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Déficit democrático

El «déficit democrático» es un término que designa una situación en la que las instituciones y sus procedimientos de toma de decisiones pueden carecer de democracia y responsabilidad. En el caso de la Unión Europea (UE), se refiere a una percepción de inaccesibilidad o falta de representación del ciudadano de a pie con respecto a las instituciones de la UE, una sensación de que existe una brecha entre los poderes de esas instituciones y una percepción de incapacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones de dichas instituciones.

La legitimidad democrática siempre ha sido una cuestión delicada en cada fase del proceso de integración europea. Se abordó en los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza, que otorgaron progresivamente más poderes al Parlamento Europeo elegido por sufragio directo y ampliaron las áreas en las que tiene poderes de codecisión con el Consejo de la Unión Europea. En consecuencia, el Parlamento ha pasado de ser una asamblea consultiva a un colegislador.

Varios cambios introducidos por el Tratado de Lisboa, que está en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, permitieron abordar las preocupaciones sobre un déficit democrático en la UE. El Tratado fortaleció los poderes del Parlamento en las siguientes tres áreas.

  • Financiera. El Parlamento desempeña un papel fundamental en la aprobación de todas las categorías del presupuesto de gastos anual de la UE.
  • Legislativa. El procedimiento de codecisión se convirtió en el actual procedimiento legislativo ordinario y se aplica a prácticamente todos los ámbitos en los que el Consejo decide por mayoría cualificada.
  • Nombramiento. El Parlamento Europeo elige el Presidente de la Comisión Europea sobre la base de un candidato propuesto por el Consejo Europeo y teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento. La Comisión como organismo está sujeta al consentimiento del Parlamento antes de ser nombrada por el Consejo Europeo.

Considerando el principio de subsidiariedad, el Tratado de Lisboa también introdujo formas de alentar a los parlamentos nacionales a participar en la formulación de políticas de la UE, dándoles la oportunidad de examinar las propuestas legislativas de la Comisión (conocido como el mecanismo de control de subsidiariedad).

El Tratado de Lisboa también establece un derecho de iniciativa ciudadana, en el que los ciudadanos pueden solicitar a la Comisión que proponga legislación en cualquier ámbito en el que tenga la facultad para actuar. Para poner en marcha una iniciativa ciudadana europea, debe crearse un grupo de organizadores integrado por al menos siete ciudadanos europeos de siete Estados miembros diferentes. Una vez que una iniciativa alcanza el millón de firmas y los umbrales mínimos en siete Estados miembros, la Comisión decidirá qué medida adoptará.

Los procesos de toma de decisiones de las instituciones a veces son criticados por su falta de transparencia, en especial en el contexto de los diálogos tripartitos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. En la actualidad, las instituciones publican el texto de compromiso final que se adopta como resultado de las negociaciones interinstitucionales. Además, se ha mejorado el reglamento interno relacionado con el proceso de negociación.

Los miembros del Consejo se reúnen en sesiones públicas cuando debaten o votan propuestas de actos legislativos. La primera deliberación sobre propuestas no legislativas que revisten importancia también es pública y, además, el Consejo celebra periódicamente debates públicos sobre cuestiones clave que afectan a los intereses de la UE y sus ciudadanos.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa, que concluyó formalmente el 9 de mayo de 2022 (Día de Europa), fue un ejercicio de base y ascendente, que ha permitido a los ciudadanos opinar sobre lo que esperan de la UE y desempeñar un papel más importante en la configuración de su futuro. La Conferencia fue un trabajo conjunto del Parlamento, el Consejo y la Comisión, que actuaron como socios igualitarios con los Estados miembros. Un componente clave de la conferencia fue la creación de paneles de ciudadanos a escala europea y en varios Estados miembros, que celebraron debates y eventos diseñados para formular en el plenario de la conferencia recomendaciones para las instituciones de la UE. Los resultados de la Conferencia se presentan en un informe que incluye cuarenta y nueve propuestas sobre el futuro de Europa, que abarcan varios temas, incluida la democracia europea. Las instituciones de la UE proporcionaron sus comentarios sobre estas propuestas en un evento de comentarios en otoño de 2022.

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