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Defensor del Pueblo Europeo

El cargo de Defensor del Pueblo Europeo fue creado por el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992) para mejorar la administración y aumentar la transparencia administrativa de las instituciones europeas.

El Defensor del Pueblo es elegido por el Parlamento Europeo, tras cada elección, para toda la legislatura (cinco años). Está facultado para recibir de los ciudadanos de la Unión, o de las personas físicas o jurídicas que residan en los Estados miembros, reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones u órganos de la Unión (con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Puede tratarse, por ejemplo, de la ausencia o denegación de acceso a la información, de una demora administrativa injustificada, de una práctica injusta o discriminatoria, o de una falta de transparencia.

El Defensor del Pueblo puede llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una reclamación. Las reclamaciones pueden dirigirse al Defensor del Pueblo directamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo.

Cuando el Defensor del Pueblo comprueba un caso de mala administración, lo pone en conocimiento de la administración interesada, realiza una investigación, busca una solución que elimine el problema y presenta, en su caso, proyectos de recomendación a los que la institución está obligada a responder con un dictamen motivado en el plazo de tres meses. Si la institución en cuestión no acepta las recomendaciones propuestas, el Defensor del Pueblo no podrá en ningún caso imponer una solución. No obstante, podrá transmitir un informe especial sobre el asunto al Parlamento Europeo para que éste adopte las medidas oportunas.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo presenta cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones.

Véanse:

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