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Tribunal

El Tribunal de Primera Instancia, creado en 1989, tiene la misión de garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados constitutivos por parte de las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Posee un doble grado jurisdiccional que permite aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia. Ha permitido mejorar la protección jurisdiccional de los justiciables y agilizar la resolución de los asuntos. Con la adopción del Tratado de Lisboa, el Tribunal pierde la denominación de «Primera Instancia», pero conserva su papel jurisdiccional de primer grado para toda una serie de recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Tribunal tiene su sede en Luxemburgo y está compuesto por veintisiete jueces. El número de jueces se establece en el estatuto del Tribunal de Justicia, que también dispone que el Tribunal sea asistido por abogados generales en casos excepcionales. Los miembros del Tribunal son seleccionados entre personas que ofrecen las máximas garantías de independencia y que poseen la capacidad precisa para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales. Son nombrados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un periodo renovable de seis años, con arreglo al dictamen de un comité compuesto por siete personalidades procedentes de instituciones jurisdiccionales europeas o nacionales (artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - TFUE).

Los jueces seleccionan de entre ellos al presidente del Tribunal, para un mandato de tres años. Su mandato es renovable.

El Tribunal nombra un secretario, que fija el estatuto.

El Tribunal fija su Reglamento de procedimiento de común acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho Reglamento se somete a la aprobación por mayoría cualificada del Consejo.

El Tribunal tiene competencia para conocer todos los recursos directos presentados por particulares y Estados miembros (en particular, los de anulación, omisión y responsabilidad), con excepción de los que se atribuyan a un Tribunal especializado (artículo 257 del TFUE) y de los reservados al Tribunal de Justicia. Las resoluciones del Tribunal pueden ser objeto de recurso ante el TJUE, aunque dicho recurso estará limitado, en principio, a las cuestiones de derecho.

El Tribunal también es competente para conocer de cuestiones prejudiciales en materias específicas previstas por el estatuto. Si el Tribunal considera que la respuesta podría ser susceptible de afectar a la unidad o coherencia del derecho de la Unión, puede remitir la cuestión al Tribunal de Justicia. Por ese mismo motivo, éste puede revisar excepcionalmente las decisiones del Tribunal sobre cuestiones prejudiciales.

Véase:

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