RSS
Índice alfabético
Esta página se encuentra disponible en 5 idiomas

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Servicio universal y derechos de los usuarios

La Unión Europea quiere garantizar la disponibilidad de un conjunto mínimo de servicios de buena calidad accesibles a todos los usuarios a un precio asequible y sin falsear la competencia. Con este objetivo, establece obligaciones en cuanto a la prestación de una serie de servicios obligatorios, como el suministro al público de líneas arrendadas. Además, establece los derechos de los usuarios finales y las obligaciones correspondientes de las empresas que suministran redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.

ACTO

Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de servicio universal). [Véanse actos modificativos].

SÍNTESIS

La directiva de «servicio universal» forma parte, junto con otras cuatro directivas («marco», «acceso e interconexión», «autorización» e «intimidad y comunicaciones electrónicas»), del «paquete sobre telecomunicaciones» ideado para refundir el actual marco regulador de las telecomunicaciones y hacer más competitivo el sector de las comunicaciones electrónicas.). En diciembre de 2009 se modificó el «paquete sobre telecomunicaciones» mediante las Directivas «Legislar mejor» y «Derechos de los ciudadanos», y mediante la instauración de un Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.

Obligaciones de servicio universal

La presente Directiva define un conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos los usuarios finales deben tener acceso, a un precio asequible habida cuenta de las condiciones nacionales específicas, sin distorsión de la competencia.

Disponibilidad del servicio universal

Los Estados miembros deberán garantizar que todos los usuarios de su territorio, independientemente de su localización geográfica, tengan acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas enumerados en la Directiva, con el nivel de calidad especificado y a un precio asequible.

Suministro de acceso desde una ubicación fija y prestación de servicios telefónicos

Una de las exigencias básicas del servicio universal consiste en proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija. La conexión proporcionada permitirá las comunicaciones de voz, las comunicaciones por fax y la transmisión de datos a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet. El Estado miembro podrá limitar esta garantía de suministro a la residencia o ubicación principal del usuario final. No deben imponerse restricciones en cuanto a los medios técnicos utilizados para dicho suministro.

Servicios de información sobre números de abonados y guías.

Deberá ponerse a disposición de los usuarios finales al menos una guía completa, actualizada como mínimo una vez al año. De la misma manera, deberá ser accesible a los usuarios finales, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información sobre números de abonados.

Teléfonos públicos de pago y otros puntos de acceso a los servicios públicos de telefonía vocal

Las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) deberán estar en condiciones de imponer a las empresas la puesta a disposición de teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso a los servicios de telefonía vocal con el fin de responder a las necesidades de los usuarios finales en términos de cobertura geográfica, de número de teléfonos o de otros puntos de acceso, de accesibilidad de estos teléfonos para los usuarios discapacitados y de calidad de los servicios.

Medidas específicas para usuarios con discapacidad

El término universal implica que los Estados miembros deberán velar por que los usuarios con discapacidad tengan a su disposición una oferta adaptada a sus necesidades y a un nivel equivalente al existente para los demás usuarios. Para ello, el acceso deberá ser equivalente en el plano funcional, de tal forma que los usuarios finales con discapacidad se beneficien de la misma facilidad de uso de los servicios que los otros demás finales, pero con medios diferentes. Los Estados miembros pueden obligar a las ANR a evaluar la necesidad general y las exigencias específicas de tipo de medidas concretas en favor de los usuarios finales con discapacidad.

Designación de empresas

Los Estados miembros podrán designar a una o más empresas con el fin de garantizar la prestación del servicio universal. Los Estados miembros, por otra parte, tendrán la posibilidad de designar empresas diferentes para suministrar distintos elementos del servicio universal o para cubrir distintas partes del territorio nacional.

Tarifas asequibles

Los Estados miembros deberán garantizar que los consumidores con rentas bajas tengan acceso a fórmulas tarifarias especiales o se benefician de una ayuda particular, para que les sea posible acceder a la red y hacer uso de ella. Estas tarifas especiales deben ser facilitadas por empresas designadas o por empresas ya existentes en el mercado. Además, los Estados miembros tendrán la posibilidad de exigir a las empresas que asumen obligaciones de servicio universal que respeten un régimen tarifario o apliquen una tarificación común, incluida una equiparación geográfica, sobre el conjunto del territorio nacional.

Calidad del servicio

Las ANR establecerán objetivos de rendimiento para las empresas que asuman obligaciones de servicio universal y comprobarán el cumplimiento de estos objetivos por las empresas designadas.

Financiación de las obligaciones de servicio universal

Con el fin de compensar los costes netos que puede causar la prestación del servicio universal, podrán preverse mecanismos de compensación en favor de los operadores sujetos a las obligaciones de servicio universal. Puede tratarse de la instauración de un mecanismo de compensación con cargo a los fondos públicos y/o de un mecanismo de distribución de los costes entre los suministradores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Controles reguladores de las empresas con un poder de mercado significativo en mercados al público

El objetivo consiste aquí en reconciliar la defensa de los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea y la competencia efectiva, garantizando al mismo tiempo una intervención reglamentaria mínima con el fin de establecer un nivel común de derechos en la Comunidad Europea.

Si se trata de servicios al por menor en los que se haya determinado que no existe competencia real, las ANR deberán imponer obligaciones que incluirán, en particular, la exigencia que las empresas afectadas no apliquen precios excesivos, no impidan el acceso al mercado y no limiten la competencia fijando precios abusivos.

Derechos e intereses de los usuarios

Los usuarios de servicios de telecomunicaciones electrónicas gozan de una serie de derechos entre los que se cuentan:

  • el derecho a celebrar un contrato con una o varias empresas al abonarse a servicios que faciliten la conexión o el acceso a la red de telefonía; los contratos celebrados entre usuarios y proveedores de conexiones a una red telefónica debe precisar, como mínimo: la identidad y dirección del suministrador, los tipos de servicios prestados (incluido si se presta o no acceso a los servicios de urgencia, la información sobre cualquier otra condición que limite el acceso a los servicios y aplicaciones y/o su uso, los niveles mínimos de calidad de los servicios prestados, etc.), la duración del contrato y sus condiciones de renovación, el método para iniciar los procedimientos de resolución de litigios, etc.
  • la puesta a disposición, por parte de los operadores, de una información transparente y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables. Dicha información deberá publicarse de forma clara, detallada y fácilmente accesible. Las ANR pueden obligar a las empresas a comunicar a los abonados información relativa a las tarifas aplicables a un número o servicio sujeto a condiciones tarifarias particulares, a notificar cualquier modificación de las condiciones limitadoras del acceso a los servicios o aplicaciones, etc.
  • la publicación por parte de los operadores de información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de sus servicios;
  • el establecimiento de exigencias mínimas en materia de calidad de los servicios, para evitar el empeoramiento de la calidad de los mismos y la obstrucción o la ralentización del tráfico en las redes;
  • la garantía de disponibilidad de la red telefónica pública en caso de avería de la red debido a catástrofes o fuerza mayor;
  • la oferta de servicios de asistencia mediante operador y servicios de información sobre números de abonados.

En lo que se refiere al número único europeo de llamada de urgencia «112», éste deberá seguir siendo gratuito, incluso cuando se marque desde una cabina pública. Las empresas afectadas deben facilitar gratuitamente a la autoridad encargada de gestionar las llamadas de urgencia la información relativa a la ubicación de la persona que realiza la llamada.

La directiva también facilita los cambios de operador por parte del usuario, con posibilidad de conservar su número de teléfono (fijo o móvil). Los abonados que suscriban un acuerdo relativo a la portabilidad de un número con una nueva empresa deben obtener la activación de dicho número en el plazo de un día laborable. No obstante, la tarificación entre operadores y prestadores no debe disuadir al abonado de cambiar de prestador.

Los Estados miembros promueven la armonización de los números específicos «116» para los servicios sociales, incluido el número de llamada de la línea de urgencia «Niños desaparecidos».

Los Estados miembros pueden imponer obligaciones razonables de transmisión a las emisiones de cadenas de radio y televisión, principalmente los servicios de accesibilidad destinados a garantizar un acceso adecuado a los usuarios finales con discapacidad, de las cuales serán objeto las empresas bajo su jurisdicción que exploten redes de comunicaciones electrónicas.

Disposiciones generales y finales

Consulta con las partes interesadas

Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta las opiniones de los usuarios finales y los consumidores, los fabricantes y las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sobre las cuestiones relacionadas con los derechos de los usuarios. Los Estados miembros velarán, principalmente, para que las ANR establezcan un mecanismo de consulta que garantice que se tengan debidamente en cuenta los intereses de los consumidores en materia de comunicaciones electrónicas.

Resolución extrajudicial de litigios

Deben ponerse a disposición de los usuarios procedimientos extrajudiciales simples, transparentes, no discriminatorios y poco onerosos para tratar litigios no resueltos que se refieran a las obligaciones del servicio universal. Cuando proceda y en caso justificado, los Estados miembros pueden adoptar un sistema de reembolso o indemnización.

Parlamento Europeo y al Consejo antes de que se cumplan tres años de la fecha de aplicación.

REFERENCIAS

ActoFecha de entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2002/22/CE

24.4.2002

24.7.2003

DO L 108 de 24.4.2002

Actos) modificativo(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2009/136/CE

19.12.2009

25.5.2011

DO l 337 de 18.12.2009

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la segunda revisión periódica del alcance del servicio universal en las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el artículo 15 de la Directiva 2002/22/CE [COM (2008) 572 final – no publicada en el Diario Oficial].
La presente Comunicación reflexiona sobre el concepto de la obligación de servicio universal (OSU), en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como sobre el propio alcance del servicio universal.
El acceso a las comunicaciones móviles a un precio asequible se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, a raíz de la introducción de la competencia entre los servicios móviles. Este servicio no cumple por tanto las condiciones de aplicación del servicio universal.
Los servicios de Internet de banda ancha también tienden a desarrollarse significativamente debido a la competencia entre infraestructuras paralelas (entre 2003 y 2007, el uso de la banda ancha en los hogares europeos se triplicó), aunque ya no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva actual. Sin embargo, el presente Informe revela que el acceso a la banda ancha no sólo es necesario para la competitividad y el crecimiento económico, sino que también se está convirtiendo en un elemento esencial del bienestar de la población y de la inclusión digital.
Por estos motivos y a fin de abrir un debate público, la Comunicación plantea la siguiente pregunta: ¿es el servicio universal un medio adecuado para promover el desarrollo de los servicios de Internet de banda ancha y telefonía móvil? O bien, ¿sería preferible recurrir a otros instrumentos financieros comunitarios o a medidas nacionales?

Última modificación: 18.05.2010
Aviso jurídico | Sobre este sitio | Búsqueda | Dirección de contacto | Arriba