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Informe de la Unión sobre los derechos humanos en el 2003

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El Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos pasa revista a las políticas y acciones desarrolladas en este campo tanto dentro de la Unión como fuera de ella, es decir, en el marco de sus relaciones exteriores. El Informe, que cubre el período comprendido entre julio del 2002 y junio del 2003, evalúa también la política de la Unión en la materia e indica los pasos necesarios para su mejora.

ACTO

Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos - 2003. Consejo de Asuntos Generales de 10 de octubre de 2003.

SÍNTESIS

El Informe hace un análisis de las políticas y acciones en materia de derechos humanos desarrolladas dentro y fuera de la Unión durante el período transcurrido entre julio de 2002 y junio de 2003. La idea básica en la que reposa ese análisis es que la democracia, el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales son principios rectores de la Unión, con independencia de que sea a los Gobiernos nacionales a quienes corresponda la responsabilidad última del respeto de esos principios.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN

En septiembre de 2002, a raíz de una recomendación del Parlamento Europeo, la Comisión creó una red (EN) (FR) de expertos en derechos fundamentales con el fin de mejorar la información y el análisis de la situación registrada en este campo por cada uno de los Estados miembros. De acuerdo con su mandato, dicha red debe realizar:

  • un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión y en sus Estados miembros, informe que debe utilizar como marco de referencia la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
  • observaciones temáticas sobre las cuestiones concretas que seleccione la Comisión.

Racismo y xenofobia

Desde la adopción del Tratado de Amsterdam, que dotó a la Comunidad de nuevas competencias en materia de discriminación, las medidas más importantes que se han adoptado son las siguientes:

  • Directiva 2000/43/CE, relativa a la igualdad racial;
  • Directiva 2000/78/CE, relativa a la igualdad de trato en el empleo;
  • Programa de acción comunitario para la lucha contra la discriminación (2001-2006);
  • Comunicación sobre la inmigración, la integración y el empleo.

El 16 de junio de 2003, la Comisión lanzó una campaña de información bajo el eslogan «Por la diversidad, contra la discriminación» y, entre finales de 2002 y comienzos de 2003, tanto ella como el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia organizaron una serie de mesas redondas en torno al tema del antisemitismo y la islamofobia.

La Comisión, además, participa a través del Programa AGIS (2003-2007) en la financiación de actividades de cooperación policial y judicial en materia penal que cubren, entre otros, las cuestiones relacionadas con el racismo, la xenofobia y la asistencia a las víctimas.

Asilo e inmigración

El período comprendido entre julio de 2002 y junio de 2003 se caracterizó por una intensa actividad en materia de asilo e inmigración. En junio de 2002, el Consejo Europeo de Sevilla fijó un calendario para llegar a un acuerdo sobre ciertos instrumentos legislativos en esa materia y, en junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica adoptó en el tema de las políticas de integración una serie de conclusiones relativas a la equidad en el trato de los nacionales de terceros países. En esta cuestión se centraron dos Directivas aprobadas también en el 2003, concretamente: una sobre el derecho a la reagrupación familiar y otra sobre el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

Con objeto de promover una cooperación más estrecha con los terceros países de origen y de tránsito, la Comisión adoptó el 3 de diciembre de 2002 la Comunicación titulada «Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con países terceros» [COM(2002) 703]. El Consejo, por su parte, adoptó la Directiva 2003/9/CE, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, y el Reglamento (CE) nº 343/2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (Dublín II).

En cuanto a la gestión de los flujos migratorios, el carácter transversal de las medidas adoptadas en este campo fue destacado por la Comisión en varias ocasiones, la última en su Comunicación de 3 junio de 2003 sobre el desarrollo de una política común en materia de inmigración clandestina, tráfico ilícito y trata de seres humanos, fronteras exteriores y retorno de inmigrantes irregulares.

Protección de las minorías

Europa conoció en 2002 varios fenómenos de carácter antisemita. La Unión condenó con firmeza esos incidentes y adoptó una serie de medidas para combatir sus causas. Por otra parte, varios informes del Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa denunciaron la situación de exclusión que sufre la minoría romaní en la Unión y en los países adherentes. El Programa Phare financió algunos proyectos destinados a la mejora de esa situación.

Trata de seres humanos y derechos del niño

En materia de trata de seres humanos, el documento más importante fue la «Declaración de Bruselas», resultado final de la Conferencia europea, que se celebró del 18 al 20 de septiembre de 2002, sobre el tema de la prevención de la trata y de la lucha contra ella. Como se recomendaba en la declaración, el 25 de marzo de 2003 la Comisión decidió crear un grupo consultivo -el llamado «Grupo de expertos en la trata de seres humanos»-, compuesto por veinte expertos independientes. La Declaración de Bruselas fue también el centro de discusión de los talleres que se celebraron a propósito de este tema en el marco del Foro europeo sobre la prevención del crimen organizado.

En cuanto a las medidas legislativas, la Comisión adoptó una decisión marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (que establece a nivel europeo una definición común de este crimen) y un proyecto de decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

En el 2002, el Programa STOP II prestó apoyo financiero a 16 proyectos cuyo objetivo era combatir la trata de seres humanos o la explotación sexual. Una vez expirado, este programa fue sustituido por AGIS, que es el programa marco de cooperación policial y judicial en materia penal.

Derechos fundamentales de la mujer

La estrategia comunitaria en materia de igualdad de género (2001-2006) establece un marco global para promover la igualdad de hombres y mujeres en cinco ámbitos de intervención: vida económica, igualdad de participación y representación, derechos sociales, vida civil y papeles y estereotipos masculinos y femeninos. El 5 de marzo de 2003, la Comisión publicó su séptimo informe sobre la igualdad de oportunidades.

Responsabilidad empresarial

Con el fin de impulsar el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, la Comisión adoptó en julio de 2002 la Comunicación titulada «Responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible». Además, el 16 de octubre de ese año, se inició sobre el mismo tema un Foro multilateral europeo que contó con la participación de todas las organizaciones activas a nivel comunitario y de los representantes de asociaciones patronales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

A nivel internacional, la Unión contribuyó también activamente a la promoción de los principios rectores de la OCDE en las empresas multinacionales de los 37 países adherentes.

Por último, respondiendo a una petición del Consejo y del Parlamento Europeo, la Comisión elaboró un proyecto de Reglamento destinado a prohibir o limitar la exportación e importación de algunos tipos de instrumentos que pueden utilizarse para fines de tortura o para la aplicación de la pena capital.

Carta de Derechos Fundamentales

La Convención sobre el Futuro de Europa ha propuesto en su proyecto que la Carta se integre de pleno derecho en la Parte II de la futura Constitución Europea. Con ello, esta Carta adquiriría un carácter jurídicamente vinculante.

DERECHOS HUMANOS FUERA DE LA UNIÓN

Instrumentos utilizados en las relaciones con los terceros países

Las estrategias, acciones y posiciones comunes (instrumentos jurídicos de la PESC -política exterior y de seguridad común) entran a menudo en el campo de los derechos humanos. Durante el período cubierto por el Informe examinado, la Unión prosiguió la aplicación de las estrategias comunes correspondientes a Rusia, Ucrania y el Mediterráneo. Mientras en el caso de esos dos países se hizo hincapié en la libertad de los medios de comunicación, la prioridad para el Mediterráneo fue la apertura de un diálogo más estructurado en el tema de los derechos humanos. En este tema se adoptaron en calidad de acciones comunes: la Misión de Policía de la Unión Europea y la operación militar de la Unión en la República Democrática del Congo, además de la prórroga del mandato o el nombramiento de los representantes especiales de la Unión en varios terceros países. El Informe pasa también revista a algunas posiciones comunes en materia de derechos humanos, adoptadas durante dicho período, con referencia a diferentes países y zonas geográficas así como a la Corte Penal Internacional.

El diálogo sobre los derechos humanos es uno de los instrumentos a los que da prioridad la Unión para promover el respeto de estos derechos en los países terceros. Durante el período cubierto por el Informe, el diálogo entablado con China permitió lograr algunos avances. Además, en octubre de 2002, se inició con Irán un diálogo estructurado cuyo objetivo es impulsar la lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas, el respeto de los derechos humanos y el proceso de paz en Oriente Medio.

En octubre y diciembre de 2002 y en febrero de 2003, se celebraron entre la Unión y Estados Unidos diversas consultas en materia de derechos humanos. Este tipo de consultas tuvo lugar también con Canadá y con los países asociados.

Hoy día, en todos los acuerdos que firma la Comisión con terceros países se incluye automáticamente una cláusula relativa a los derechos humanos, cláusula que hace del respeto de estos derechos un elemento esencial del acuerdo. En caso de incumplimiento de la cláusula, pueden adoptarse frente al tercer país una serie de medidas (que pueden ir desde la modificación del contenido de los programas de cooperación hasta la suspensión de ésta última).

En el año 2002, con un presupuesto de 104 millones de euros, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) financió más de un centenar de proyectos. Los ámbitos cubiertos fueron los siguientes: abolición de la pena de muerte, lucha contra la impunidad, prevención de la tortura y rehabilitación de sus víctimas, lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de minorías y poblaciones autóctonas y fortalecimiento de la buena gobernanza y del Estado de Derecho.

Actividades de la Unión en los recintos internacionales

Durante la 57ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la declaración principal de la Unión sobre los derechos humanos estuvo centrada por primera vez en dos temas concretos: la abolición de la pena de muerte y la prevención de la tortura. En esa sesión, se adoptó por una amplia mayoría el Protocolo facultativo del Convenio contra la Tortura.

Por su parte, en la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Unión promovió más de una decena de iniciativas y varias resoluciones sobre los derechos humanos en diferentes países y regiones, y propuso sendas declaraciones de la Presidencia sobre Colombia y Timor Oriental. Además, las tareas desarrolladas en el marco de esa Comisión se beneficiaron del aumento de la coordinación entre las instituciones comunitarias y los terceros países, los países asociados y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En noviembre del 2002, los Estados miembros de la Unión participaron en la segunda Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias. Además de una declaración sobre el terrorismo, se adoptó un plan de acción centrado en los derechos humanos, el Estado de Derecho, el sistema de elecciones libres, la libertad de asociación y la separación de poderes del Estado.

La Unión se felicita de las diversas iniciativas, que se tomaron durante el período cubierto por el Informe, para la defensa de los derechos humanos en el seno del Consejo de Europa. Se congratula también por las actividades realizadas en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), particularmente las relacionadas con la lucha contra la trata de seres humanos.

La Unión apoya la acción desarrollada por el Pacto de Estabilidad para Europa del Sudeste, acción que durante el período del Informe se centró, con referencia a los derechos humanos, en la libertad de prensa, el fomento de la democracia local y la cooperación transfronteriza.

Cuestiones temáticas más importantes

La lucha contra el terrorismo constituye una de las prioridades de la Unión. Así, durante el período cubierto por el Informe, la UE continuó cooperando con el Comité contra el Terrorismo -creado por la ONU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Asimismo, en el marco de la ONU, participó en la preparación de un proyecto de convenio general sobre el terrorismo y de un proyecto de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear. En la 57a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UE apoyó la adopción de una resolución sobre el respeto de los derechos humanos y de la legalidad internacional en el contexto de la lucha antiterrorista e igual apoyo brindó a la aprobación de una resolución sobre el mismo tema con motivo de la 59a sesión de la Comisión de Derechos Humanos.

La Unión se congratula también de la ratificación en junio de 2003 por 149 Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Durante el año 2002, la UE dio una serie de pasos en favor de la libertad de religión en Pakistán, Bielorrusia y Georgia y apadrinó una resolución sobre la eliminación de la intolerancia religiosa. Ese mismo año, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) financió varios proyectos con diversos objetivos: abolir la pena de muerte, luchar contra la impunidad, prevenir la tortura y rehabilitar a sus víctimas, combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación de minorías y poblaciones autóctonas e impulsar la buena gobernanza y el Estado de Derecho.

El informe examinado destaca la necesidad de conceder a los derechos económicos, sociales y culturales la misma importancia que a los derechos civiles y políticos, y ello aunque el pleno respeto de los primeros no sea posible todavía a corto plazo.

La UE se opone a la pena de muerte en todos los casos, y por ello, en el desarrollo de sus relaciones con los terceros países, defiende siempre su abolición universal. La Unión se felicita de que Chipre, Serbia y Montenegro y Turquía hayan procedido recientemente a esa abolición. El Informe pasa revista a todos los países con los que la Unión trató este problema durante el período examinado.

En el curso de ese mismo período, se llevaron a cabo varias acciones para lograr una aplicación sistemática de las orientaciones adoptadas por la Unión con referencia a la tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el año 2002, se adoptó para su inclusión en el Convenio de la ONU contra la Tortura un Protocolo facultativo que prevé como medio de prevención de ésta la realización de visitas independientes a los lugares de detención. Durante el período 2002-2003, la Comunidad destinó 25 millones de euros a los centros de rehabilitación de las víctimas de la tortura y a la prevención de la misma.

El estatuto de la Corte Penal Internacional entró en vigor en julio de 2002. Al año siguiente, se celebró su sesión inaugural y se nombró a su primer fiscal. La Unión adoptó una posición común que propicia el funcionamiento eficaz de la Corte y la participación universal en su estatuto. Desde 1995, la Comisión ha destinado a través de la IEDDH más de 13 millones de euros a actividades de apoyo en favor de este tribunal.

El apoyo a los procesos electorales es uno de los principales medios que utiliza la Unión para promover la democracia en los terceros países. Así, durante el período cubierto por el Informe, la UE financió medidas de asistencia electoral en puntos geográficos muy diversos (la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Pakistán, Madagascar, Nigeria, los territorios ocupados de Cisjordania y la banda de Gaza, Yemen, Jamaica, Ecuador, Mozambique y Georgia). En los Balcanes, además, se financiaron varias medidas horizontales para el desarrollo de la capacidad legislativa y la formación y selección de observadores electorales. La IEDDH, asimismo, prestó su apoyo a actividades de observación de elecciones en Ecuador, Pakistán, Madagascar, Kenia, Nigeria, Ruanda y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

También en el marco de la IEDDH, se asignó en el 2002 un importe de alrededor de 21 millones de euros a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de minorías étnicas y poblaciones autóctonas, lucha que constituye igualmente una de las prioridades de esa Iniciativa durante el período 2002-2004. En este Informe, la Unión expresa su satisfacción por el hecho de que el Secretario General de las Naciones Unidas haya nombrado a cinco expertos para que se encarguen del seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo. El Informe destaca asimismo la firma por varios Estados miembros del Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa sobre la cibercriminalidad, protocolo que pretende castigar penalmente los actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos por medios informáticos.

La Unión ha pedido a sus Estados miembros que firmen y ratifiquen el Protocolo facultativo del Convenio sobre los Derechos del Niño relativo a la participación infantil en los conflictos armados. La UE preconiza también la ratificación del estatuto de la Corte Penal Internacional, que tipifica como crimen de guerra el enrolamiento militar de niños de menos de 15 años.

Con motivo de la 57ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados miembros de la Unión patrocinaron dos resoluciones (adoptadas después por consenso) relativas a los derechos de la mujer y, más concretamente, a la eliminación de los «crímenes de honor» y a la supresión de cualquier forma de discriminación de género. En el 2003, durante la 47ª sesión de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer, se adoptaron varios textos referentes al acceso de la mujer a los medios de comunicación y a las tecnologías de la información, a la situación de las mujeres en Afganistán, a las mujeres enfermas de sida y a la integración de la igualdad de sexos en las políticas de la Unión. Además, en la 59a sesión de la Comisión de Derechos Humanos, se adoptó una resolución sobre la incidencia del entorno socioeconómico en las mujeres.

En el 2003, la Comisión destinó una suma de 12 millones de euros a la realización de actividades con motivo del Año Europeo de las personas con discapacidad. Por su parte, la comisión de la ONU, que está encargada de elaborar un convenio internacional para la protección de los derechos y la dignidad de esas personas, adoptó una decisión por la que se establece un grupo de trabajo para la redacción de un proyecto de texto.

En noviembre de 2002, el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de conclusiones sobre las poblaciones autóctonas. A raíz de esas conclusiones, la Comisión creó un grupo de trabajo que, agrupando a los servicios competentes en el ámbito de los derechos de esas poblaciones, organiza cursos de formación para el personal.

De julio de 2002 a junio de 2003, la Unión Europea continuó siendo la principal fuente de financiación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En su marco se adoptó en octubre de 2002 una extensa agenda para la protección internacional de éstos. Además, en la 57ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la 59ª de la Comisión de Derechos Humanos, los Estados miembros de la Unión patrocinaron varias resoluciones sobre el Alto Comisionado, sobre la asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados en África y sobre las personas desplazadas en su propio país.

La Unión Europea concede gran importancia al trabajo desempeñado por los defensores de los derechos humanos. En la 57ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la 59ª de la Comisión de Derechos Humanos, los Estados miembros impulsaron dos resoluciones: una sobre el derecho de los individuos, grupos y órganos de la sociedad a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y otra sobre la prórroga por tres años del mandato de la Representante especial del Secretario General para la cuestión de los defensores de los derechos humanos.

Situación de los derechos humanos en el mundo

El Informe analiza la respuesta dada por la Unión a la situación de los derechos humanos en los diferentes países y zonas del mundo.

MEJORAS DE LA POLÍTICA EUROPEA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El Informe hace una importante contribución al debate sobre las formas de mejorar la política europea de derechos humanos. Las prioridades que fijó el Consejo para el inicio y desarrollo de ese debate son las siguientes:

  • aumento de la coherencia entre la acción comunitaria, la PESC y la política de desarrollo;
  • integración del tema de los derechos humanos en las otras políticas y acciones de la Unión;
  • aumento de la transparencia en la política de derechos humanos;
  • selección y revisión sistemática de las medidas prioritarias para la aplicación de la política de derechos humanos.

En diciembre de 2002, con el fin de dar respuesta a esas prioridades, el Consejo se comprometió a:

  • incluir el tema de los derechos humanos en el orden del día de su debate anual sobre las prioridades de la política exterior de la Unión;
  • examinar las cuestiones en materia de derechos humanos que podrían tratarse dentro de las diferentes instancias de la ONU y fijar para ellas de antemano una posición general de la Unión;
  • realizar el seguimiento de la aplicación de las resoluciones adoptadas a iniciativa de la Unión en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

La conclusión final del Informe es que la Unión Europea no cumple sistemáticamente sus objetivos en materia de derechos humanos. En su opinión, la experiencia muestra que los resultados son siempre mejores cuando:

  • se definen bien los objetivos (por medio de orientaciones o de posiciones comunes);
  • se destinan a su consecución un trabajo y un esfuerzo comunes (a través, por ejemplo, del diálogo político entre la Unión y los terceros países);
  • se dispone de los recursos financieros necesarios para consolidar la estrategia de la Unión (por ejemplo, la IEDDH).
Última modificación: 05.06.2007
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