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Ciudadanía de la Unión

La ciudadanía europea fue instituida por el Tratado de la Unión Europea (TUE), que se firmó en Maastricht en 1992. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reafirmó los derechos resultantes de la ciudadanía de la UE.

Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro y como tal tendrá derecho a:

  • circular y residir en todo el territorio de la Unión;
  • ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado de residencia;
  • protección diplomática y consular fuera de la Unión de las autoridades de cualquier Estado miembro si el Estado miembro del que se es nacional no está representado;
  • presentar una petición al Parlamento Europeo y recurrir al Defensor del Pueblo Europeo;
  • ponerse en contacto con las instituciones europeas en una de las lenguas oficiales y recibir una respuesta en esa misma lengua;
  • recibir un trato no discriminatorio por razón de nacionalidad, sexo, raza, religión, discapacidad, edad u orientación sexual;
  • solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa (iniciativa ciudadana);
  • acceder a los documentos de las instituciones, organismos, oficinas y agencias europeas, a reserva de la fijación de determinadas condiciones (artículo 15 del TFUE).

Previo consentimiento del Parlamento Europeo, el Consejo podrá, por unanimidad, ampliar estos derechos en el futuro.

El concepto de ciudadanía de la Unión no sustituye, sino que se añade a las ciudadanías nacionales. Esta complementariedad vuelve más tangible el sentimiento de pertenencia del ciudadano a la Unión.

Véase:

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