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Convenio para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea

La Unión Europea (UE) pretende luchar contra el fraude que afecta a sus gastos e ingresos utilizando medidas penales apropiadas (persecución del fraude, sanciones penales, responsabilidad penal de los directivos de empresas, normas sobre competencia).

ACTO

Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 316 de 27.11.1995].

SÍNTESIS

Con este acto, el Consejo establece un Convenio para la lucha contra el fraude en perjuicio de los intereses financieros de la Comunidad Europea (CE). Con arreglo al Convenio, el fraude en materia tanto de gastos * como de ingresos * debe ser objeto de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias en cada país de la Unión Europea (UE).

Sobre la base del Convenio, cada país europeo debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que estos comportamientos, así como la complicidad, instigación o tentativa ligados a tales comportamientos, sean objeto de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. En caso de fraude grave, dichas medidas deben suponer penas de prisión y la posibilidad de extradición.

Cada país europeo también debe adoptar las medidas necesarias para permitir que los jefes de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de decisión o de control en el seno de las empresas puedan ser declarados penalmente responsables con arreglo a los principios definidos por su Derecho interno, en caso de fraude que afecte a los intereses financieros de la CE.

Cada país europeo tomará las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones que haya tipificado de conformidad con las obligaciones derivadas del Convenio.

Si un fraude constituye une infracción penal y afecta al menos a dos países europeos, estos cooperarán de manera efectiva en la investigación, en las diligencias judiciales y en la ejecución de la sanción pronunciada, por ejemplo, mediante la asistencia judicial mutua, la extradición, la transmisión de las diligencias o la ejecución de las sentencias dictadas en otro país de la UE.

En caso de diferencia entre países de la UE derivada de la interpretación o aplicación del Convenio, el caso debe ser examinado en primer lugar por el Consejo. Si éste no encuentra una solución en un plazo de 6 meses, una de las partes afectadas puede remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también es competente para los conflictos entre un país de la UE y la Comisión Europea.

Contexto

Adoptados en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea (tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, las disposiciones se encuadran ahora dentro del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), este Convenio y sus Protocolos tienen por objeto crear una base común para la protección penal de los intereses financieros de la CE.

El Convenio entró en vigor el 17 de octubre de 2002, conjuntamente con su Primer Protocolo y el Protocolo sobre la interpretación del Tribunal de Justicia. Su Segundo Protocolo entró en vigor el 19 de mayo de 2009. El Convenio y sus Protocolos están abiertos a la adhesión de todo país miembro de la UE.

Términos clave del acto
  • Fraude en materia de gastos: todo acto u omisión intencional relativo a la utilización o presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos que resulten en la percepción o retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de la Comunidad o de los presupuestos administrados por la CE o por su cuenta; o en la no comunicación de una información que viole una obligación específica que tenga idéntico efecto; o el desvío de tales fondos con fines distintos de aquéllos para los que fueron concedidos inicialmente.
  • Fraude en materia de ingresos: todo acto u omisión intencional relativa a la utilización o presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos que tenga como resultado la disminución ilegal de recursos del presupuesto general de la Comunidad o de los presupuestos administrados por la CE o por su cuenta; o la no comunicación de una información que viole una obligación específica que tenga idéntico efecto; o el desvío de una ventaja legalmente obtenida que tenga el mismo efecto.

ACTOS CONEXOS

Acto del Consejo de 19 de junio de 1997 por el que se establece el Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 221 de 19.7.1997].
Este Protocolo contempla la responsabilidad de las personas jurídicas, la confiscación, el blanqueo de capitales y la cooperación entre los países de la UE y la Comisión a efectos de la protección de los intereses financieros de la CE y de los datos de carácter personal relacionados con estos intereses. Este Protocolo entró en vigor el 19 de mayo de 2009.

Acto del Consejo de 29 de noviembre de 1996 por el que se establece, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 151 de 20.5.1997].
Este Protocolo permite a los órganos jurisdiccionales nacionales pedir la interpretación, con carácter prejudicial, por el TJCE de las disposiciones del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la CE y sus Protocolos. Entró en vigor el 17 de octubre de 2002.

Acto del Consejo de 27 de septiembre de 1996 por el que se establece un Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 313 de 23.10.1996].
Este Protocolo se centra en la definición de los conceptos de «funcionario» y «corrupción activa y pasiva», así como en la armonización de las sanciones para los delitos de corrupción. Se adoptó un informe explicativo de este Protocolo el 19 de diciembre de 1997. El Protocolo entró en vigor el 17 de octubre de 2002.

Decisión 2008/40/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, relativa a la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas; al Protocolo de 27 de septiembre de 1996; al Protocolo de 29 de noviembre de 1996, y al Segundo Protocolo de 19 de junio de 1997 [Diario Oficial L 9 de 12.1.2008].
Mediante dicha Decisión, Bulgaria y Rumanía se adhieren al Convenio y a sus Protocolos.

Informes

Segundo informe de la Comisión. Aplicación del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y sus Protocolos [COM (2008) 77 – no publicado en el Diario Oficial].
Como continuación de su primer informe de 2004, la Comisión examina los progresos realizados por los 27 países de la UE en la ratificación y aplicación de los instrumentos de protección de los intereses financieros de la CE. Este informe destaca lagunas debidas a los frecuentes retrasos en la ratificación y a casos de transposición incorrecta.

Informe de la Comisión. La aplicación por los Estados miembros del Convenio relativo a la protección de intereses financieros de las Comunidades Europeas y sus Protocolos [COM (2004) 709 – no publicado en el Diario Oficial].
Este informe se concentra en la aplicación del Convenio y sus Protocolos por parte de los 15 países de la UE antes de la ampliación que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004. Estima que la protección penal de los intereses financieros de la CE progresó gracias a las disposiciones nacionales adoptadas en los países europeos, pero lamenta que ninguno de ellos adoptase todas las medidas para ajustarse plenamente al Convenio. La Comisión recomienda al Consejo que inste a los países de la UE a intensificar sus esfuerzos para reforzar la legislación penal nacional y a ratificar sin demora el Segundo Protocolo.

Última modificación: 11.03.2011
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