembros16.4.20031.5.2004DO L 236 de 23.9.2003 
Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía25.4.20051.1.2007 DO L 157 de 21.6.2005

Estas fichas no comprometen jurídicamente a la Comisión Europea, no pretenden ser exhaustivas y no tienen valor interpretativo del texto del Tratado.

Última modificación: 15.10.2010
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