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Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo, fue creado en virtud del Tratado de Bruselas de 1975. Está considerado como una institución europea desde la adopción del Tratado de Maastricht en 1992. El Tribunal ejerce sus funciones con total independencia.

El Tribunal de Cuentas está integrado por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros, cuyo mandato abarca un período de seis años (renovable), son nombrados por el Consejo por mayoría cualificada, y previa consulta al Parlamento Europeo. De entre éstos se elige el Presidente del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato tiene una duración de tres años (renovable).

El Tribunal verifica la legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos de la Unión Europea (así como de todo organismo creado por la Comunidad) y garantiza su buena gestión financiera. Presenta, asimismo, al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Después del cierre de cada ejercicio, el Tribunal elabora un informe anual, que se publica en el Diario Oficial.

El Tratado de Ámsterdam otorga al Tribunal la facultad de señalar toda irregularidad al Parlamento Europeo y al Consejo. Además, su poder de control se ha ampliado a los fondos comunitarios gestionados por organismos externos y por el Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, no dispone de poder de sanción. Si descubre fraudes o irregularidades, debe informar de ello a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

A raíz del Tratado de Niza, puede crear asimismo salas para adoptar determinadas categorías de informes o dictámenes.

Véanse:

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