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Ciudadanía de la Unión Europea

INTRODUCCIÓN

Según el Tratado de Maastricht, es ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se crea para reforzar y potenciar la identidad europea, haciendo que los ciudadanos participen más estrechamente en el proceso de la integración comunitaria. Merced al desarrollo del mercado único, los ciudadanos se benefician de una serie de derechos generales en diversos ámbitos, como son la libre circulación de bienes y servicios, la protección del consumidor y de la salud pública, la igualdad de oportunidades y de trato, el acceso a un puesto de trabajo y la protección social. Además, la ciudadanía de la Unión Europea lleva aparejados disposiciones y derechos concretos, que pueden agruparse en cuatro grandes categorías:

  • libre circulación y residencia en el territorio de la Unión Europea;
  • derecho a ser elector y elegido en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia;
  • la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, si el país de origen no está representado en un tercer país;
  • el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo europeo.

Aunque el ejercicio de estos derechos está sujeto a determinadas limitaciones contempladas en los Tratados o en el Derecho derivado, así como a la posesión de la ciudadanía europea, se reconocen a todas las personas físicas y jurídicas residentes en el territorio de los Estados miembros de la Unión los derechos de dirigirse al Defensor del Pueblo y de presentar peticiones ante el Parlamento Europeo. Igualmente, los derechos fundamentales se aplican a toda persona residente en la Unión Europea.

El Tratado de Amsterdam completa la lista de los derechos de los ciudadanos de la Unión, y precisa los vínculos existentes entre la ciudadanía nacional y la europea.

PANORAMA HISTÓRICO

Para comprender mejor la dinámica del proceso iniciado por el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (firmado en Roma en 1957), la ciudadanía de la Unión y los derechos que implica deben interpretarse dentro de su contexto. Dicho tratado introdujo el derecho de las personas a circular libremente dentro del territorio de la Comunidad Europea. Esta libre circulación implicaba un estrecho vínculo con una actividad económica, como el trabajo por cuenta ajena, una actividad independiente o la prestación de servicios. Así, el derecho de residencia en todo el territorio de la Comunidad únicamente se reconoció en un principio a los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, y a los miembros de sus familias, en relación con el derecho al ejercicio de una actividad profesional en tal territorio.

El Acta Única europea (1986) incluyó en el Tratado de Roma la voluntad de crear un espacio sin fronteras, eliminando los controles sobre las personas -de cualquier nacionalidad- en las fronteras interiores. Por desgracia, este espacio no se creó antes de la fecha límite prevista, el 31 de diciembre de 1992. Con todo, el desarrollo del Acta Única llevó al Consejo, en 1990, a ampliar el derecho de residencia a las personas que no ejercieran una actividad económica, siempre que dispusieran de suficientes recursos y de cobertura social. Este derecho generalizado de circulación y residencia de las personas quedó consolidado con la creación de la ciudadanía europea en el Tratado de la Unión Europea (1992). En 1997, el Tratado de Amsterdam dio la solución política que permite avanzar en la libre circulación de las personas: la integración del Acuerdo de Schengen en el Tratado de la Unión Europea (pese a lo cual, determinados Estados miembros han manifestado su deseo de mantener una situación especial, conservando los controles en sus fronteras con el resto de los Estados miembros).

Por otra parte, ya en 1974, en la Cumbre de París, se había planteado la definición de los "derechos especiales" que debían reconocerse a los nacionales de la entonces Comunidad Económica Europea. En 1992, el Tratado de la Unión Europea creó una ciudadanía europea en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 17, antiguo artículo 8). Tras la firma de este Tratado, la Declaración del Consejo Europeo de Birmingham precisó, en octubre de 1992, el perfil de esta ciudadanía: "[...] la ciudadanía de la Unión otorga a nuestros ciudadanos más derechos y más protección, sin suplantar en modo alguno su ciudadanía nacional". Además, una Declaración aneja al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea recuerda que "la cuestión de si una persona tiene la nacionalidad de uno u otro Estado miembro se determina únicamente dentro del marco del derecho interno de ese Estado".

Al crear la ciudadanía europea, el Tratado de la Unión Europea reconoció a todos los ciudadanos de la Unión el derecho fundamental y personal de circular y residir en todo su territorio, independientemente de la realización de actividades económicas. El derecho de voto y de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el Estado de residencia, así como el derecho a la protección diplomática y consular en terceros países, han reforzado de hecho el sentimiento de que existe realmente una ciudadanía común. Varias directivas adoptadas en 1993 y 1994 establecen las disposiciones de aplicación de tales derechos. Además, el propio Tratado contempla la posibilidad de que tales derechos evolucionen, para poder completarlos.

No obstante, en la práctica los ciudadanos europeos siguen enfrentándose con dificultades, tanto prácticas como jurídicas, cuando desean hacer uso de sus derechos de libre circulación y residencia en el interior de la Unión.

ANEXOS DEL TRATADO DE AMSTERDAM

Se han introducido modificaciones en los artículos 17 y 21 (antiguos artículos 8 y 8D) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que definen la ciudadanía europea.

En primer lugar, el Tratado de Amsterdam aclara el vínculo entre ciudadanía europea y ciudadanía nacional. En efecto, indica inequívocamente que "la ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional". De esta adición se desprenden dos conclusiones prácticas:

  • es necesario disponer previamente de la nacionalidad de un Estado miembros para ser ciudadano de la Unión;
  • la ciudadanía europea permite disfrutar de derechos adicionales y complementarios con respecto a los que reconoce la ciudadanía nacional.

Además, el Tratado de Amsterdam reconoce un nuevo derecho a los ciudadanos europeos. Todo ciudadano de la Unión puede en lo sucesivo dirigirse al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones o al Defensor del Pueblo europeo en cualquiera de las doce lenguas de los Tratados, y tendrá derecho a recibir una respuesta redactada en la misma lengua.

A título de recordatorio, estas doce lenguas son el alemán, el inglés, el danés, el español, el finés, el francés, el griego, el irlandés (o gaélico), el italiano, el neerlandés, el portugués y el sueco.

Por último, se inserta un nuevo párrafo en el preámbulo del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En virtud de esta nueva disposición, los Estados miembros se comprometen con la educación de sus pueblos. Cada uno de los Estados miembros se obliga a ofrecer "el nivel de conocimiento más elevado posible [...] mediante un amplio acceso a la educación y mediante su continua actualización".

Véase también

Para saber más:

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