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Control de la aplicación del Derecho comunitario

El control de la aplicación del Derecho Comunitario es competencia de la Comisión Europea, «guardiana de los Tratados». Dado que la Unión Europea se basa en el Derecho, este control es indispensable para garantizar el respeto y la aplicación efectiva del Derecho comunitario en y por los Estados miembros. En su función de control, la Comisión vela también por preservar el papel atribuido en la materia a las autoridades nacionales, en particular las judiciales.

La Comisión se informa, y avisa y sanciona a los Estados miembros si éstos no respetan los Tratados comunitarios. La mala aplicación o la inaplicación de los Tratados puede deberse a negligencias administrativas, a dificultades técnicas de aplicación del texto, a dificultades de ejecución o, incluso, al temor a la reacción de determinados sectores de opinión.

Si un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones, la Comisión puede emitir un dictamen motivado tras haberle dado la oportunidad de presentar sus observaciones. Si este dictamen no produce efectos, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia (actuación por incumplimiento de un Estado con arreglo al artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea).

Así, cuando un Estado miembro infractor no se atenga a su dictamen motivado, la Comisión puede pedir al Tribunal que le imponga sanciones financieras. Esta competencia otorgada a la Comisión refuerza notablemente su capacidad de supervisión de la correcta aplicación del Derecho comunitario.

Además, la publicación de los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación del Derecho comunitario refleja la voluntad de transparencia no sólo ante los demandantes, sino también ante los ciudadanos y los parlamentarios.

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