Plan de acción 2004-2005

El Plan de acción contempla la aplicación del Enfoque estratégico global de junio de 2000 y hace hincapié en tres prioridades: el refuerzo del marco normativo de la OLAF, la mejora de los flujos de información entre los Estados miembros y la Comisión y el desarrollo de la protección penal de los intereses comunitarios.

ACTO

Comunicación de la Comisión, de 9 de agosto de 2004, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Plan de acción 2004-2005 [COM (2004) 544 final - no publicada en el Diario Oficial].

SÍNTESIS

El Plan de acción 2004-2005 responde a la segunda etapa de programación del Enfoque estratégico global de junio de 2000. Este Plan pone de manifiesto el compromiso continuo de la Comisión en favor de la lucha contra el fraude y constituye una de las respuestas a los nuevos retos que van parejos a la evolución de la Unión estos años.

El Plan de acción extrae su legitimidad del artículo 280 del Tratado CE introducido por el Tratado de Amsterdam. Sobre esta base, la Comisión adoptó el 15 de mayo de 2001 un primer Plan de acción que tuvo un índice de realización muy satisfactorio.

En el período 2001-2003, en efecto, el marco jurídico de la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude y las actividades ilegales se completó con una acción eficaz en el ámbito de la prevención y la estanqueidad de la legislación frente al fraude, la protección del euro, la seguridad de los procedimientos de contratación pública y la instauración de estructuras de coordinación en los diez nuevos Estados miembros y los países candidatos. La cooperación entre las administraciones competentes se reforzó, en particular, con la capacidad de análisis de los fraudes e irregularidades y la unidad de magistrados con que se ha dotado a la Oficina de lucha contra el fraude (OLAF), cooperación de la que se establece un balance anual en el marco del informe previsto en el artículo 280 del Tratado CE. Además de distintas acciones tendentes a prevenir y luchar contra la corrupción, la Comisión ha evaluado las actividades de la OLAF y hace diecisiete recomendaciones con el fin de consolidar su funcionamiento y estructura, mientras que el Tribunal de Justicia ha confirmado reiteradamente la legalidad y la coherencia del marco interinstitucional de las investigaciones internas. La protección penal de los intereses financieros comunitarios se vio consolidada con la entrada en vigor en octubre de 2002 de los primeros instrumentos convencionales para la lucha contra el fraude. Además, la reflexión sobre el Fiscal Europeo ha pasado a nuevas etapas y el proyecto se ha recogido en el Tratado Constitucional.

El nuevo Plan de acción sigue los cuatro grandes ejes de acción establecidos para los cinco años próximos:

• una política legislativa antifraude global: evolución del régimen normativo hacia una mayor eficacia y coherencia;
• una nueva cultura de cooperación: plena participación y compromiso de concierto de las autoridades nacionales y comunitarias;
• un enfoque interinstitucional para prevenir y luchar contra la corrupción: refuerzo de la credibilidad de las instituciones europeas;
• el refuerzo de la dimensión judicial penal: adaptación del marco jurídico y judicial para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.

El nuevo Plan de acción tiene también en cuenta las nuevas orientaciones resultantes del Informe de evaluación de las actividades de la OLAF y las medidas anunciadas en el Discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en el Parlamento Europeo por el Presidente de la Comisión, el 18 de noviembre de 2003.

En el marco de una política legislativa global de lucha contra el fraude, el Plan de acción prevé el desarrollo de una cultura de prevención y el refuerzo de los textos, a través de las siguientes medidas:

• la definición de los objetivos de la Oficina de lucha contra el fraude (OLAF), así como el refuerzo de su marco legal para consolidar su estructura;
• el refuerzo de la cooperación con los Estados miembros, en particular en los ámbitos del blanqueo, el fraude y el IVA;
• la evaluación de la lista negra en el ámbito del FEOGA-Garantía;
• la instauración definitiva del Centro técnico y científico europeo para la protección del euro contra la falsificación;
• la continuación y adaptación del programa Pericles.

Siempre en el mismo marco, también se ha previsto reforzar los medios de detección, control y sanciones. Con este fin, la Comisión prevé lo siguiente:

• clarificar los poderes de investigación antifraude a escala comunitaria, en particular, en el ámbito de los gastos directos;
• ampliar el sistema de sanciones administrativas, en particular, a las aduanas, fondos estructurales, gastos directos y a las investigaciones de la OLAF;
• dar orientaciones técnicas a las autoridades nacionales que desean supervisar la autenticación de los euros en su territorio.

Por último, se pretende garantizar una gestión más eficaz del seguimiento administrativo y financiero. Con este fin, se ha previsto lo siguiente:

• proponer una modificación del Reglamento que trata la financiación de la PAC para mejorar la recuperación de los importes indebidamente pagados en el marco del FEOGA Garantía;
• finalizar el tratamiento de los casos de irregularidades comunicados antes de 1999.

Por lo que se refiere a la segunda orientación que preconiza una nueva cultura de cooperación, se pretende reforzar la explotación y el análisis de la información («inteligencia«). La Comisión se propone establecer una mejor cooperación operativa entre las administraciones aduaneras, así como simplificar el procedimiento de comunicación de las irregularidades en los ámbitos de los fondos estructurales, los fondos de cohesión y el FEOGA-Garantía.

Además, para desarrollar una profunda asociación con los Estados miembros y los terceros países, la Comisión prevé lo siguiente:

• intensificar las relaciones con los Estados miembros gracias a la actualización de la decisión por la que se crea el Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF);
• mejorar la información de los Estados miembros sobre el curso dado a las investigaciones de la OLAF;
• reforzar las sinergias con un inventario de los servicios que la Comisión y la OLAF pueden ofrecer a las instituciones y a los Estados miembros, así como la instauración de la plataforma de servicios pluridisciplinares;
• asistir a los nuevos Estados miembros a reforzar su capacidad de lucha contra el fraude;
• reforzar los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude en los países candidatos;
• concluir las negociaciones con Suiza sobre la lucha contra el fraude;
• negociar acuerdos internacionales de asistencia administrativa mutua en el ámbito aduanero con los terceros países;
• establecer disposiciones contra la falsificación monetaria en los acuerdos de cooperación y de asociación.

Por último, en esta segunda orientación, se ha previsto evaluar de manera permanente las acciones de lucha contra el fraude con un inventario de las nuevas medidas adoptadas a escala comunitaria y en los Estados miembros.

La tercera orientación, hacia un enfoque interinstitucional para prevenir y luchar contra la corrupción, prevé las acciones siguientes para valorizar una cultura de cooperación a todos los niveles:

• examinar la oportunidad de un memorándum de acuerdo OLAF-Comisión y de la Comisión con las otras instituciones;
• revisar el memorándum de la OLAF con la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC);
• crear un grupo interservicios de alto nivel para mejorar la transparencia y la información entre la OLAF y las otras Direcciones Generales.

A fin de mejorar el marco jurídico de las investigaciones administrativas, la Comisión prevé la modificación de algunas disposiciones en aras de la claridad y la armonización.

Para terminar, la última orientación preconiza el refuerzo de la dimensión judicial penal. Así pues, la Comisión proyecta:

• la preparación de un Libro Blanco para reforzar las actuaciones penales del Fiscal Europeo;
• un informe sobre la aplicación del Convenio sobre la protección de los intereses financieros comunitarios en los Estados miembros;
• la conclusión de un protocolo con Europol;
• el establecimiento, con los Estados miembros, de una guía práctica para la cooperación con las autoridades penales.

En resumen, el nuevo plan de acción hace hincapié en tres temas especialmente prioritarios:

• el refuerzo del marco normativo de mayo de 1999 relativo a las actividades de la OLAF y a sus competencias;
• la mejora del flujo de información entre los Estados miembros y la Comisión;
• el desarrollo de la protección penal de los intereses comunitarios con los Estados miembros, a raíz de la previsión de creación de un Fiscal Europeo para proteger los intereses financieros de la Unión.

Las acciones previstas para el período 2004-2005 se plantean a partir del informe de evaluación de las actividades de la OLAF, de las acciones que no han finalizado en el período anterior, de las necesidades específicas y del refuerzo del marco normativo de la OLAF, a raíz, en particular, de las deficiencias detectadas con motivo del asunto Eurostat.

En este documento, la Comisión hace también una evaluación del plan de acción 2001-2003, con un balance globalmente positivo.

Última modificación: 24.06.2005