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Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad se define en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano, y que se verifique de manera constante que las acción que se emprendan a escala comunitaria estén justificadas en relación con las posibilidades disponibles a nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión, salvo en sus ámbitos de competencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una intervención a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado al principio de proporcionalidad, en virtud del cual la acción de la Unión no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

El Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 aprobó una declaración relativa al principio de subsidiariedad, que establecía sus normas de aplicación. El enfoque derivado de esa declaración aparecía en el Tratado de Ámsterdam, en un Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el actual Protocolo exige que el principio de subsidiariedad se respete en todos los actos legislativos y permite a los parlamentos nacionales oponerse a una propuesta en base a la vulneración de este principio. En estos casos, la Comisión puede mantener, modificar o retirar la propuesta. La propuesta también puede ser bloqueada por el Parlamento Europeo o el Consejo. En caso de vulneración del principio de subsidiariedad, el Comité de las Regiones también puede remitirse el caso directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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