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Reparto de competencias

El tratado de Lisboa aclara el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Añade a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad el principio de atribución (Artículo 5 del Tratado de la Unión Europea - TUE). Este principio prevé que la Unión actúe únicamente dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en unos ámbitos determinados.

Existen tres tipos de competencias:

  • Las competencias exclusivas: se recogen en el Artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). La Unión es la única habilitada para legislar en estos ámbitos. Asimismo, la Unión puede alcanzar acuerdos internacionales cuando su celebración esté prevista en virtud de un acto legislativo de la Unión o cuando sea necesario el acuerdo para el ejercicio de una de sus competencias exclusivas.
  • Las competencias compartidas: se recogen en el Artículo 4 del TFUE. En estos ámbitos, tanto la Unión como los Estados miembros están capacitados para legislar. Éstos pueden ejercer sus competencias siempre que la Unión no haya ejercido las suyas o cuando renuncie a tal ejercicio. Los Estados miembros pueden solicitar a la Comisión la derogación de un acto legislativo aprobado en relación con uno de estos ámbitos de competencia compartida, en aras de un mayor respecto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (Declaración nº 18 aneja al Tratado de Lisboa).
  • Los ámbitos en los que los Estados miembros ostentan la competencia pero la Unión puede completar sus iniciativas promoviendo acciones de apoyo o de coordinación.

Tales competencias pueden ampliarse con arreglo a lo dispuesto en la cláusula de flexibilidad (Artículo 352 del TFUE). Ésta permite otorgar poderes complementarios a la Unión en aquellos casos en los que los medios de acción necesarios para la consecución de uno de sus objetivos no estén contemplados en los tratados.

Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad cumplen la función de regulador de competencias para garantizar el cumplimiento de dicho reparto de competencias. Se atribuye a los parlamentos nacionales una función en el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad. 

Véanse:

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