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Tratado de Niza

Adoptado a raíz del Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000 y firmado el 26 de febrero de 2001, el Tratado de Niza entró en vigor el 1 de febrero de 2003.

Fue el resultado de la Conferencia Intergubernamental (CIG), iniciada en febrero de 2000 con objeto de adaptar el funcionamiento de las instituciones europeas antes de que se incorporaran nuevos Estados miembros.

Así, este Tratado abrió el camino a la reforma institucional necesaria para la ampliación de la Unión Europea a los países del este y el sur de Europa. Algunas de sus disposiciones fueron adaptadas por el Tratado de adhesión de los diez nuevos Estados miembros, firmado en abril de 2003 en Atenas, y por el Tratado de Luxemburgo relativo a la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía, firmado en abril de 2005. Desde el 1 de enero de 2007, fecha de la última ampliación, la Unión se funda, pues, en los Tratados UE y CE, modificados en último lugar por los Tratados de Niza, Atenas y Luxemburgo.

Los principales cambios que introdujo el Tratado de Niza se referían a la limitación del tamaño y composición de la Comisión, la ampliación del voto por mayoría cualificada, una nueva ponderación de votos en el Consejo y la mayor flexibilidad del mecanismo de cooperaciones reforzadas. La «Declaración relativa al futuro de la Unión», anexa al Tratado, fijó las etapas que habrían de seguirse para profundizar en las reformas institucionales de forma que el Tratado de Niza no fuera más que una etapa de ese proceso.

El proyecto de Constitución, firmado en octubre de 2004, fue concebido como la prolongación del proceso de reformas institucionales emprendido con el Tratado de Niza.

Como consecuencia de las dificultades de algunos Estados miembros para su ratificación, los jefes de Estado o de gobierno decidieron, en el Consejo Europeo de 16 y 17 de junio de 2005, abrir un «período de reflexión» sobre el futuro de Europa.

En el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007, los dirigentes europeos llegaron a un compromiso. Se acordó un mandato para convocar una CIG encargada de finalizar y adoptar no una Constitución sino un «tratado de reforma» para la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, firmado el 17 de diciembre de 2007, entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Véase:

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