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Equilibrio institucional

El principio de equilibrio institucional implica que cada institución actúa en el marco de las atribuciones que le son conferidas por los Tratados con arreglo al reparto de competencias. El principio no figura como tal explícitamente en los Tratados, sino que se deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia (sentencia Meroni, de 1958). El principio del equilibrio institucional prohíbe cualquier interferencia de una institución en las competencias atribuidas a otra. Corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) garantizar el cumplimiento de este principio.

En este contexto, la noción de «triángulo institucional» designa la relación entre la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sus relaciones y las competencias que les son atribuidas por los Tratados han evolucionado fuertemente con los años, sobre todo en lo que respecta al Parlamento, cuyo peso específico se ha incrementado de forma significativa. Con la adopción del Tratado de Lisboa, se está reduciendo la asimetría que existía entre los poderes legislativos del Consejo y los del Parlamento. En concreto, se ha dotado al Parlamento de competencias legislativas y presupuestarias más amplias. Por otra parte, la ampliación del procedimiento de codecisión, también denominado procedimiento legislativo ordinario, a un mayor número de ámbitos políticos, contribuye al reequilibrio de poderes entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea.

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