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Controles y verificación de los operadores económicos in situ

El presente Reglamento establece disposiciones comunes adicionales con el fin de prevenir y averiguar irregularidades de los operadores económicos; completa el Reglamento sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y establece con este fin disposiciones para los controles y verificaciones de los operadores económicos que la Comisión realiza in situ en estrecha colaboración con las autoridades de los Estados miembros. La finalidad de dichos controles y verificaciones in situ es combatir las irregularidades que se cometan en detrimento del presupuesto comunitario.

ACTO

Reglamento (CE, Euratom) n° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades [Diario Oficial L 292 de 15.11.1996].

SÍNTESIS

Las disposiciones de este reglamento se aplican a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión Europea en el marco de la lucha contra el fraude, en particular cuando hay motivos para pensar que dichas irregularidades * en detrimento del presupuesto comunitario han sido cometidas por operadores económicos *. Este Reglamento establece disposiciones generales adicionales al Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 y es aplicable a todos los ámbitos de actividad de la Comunidad. No interfiere en la competencia de los Estados miembros para perseguir las infracciones penales con arreglo a las disposiciones del Derecho internacional.

Realizar controles y verificaciones in situ

La Comisión podrá realizar controles y verificaciones in situ de los operadores económicos afectados. La Comisión Europea lleva a cabo estos controles y verificaciones:

  • en busca de posibles irregularidades graves o transnacionales, o irregularidades en las que estén implicados operadores económicos que actúen en varios Estados miembros;
  • para reforzar los controles y verificaciones in situ en un Estado miembros determinado con el fin de aumentar la eficacia de la protección de los intereses financieros y alcanzar un grado de protección similar en toda la Unión Europea;
  • a petición de un Estado miembro.

Antes de proceder a los controles y verificaciones in situ, la Comisión deberá informar con tiempo suficiente al o a los Estados miembros afectados con el fin de obtener la ayuda necesaria. La Comisión prepara y dirige los controles y verificaciones in situ en estrecha colaboración con las autoridades competentes del Estado miembro interesado. Se realizan bajo la autoridad y la responsabilidad de los «inspectores de la Comisión», es decir, de funcionarios o agentes debidamente habilitados para ello. Los inspectores respetan las normas de procedimiento previstas por la Ley del Estado miembro en cuestión.

Los operadores económicos deben permitir que los inspectores tengan acceso a sus locales, terrenos, medios de transporte y otros lugares de uso profesional. Si un operador económico se opone a un control o a una verificación in situ, el Estado miembro interesado prestará la asistencia necesaria a los inspectores de la Comisión para que puedan cumplir su cometido. Las autoridades competentes del Estado prestarán dicha asistencia dentro del respeto de las legislaciones nacionales.

Por razones de eficacia, la Comisión cuida de que no se realicen controles y verificaciones similares, al mismo tiempo y por los mismos hechos, a los operadores económicos interesados sobre la base de normativas sectoriales. También tiene en cuenta los controles en curso o ya realizados por el Estado miembro con arreglo a su normativa nacional.

Garantizar el acceso a la información y a la documentación necesaria dentro del respeto de la legislación nacional

Sin perjuicio de las normas nacionales relativas al procedimiento penal, los inspectores de la Comisión tendrán acceso a toda la información relativa a las operaciones en cuestión y que sea necesaria para llevar a cabo correctamente los controles y verificaciones. Podrán utilizar los mismos medios materiales de control que los inspectores administrativos nacionales y, en particular, hacer copias de los documentos pertinentes.

Los controles y verificaciones in situ podrán referirse, en particular, a:

  • libros y documentos profesionales como facturas, pliegos de condiciones, nóminas, órdenes de ejecución o extractos de cuentas bancarias;
  • datos informáticos;
  • sistemas y métodos de producción, embalaje y expedición;
  • control físico del tipo y del volumen de las mercancías o acciones realizadas;
  • tomar muestras y proceder a su verificación;
  • comprobación de los progresos de obras e inversiones financiadas, y el uso y destino que se esté dando a las inversiones ya terminadas;
  • documentos presupuestarios y contables;
  • ejecución financiera y técnica de los proyectos subvencionados.

Si fuere necesario, corresponderá a los Estados miembros, a petición de la Comisión, aplicar las medidas cautelares que establezca la legislación nacional, especialmente para proteger las pruebas.

La totalidad de la información recabada en relación con los controles y verificaciones in situ quedan cubiertas por el secreto profesional así como por las disposiciones comunitarias relativas a la protección de datos.

Los informes establecidos por los inspectores de la Comisión constituyen elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del Estado miembro en donde su uso resulte necesario.

Términos clave del acto
  • Irregularidad: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido (artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 2988/95).
  • Operador económico: persona física o jurídica y entidades a las cuales el Derecho nacional reconoce capacidad jurídica (artículo 7 del Reglamento nº 2988/95).

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento nº 2185/9618.11.1996-DO L 292 de 15.11.1996
Última modificación: 10.04.2007

Véase también

Para más información, consúltese el sitio Internet de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

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