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Fraude y corrupción
El fraude y la corrupción suponen una grave amenaza para la seguridad y los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Las instituciones de la UE tienen como prioridad proteger estos intereses, tanto para dar el mejor uso posible al dinero de los contribuyentes como para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, para los que la corrupción es un terreno fértil.
La base jurídica para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual encomienda a la UE y a sus Estados miembros la tarea de proteger el presupuesto de la UE.
En el ámbito de la UE, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude:
- lleva a cabo investigaciones administrativas independientes sobre el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que implique fondos o ingresos de la UE, con el fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan ayudar a crear puestos de trabajo y a promover el crecimiento en Europa;
- investiga las faltas graves cometidas por el personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, contribuyendo así a reforzar la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones;
- desarrolla las políticas de la UE contra el fraude en su calidad de Comisión.
La Fiscalía Europea se creó de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1939 y es el primer organismo de la UE con derecho a llevar a cabo investigaciones penales y a procesar el fraude y la corrupción que afecte a los intereses financieros de la UE.
La Comisión Europea aborda la corrupción tanto a escala de la UE como a escala internacional, en particular a través de sus direcciones generales de Migración y Asuntos de Interior y de Justicia y Consumidores.
La corrupción crea inseguridad en las empresas, reduce los niveles de inversión e impide que el mercado único funcione correctamente. Y, sobre todo, socava la confianza en los gobiernos, las instituciones públicas y la democracia en general.
Las instituciones de la UE tienen como objetivo:
- racionalizar y modernizar la normativa contra la corrupción;
- hacer un seguimiento de la evolución de la lucha contra la corrupción en los Estados miembros como parte del marco del Semestre Europeo;
- apoyar la aplicación de medidas nacionales de lucha contra la corrupción a través de la financiación, la asistencia técnica y el intercambio de experiencias.
El artículo 83, apartado 1, del TFUE reconoce la corrupción como un «delito contra Europa» y la incluye entre los delitos transfronterizos de especial gravedad.
El artículo 83, apartado 2, del TFUE permite establecer normas mínimas sobre la definición de delitos y sanciones en los ámbitos que han sido objeto de armonización. Esto se aplica cuando la aproximación del Derecho penal de los Estados miembros resulta esencial para garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE en ese ámbito. Sobre la base de este artículo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva (UE) 2017/1371 relativa a la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la UE mediante el Derecho penal.
Fraude y corrupción: normas generales