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Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

INTRODUCCIÓN

El tratado de Lisboa quiere reforzar la creación de un espacio europeo común donde las personas circulen libremente y disfruten de una protección judicial eficaz. La creación de dicho espacio repercutirá sobre ámbitos donde las expectativas de los ciudadanos son altas, como la inmigración, la lucha contra la delincuencia organizada o el terrorismo. Todos estos problemas poseen una importante dimensión transfronteriza y requieren, en consecuencia, una cooperación eficaz a escala europea.

Por lo tanto, el Tratado de Lisboa reparte los temas asociados al espacio de libertad, seguridad y justicia en cuatro ámbitos:

  • las políticas relativas al control fronterizo, el asilo y la inmigración;
  • la cooperación judicial en materia civil;
  • la cooperación judicial en materia penal;
  • la cooperación policial.

Los temas asociados a la cooperación judicial penal y la cooperación policial pertenecían antes al 3er pilar de la Unión Europea (UE), que se regía por la cooperación intergubernamental. En el marco del 3er pilar, las instituciones europeas no poseían competencias y, por lo tanto, no podían adoptar ningún reglamento ni directiva. El Tratado de Lisboa pone fin a esta distinción, y en lo sucesivo permite a la UE intervenir en todos los temas vinculados al espacio de libertad, seguridad y justicia.

CONTROL FRONTERIZO, ASILO E INMIGRACIÓN

El Tratado de Lisboa atribuye nuevas competencias a las instituciones europeas, que en lo sucesivo podrán adoptar medidas dirigidas a:

  • Aplicar una gestión común de las fronteras exteriores de la UE, sobre todo mediante el refuerzo de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, denominada Frontex (EN).
  • Crear un sistema europeo común de asilo. Dicho sistema se basará en un estatuto europeo uniforme y en procedimientos comunes de concesión y de retirada del derecho de asilo.
  • Establecer normas, condiciones y derechos en materia de inmigración legal.

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

El Tratado de Lisboa autoriza a las instituciones europeas a adoptar nuevas medidas relativas a:

  • La aplicación del principio de reconocimiento mutuo: cada sistema judicial debe reconocer como válidas y aplicables las decisiones aprobadas por los sistemas jurídicos de otros Estados miembros.
  • El acceso efectivo a la justicia;
  • El desarrollo de métodos de resolución de litigios alternativos;
  • La formación de los magistrados y el personal de justicia.

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL

Con la eliminación del 3er pilar de la UE, toda la cooperación judicial penal pasa a ser un ámbito en el que las instituciones europeas pueden legislar.

Concretamente, las instituciones europeas pueden en adelante establecer reglas mínimas en lo que respecta a la definición y sanción de las infracciones penales más graves. Además, la UE también puede intervenir en la definición de normas comunes sobre el desarrollo del procedimiento penal, por ejemplo en lo que respecta a la admisibilidad de pruebas o el derecho de las personas.

Por otro lado, el Tratado de Lisboa pretende reforzar el papel de Eurojust (EN) en la UE. El objetivo de Eurojust es contribuir a la coordinación de las investigaciones y enjuiciamientos entre las autoridades competentes de los Estados miembros. En la actualidad, Eurojust tan solo puede formular propuestas: puede solicitar a las autoridades nacionales que lleven a cabo investigaciones o enjuiciamientos. Ahora el Tratado de Lisboa ofrece a las instituciones europeas la posibilidad de ampliar las misiones y poderes de Eurojust mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Es más, el Tratado de Lisboa plantea la posible creación de una verdadera fiscalía europea a partir de Eurojust. Dicha fiscalía poseería poderes importantes, ya que podría investigar, perseguir y enjuiciar a los autores de los delitos. Además, la fiscalía europea podría ejercer por sí sola la acción pública ante las competencias judiciales de los Estados miembros.

No obstante, el Tratado de Lisboa todavía no instituye la fiscalía europea. Tan solo autoriza al Consejo a que adopte por unanimidad un reglamento en este sentido. Si el Consejo no logra la unanimidad, nueve Estados miembros como mínimo tendrán la posibilidad de instituir una fiscalía europea entre ellos en el marco de una cooperación reforzada.

COOPERACIÓN POLICIAL

Al igual que en el caso de la cooperación judicial penal, la cooperación policial se beneficia de la eliminación del 3er pilar de la UE. En adelante, las instituciones europeas podrán adoptar reglamentos y directivas en este ámbito.

De este modo, el procedimiento legislativo ordinario se amplía a todos los aspectos no operativos de la cooperación policial. En cambio, la cooperación operativa se enmarcará en un procedimiento legislativo especial que requerirá la unanimidad del Consejo. Sin embargo, el Tratado de Lisboa prevé también la posibilidad de poner en marcha cooperaciones reforzadas si el Consejo no alcanza la unanimidad.

Por otro lado, el Tratado de Lisboa prevé el refuerzo progresivo de la Oficina Europea de Policía (Europol) (EN). Efectivamente, al igual que en el caso de Eurojust, el Tratado de Lisboa autoriza al Consejo y al Parlamento para que en adelante amplíen las misiones y poderes de Europol en el marco del procedimiento legislativo ordinario. En la actualidad, el papel de Europol se limita a facilitar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros. Según el Tratado de Lisboa, entre sus nuevas tareas se podrían incluir la coordinación, organización y realización de acciones operativas.

EXENCIONES

El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca disfrutan de un régimen derogatorio que engloba todas las medidas aprobadas en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia. Así pues, estos tres países pueden abstenerse de participar en los procedimientos legislativos en este campo. En tal caso, las medidas adoptadas no son vinculantes para ellos.

Además, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca pueden acogerse a dos tipos de cláusulas derogatorias:

  • Una cláusula “opt-in” que permite a cada uno de estos países participar, en casos concretos, en el procedimiento de adopción de una medida o en la aplicación de una medida ya aprobada. Cuando esto es así, dichas medidas son vinculantes para ellos en la misma medida que para los otros Estados miembros.
  • Una cláusula “opt-out” que les permite abstenerse de aplicar una medida en cualquier momento.
Última modificación: 09.04.2010
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