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Lucha contra la corrupción en el sector privado

La Unión Europea (UE) lucha contra la corrupción en el sector privado. La definición de conceptos armonizados tiene como objetivo mejorar la lucha contra la corrupción. La corrupción destruye la base de la vida económica y constituye una distorsión de la competitividad: la Unión hace hincapié en la necesidad de prevenir este delito, que beneficia a una minoría, pero va en detrimento de toda la sociedad.

ACTO

Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado.

SÍNTESIS

La corrupción activa y pasiva en el sector privado constituye un delito penal en todos los Estados miembros. Las personas jurídicas * también pueden ser consideradas responsables de tales delitos.

Incluir en el Derecho penal nacional los conceptos de corrupción

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que los siguientes actos intencionados constituyan una infracción penal cuando se lleven a cabo en el transcurso de actividades profesionales:

  • corromper a una persona: prometer, ofrecer o entregar, directamente o a través de un intermediario, a una persona que desempeñe funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, una ventaja indebida de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero, para que ésta realice o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones *;
  • exigir una ventaja: pedir o recibir, directamente o a través de un intermediario, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, o aceptar la promesa de tal ventaja, para sí mismo o para un tercero, cuando se desempeñen funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones *.

Se contemplan las actividades profesionales de entidades con fines lucrativos y no lucrativos. Todo Estado miembro podrá declarar que limitará el ámbito de aplicación a aquellos actos que impliquen o puedan implicar una distorsión de la competencia en relación con la adquisición de bienes o de servicios comerciales. Los Estados miembros deberán informar al Consejo de tales declaraciones en el momento de la adopción de la presente Decisión marco. Las limitaciones son válidas por un período de cinco años a partir del 22 de julio de 2005. Antes del 22 de julio de 2010, el Consejo reexaminará las declaraciones efectuadas por los Estados miembros.

Responsabilidad de personas físicas y jurídicas

La presente Decisión marco establece la responsabilidad no sólo de las personas físicas, tales como empleados, sino también de las personas jurídicas, como las empresas.

Por lo que se refiere a la responsabilidad de las personas físicas, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que los actos mencionados sean punibles con sanciones penales. Los actos serán punibles con sanciones privativas de libertad de una duración máxima de al menos de uno a tres años. Se podrá prohibir temporalmente el ejercicio de la actividad profesional. La complicidad y la incitación a cometer los actos mencionados constituirán asimismo infracciones penales.

Las personas jurídicas podrán ser consideradas responsables de las infracciones de corrupción cometidas en su provecho por cualquier persona que, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica basado en:

  • un poder de representación de dicha persona jurídica;
  • una autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica;
  • una autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica.

Las sanciones para las personas jurídicas incluirán multas de carácter penal o administrativo, y podrán incluir otras sanciones, tales como exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, inhabilitación temporal o permanente para desempeñar actividades comerciales, etc.

Competencia de los Estados miembros

Todo Estado miembro será competente si:

  • la infracción se ha cometido en su territorio;
  • la infracción ha sido cometida por uno de sus nacionales;
  • la infracción ha sido cometida en beneficio de una persona jurídica cuya sede se encuentre en el territorio del Estado miembro.

La presente Decisión marco deroga la Acción común 98/742/JAI. Se aplicará a Gibraltar. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión marco antes del 22 de julio de 2005.

El presente acto se ha visto afectado por la sentencia C-176/03 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa al reparto de competencias en materia penal entre la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea.

Términos clave del acto
  • Persona jurídica: toda entidad que disponga de este estatuto en virtud del Derecho nacional, a excepción de los Estados, entidades públicas y organizaciones internacionales.
  • Violación de una obligación: la expresión debe entenderse de conformidad con el Derecho nacional. El concepto debe cubrir al menos todo comportamiento desleal que constituya violación de una obligación legal o de normas profesionales.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Decisión marco 2003/568/JAI31.7.200322.7.2005DO L 192 de 31.7.2003

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión al Consejo, de 18 de junio de 2007, basado en el artículo 9 de la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI de 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado [COM (2007) 328 final - No publicado en el Diario Oficial].

Al analizar las medidas adoptadas por los Estados miembros para alcanzar los objetivos de la presente Decisión marco, la Comisión Europea pide la aprobación cuanto antes de las disposiciones legales necesarias para luchar contra la corrupción en el sector privado.
Por lo que se refiere al artículo 2 de la Decisión marco, la Comisión subraya que la transposición de este artículo clave, que define los actos de corrupción activa y pasiva constitutivos de delito penal es una tarea difícil para la mayoría de los Estados y que sólo Bélgica y el Reino Unido la han transpuesto correctamente en todos sus elementos. La Comisión considera que las lagunas en las disposiciones legales de los otros Estados miembros deben colmarse para evitar que la legislación pueda ser infringida fácilmente. El informe se concentra en los artículos 1 a 7 y 10, ya que los artículos 8, 9 y 11 no requieren transposición.
Por último, la Comisión recalca dos cuestiones que deben tratarse en el futuro: la modificación del fundamento jurídico de la Decisión marco a raíz de la sentencia C-176/03 (mencionada anteriormente) y la reconsideración del artículo 2 de la Decisión marco por el Consejo antes del 21 de julio de 2010 en lo relativo a la renovación de las declaraciones de los Estados miembros.

Última modificación: 11.07.2007
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