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Convenio contra la corrupción con la implicación de funcionarios

El Consejo refuerza la cooperación judicial de los Estados miembros para luchar contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios europeos o de los Estados miembros de la Unión Europea.

ACTO

Acto del Consejo, de 26 de mayo de 1997, por el que se establece, sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea [Diario Oficial C 195 de 25.6.1997].

SÍNTESIS

Con este Acto, el Consejo establece un Convenio destinado a luchar contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios europeos * o funcionarios nacionales * de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Sobre la base de este Convenio, cada Estado miembro está obligado a tomar las medidas necesarias para que los comportamiento que constituyen actos de corrupción pasiva * o activa * cometidos por funcionarios * sean sancionables penalmente.

El Convenio establece, asimismo, que los Estados miembros deben garantizar que las conductas que constituyen actos de corrupción pasiva o activa, así como la complicidad e instigación a dichos actos, sean objeto de sanciones penales. En los casos graves, éstas podrán consistir en penas privativas de libertad que pudieran dar lugar a extradición.

Además, los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para permitir que los jefes de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de decisión o de control en el seno de las empresas puedan ser declarados penalmente responsables en caso de actos de corrupción activa cometidos por una persona sometida a su autoridad por cuenta de la empresa.

Cada Estado miembro deberá tomar las medidas necesarias para establecer su competencia respecto a las infracciones que haya tipificado con arreglo a las obligaciones recogidas en el Convenio en los siguientes casos:

  • cuando la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio;
  • cuando el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios;
  • cuando la infracción se cometa contra funcionarios europeos o nacionales o contra un Miembro de las instituciones de la UE que sea también un nacional de dicho Estado;
  • cuando el autor de la infracción sea un funcionario europeo al servicio de una institución, de una agencia o un órgano europeo, que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate.

Si un procedimiento relativo a una infracción derivada de las obligaciones que recoge el Convenio afecta al menos a dos Estados miembros, estos Estados deberán cooperar en la investigación, en las diligencias judiciales y en la ejecución de la sanción pronunciada.

El Derecho penal interno en la materia de que se trate deberá aplicar el principio en virtud del cual una persona contra quien se haya dictado sentencia firme en un Estado miembro no puede ser perseguida en otro Estado miembro por los mismos hechos siempre y cuando, en caso de condena, la sanción se haya cumplido o esté en curso de ejecución o no pueda ser ejecutada según la ley del Estado que la dictó. No obstante, es posible que haya excepciones a este principio.

Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones de Derecho interno cuyo alcance sea mayor al de las obligaciones recogidas en el Convenio.

En caso de desacuerdo entre Estados miembros acerca de la interpretación o de la aplicación de este Convenio, y a falta de una resolución bilateral, el caso deberá estudiarse en el seno del Consejo según el procedimiento establecido en el título VI del Tratado de la Unión Europea. Si transcurrido un plazo de seis meses el Consejo no hubiere hallado solución, una de las partes del desacuerdo podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Éste será también competente en caso de desacuerdo entre un Estado miembro y la Comisión Europea.

Este Convenio entró en vigor el 28 de septiembre de 2005 y permanece abierto a la adhesión de todo Estado que pase a ser miembro de la UE. Algunos de los Estados que se unieron a la UE el 1 de mayo de 2004, la República Checa y Malta, tienen todavía pendiente su adhesión al Convenio.

Contexto

Luchar contra la corrupción y el fraude en las instituciones europeas es una prioridad absoluta para la UE. A nivel internacional, la Comisión propuso en 2006 una Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Además, los Estados miembros de la UE cooperan con Estados terceros en las organizaciones internacionales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (EN) (FR) y el Consejo de Europa (EN) (FR) (IT) adoptaron convenios al respecto.

El 14 de abril de 2005, el Consejo de Justicia e Interior adoptó una Resolución relativa a una política global de la UE contra la corrupción en la que el Consejo pide a los Estados miembros que aún no lo hicieron que ratifiquen y apliquen, entre otras cosas, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios europeos o de los Estados miembros de la UE.

Términos clave del acto
  • Funcionario: todo funcionario, tanto europeo como nacional, incluidos los funcionarios nacionales de otro Estado miembro.
  • Funcionario europeo: cualquier persona que sea funcionario o agente contractual con arreglo al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, así como las personas destinadas en comisión de servicio en las Comunidades Europeas por los Estados miembros o por cualquier organismo público o privado, que ejerza funciones equivalentes a las ejercidas por los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.
  • Funcionario nacional: funcionario o persona al servicio de la Administración, con arreglo a la definición que figure en el Derecho nacional del Estado miembro en el que dicha persona tenga esa calidad, respecto de la aplicación del Derecho penal del Estado miembro de que se trate.
  • Corrupción pasiva: el hecho intencionado, por parte de un funcionario, directamente o a través de terceros, de solicitar o recibir ventajas que cualquier tipo, para sí o para un tercero, o aceptar la promesa de recibirlas, por efectuar o no efectuar, contraviniendo con ello a sus obligaciones oficiales, un acto de sus funciones o un acto en el ejercicio de sus funciones.
  • Corrupción activa: el hecho intencionado, por parte de cualquier persona, de prometer o dar, directamente o a través de terceros, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él mismo o para un tercero, para que efectúe o se abstenga de efectuar, contraviniendo con ello a sus obligaciones oficiales, un acto de sus funciones o un acto en el ejercicio de sus funciones.

ACTOS CONEXOS

Decisión 2007/751/CE del Consejo, de 8 de noviembre de 2007, sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio establecido sobre la base del artículo K.3, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea [Diario Oficial L 304 de 22.11.2007].

Por esta Decisión, Bulgaria y Rumanía se adhieren al Convenio contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios.

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción [COM (2006) 82 final - no publicada en el Diario Oficial].

El objetivo de esta propuesta es que el Consejo adopte la Decisión que permita a la Comunidad ser Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que son de competencia comunitaria.

Procedimiento de consulta (CNS/2006/0023).

Decisión 2003/642/JAI del Consejo sobre la aplicación a Gibraltar del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades o de los Estados miembros de la Unión Europea.

El Convenio no prevé ninguna disposición relativa a su aplicación a Gibraltar, territorio cuyas relaciones internacionales son ostentadas por el Reino Unido. Por esta Decisión, el Consejo decide que el Convenio es aplicable a Gibraltar a partir del 10 de septiembre de 2003.

Informe explicativo sobre el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (Texto aprobado por el Consejo el 3 de diciembre de 1998) [Diario Oficial C 391 de 15.12.1998].

Protocolo del convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 313 de 23.10.1996].

Por lo que se refiere a la corrupción en el ámbito de la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hay que tener en cuenta que el 27 de septiembre de 1996, el Consejo adoptó un primer protocolo al Convenio de 26 de julio de 1995. Este protocolo también se centra en la definición de los conceptos de «funcionario» y «corrupción» activa y pasiva, así como en la armonización de las sanciones para los delitos de corrupción. El 19 de diciembre de 1997 se adoptó un informe explicativo de este protocolo [Diario Oficial C 11 de 15.1.1998].

Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 316 de 27.11.1995].

Última modificación: 25.02.2008

Véase también

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