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Cláusulas pasarela, cláusulas de freno y cláusulas de acelerador

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Lisboa ha ampliado el procedimiento legislativo ordinario y la votación por mayoría cualificada a un gran número de ámbitos políticos. El objetivo es contribuir a la construcción europea facilitando la toma de decisiones: en el procedimiento legislativo ordinario, los Estados miembros no poseen derecho de veto y las posibilidades de llegar a un acuerdo son mayores.

Sin embargo, los Estados miembros son poco proclives a abandonar parte de su poder de oposición en determinados ámbitos políticos. Estos ámbitos son los considerados los más «sensibles», en los que el peso de las soberanías nacionales es importante. Se trata, por ejemplo, de la política exterior, de la inmigración o de la Justicia. En dichos ámbitos suelen conservarse procedimientos legislativos especiales o el voto por unanimidad.

Además, el Tratado de Lisboa flexibiliza esta rigidez procesal introduciendo varios tipos de cláusulas institucionales. Estas cláusulas ofrecen mecanismos institucionales distintos aunque persiguen un objetivo común: facilitar la construcción europea en los ámbitos «sensibles» si los Estados miembros lo desean.

De este modo, el Tratado de Lisboa introduce tres tipos de cláusulas:

  • las cláusulas «pasarela»;
  • las cláusulas «de freno»;
  • las cláusulas «de acelerador».

CLÁUSULAS PASARELA

Las cláusulas pasarela permiten derogar el procedimiento legislativo inicialmente previsto por los tratados. Concretamente y en determinadas condiciones, permiten:

  • «pasar» de un procedimiento legislativo especial al procedimiento legislativo ordinario para adoptar un acto en un ámbito determinado;
  • «pasar» de una votación por unanimidad a una votación por mayoría cualificada para adoptar un acto en un ámbito determinado.

La activación de una cláusula pasarela siempre depende de una decisión adoptada por unanimidad por el Consejo o por el Consejo Europeo. De este modo, en todos los casos, los Estados miembros deben estar de acuerdo antes de poder activar tal cláusula.

Además, el artículo 48 del Tratado de la UE introduce una cláusula pasarela general aplicable a todas las políticas europeas (véase ficha «revisión de los tratados»). Asimismo, existen otras seis cláusulas pasarela específicas para determinadas políticas europeas y que presentan ciertas particularidades procesales (véase ficha «procedimientos legislativos»).

CLÁUSULAS DE FRENO

Las cláusulas de freno afectan a tres ámbitos:

  • las medidas de coordinación de los regímenes de seguridad social de los trabajadores migrantes (artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la UE);
  • la cooperación judicial en materia penal (artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la UE);
  • el establecimiento de normas comunes para determinadas infracciones penales (artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE).

Las cláusulas de freno se han creado para poder aplicar el procedimiento legislativo ordinario a en estos tres ámbitos políticos. El procedimiento legislativo ordinario se limita con un mecanismo de freno: un Estado miembro puede recurrir al Consejo Europeo si considera que los principios fundamentales de su sistema de seguridad social o de su sistema de justicia penal están amenazados por el proyecto legislativo en curso de adopción. En tal caso, el procedimiento se suspende y el Consejo Europeo puede:

  • reenviar el proyecto al Consejo, que continuará el procedimiento teniendo en cuenta las observaciones formuladas;
  • poner definitivamente fin al procedimiento y solicitar, si procede, una nueva propuesta de la Comisión.

De este modo, el interés de las cláusulas de freno no reside tanto en el mecanismo que proponen sino en el hecho de permitir la ampliación del procedimiento legislativo ordinario a las políticas implicadas. De hecho, la introducción de dicho mecanismo en el proceso de toma de decisiones ha permitido convencer a los Estados miembros más recalcitrantes para que apliquen el procedimiento legislativo ordinario en determinadas a políticas que antes aplicaban la regla del voto por unanimidad.

CLÁUSULAS DE ACELERADOR

Estas cláusulas «aceleran» la construcción europea entre determinados Estados miembros facilitando ampliando la cooperación en algunos ámbitos.

De hecho, las cláusulas de acelerador permiten derogar el procedimiento de activación de las cooperaciones reforzadas. De este modo, mediante estas cláusulas, se considera que se ha concedido una cooperación reforzada cuando al menos reúne a nueve Estados miembros. En ese momento, simplemente se informa al Consejo, al Parlamento y a la Comisión sobre la voluntad de los Estados participantes de crear una cooperación reforzada.

Estas cláusulas afectan a cuatro ámbitos:

  • la cooperación judicial en materia penal (artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la UE);
  • el establecimiento de normas comunes en determinadas infracciones penales (artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE);
  • la creación de una fiscalía europea (artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la UE);
  • la cooperación policial (artículo 87 del Tratado de Funcionamiento de la UE).

Es preciso señalar que las cláusulas de acelerador relativas a la cooperación y las infraestructuras en materia penal resultan directamente de la activación de las cláusulas de freno existentes en estos dos ámbitos. De hecho, si se activa la cláusula de freno y fracasa el procedimiento legislativo, los Estados miembros que lo deseen pueden dirigirse hacia la cláusula de acelerador. Así pueden continuar y concluir el procedimiento legislativo entre ellos, en el marco de una cooperación reforzada.

La presente ficha de síntesis se divulga a título informativo y no pretende interpretar o sustituir el documento de referencia.

Última modificación: 19.03.2010
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