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Aspectos relativos al comercio de mercancías

La Comunidad Europea se compromete a liberalizar el comercio de bienes industriales y agrícolas en condiciones de competencia leal, y a reducir los obstáculos arancelarios y no arancelarios en el comercio de mercancías.

ACTO

Decisión 94/800/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) [Diario Oficial L 336 de 23.12.1994].

SÍNTESIS

ACCESO A LOS MERCADOS

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994)

Se trata del texto fundamental que recoge las normas generales reguladoras del comercio las mercancías, mientras que las normas específicas se establecen en los acuerdos sectoriales instituidos por el Acta final. El GATT de 1994 englobó el GATT de 1947 y todos los instrumentos jurídicos adoptados antes del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Acuerdo General sienta una serie de principios fundamentales derivados del GATT de 1947. En concreto:

  • el principio del trato general de la nación más favorecida, según el cual cada miembro de la OMC concede al producto de otro miembro un trato no menos favorable que el que concede a los productos similares de cualquier otro país (principio de no discriminación);
  • el principio del trato nacional en cuanto a la imposición y las normativas internas, según el cual cada miembro de la OMC concede a los productos de otro miembro un trato reglamentario y fiscal no menos favorable que el que otorga a sus productos nacionales.

El Acuerdo contempla asimismo la disminución y la consolidación de los derechos de aduana, la prohibición de las restricciones cuantitativas a la importación y la exportación y la obligación de notificación de las empresas comerciales estatales. El Acuerdo trata los derechos antidumping y regula las subvenciones y las medidas de salvaguardia. Las disposiciones relativas a las consultas y a la solución de diferencias se explicitan en las normas de la OMC sobre solución de diferencias.

Por otra parte, el Acuerdo establece una serie de criterios relativos a las zonas de libre comercio y a las uniones aduaneras, así como obligaciones que incumben a los miembros de dichas zonas y uniones. En 1965 se añadieron normas y ventajas especiales para los países en desarrollo.

Protocolo de Marrakech

El Protocolo de Marrakech anexo al GATT de 1994 es el instrumento jurídico que incorpora las listas de concesiones y compromisos relativos a las mercancías negociadas durante la Ronda Uruguay, y establece su autenticidad y las disposiciones de su aplicación. En efecto, cada miembro de la OMC elabora una lista de concesiones relativa a las mercancías, que forma parte integrante del GATT de 1994. Cada lista recoge todas las concesiones ofrecidas por el miembro en cuestión durante la Ronda Uruguay o en negociaciones previas. Con arreglo al artículo II del GATT de 1994, cada miembro debe conceder a los demás miembros un trato comercial que no sea menos favorable que el que está previsto en la parte pertinente de la lista correspondiente.

Productos industriales

En relación con los productos industriales, el objetivo de la Ronda Uruguay consistía en reducir los obstáculos arancelarios al menos de un tercio en cinco años y en incrementar el número de derechos de aduana consolidados (casos en los cuales los gobiernos se comprometen a no aumentar los derechos). Así pues, las reducciones arancelarias concedidas por cada miembro se aplican en cinco tramos iguales, a partir del 1 de enero de 1995, sin perjuicio de las menciones contrarias que puedan figurar en las listas de concesiones.

Gracias a estos compromisos, los derechos de aduana percibidos por los países desarrollados sobre los productos industriales importados de todas las regiones del mundo se redujeron en un 40 % por término medio, pasando del 6,3 % al 3,8 %.

Por lo que se refiere a la Comunidad Europea, casi el 40 % de sus importaciones industriales se efectúa libre de derechos. En efecto, los derechos de aduana que la CE aplica a los productos industriales figuran entre los más bajos del mundo y la mayoría de ellos habrá desaparecido de aquí a 2004, de acuerdo con los compromisos asumidos por la Comunidad en la Ronda Uruguay.

Productos agropecuarios

Con arreglo al Acuerdo en materia de Agricultura, el acceso a los mercados de los productos agropecuarios ha quedado sujeto a un régimen basado únicamente en los derechos de aduana. Las medidas no arancelarias en la frontera se sustituyeron por derechos de aduana que garantizan una protección equivalente. Los nuevos derechos de aduana derivados del proceso de "tarificación" y los demás derechos aplicables a los productos agropecuarios deberían reducirse en un 36 % por término medio en seis años en el caso de los países desarrollados y en un 24 % en diez años en el caso de los países en desarrollo. Los países menos avanzados no están obligados a proceder a reducciones.

Los miembros de la OMC deben reducir tanto los gastos por las subvenciones a la exportación como las cantidades de exportaciones subvencionadas de determinados productos. Por lo que respecta a los productos que no son objeto de compromisos de reducción en materia de subvenciones a la exportación, el Acuerdo precisa que en adelante no podrá utilizarse ninguna subvención de este tipo. Los países desarrollados deben reducir el valor de las subvenciones directas a la exportación en un 36 % respecto al nivel del período de referencia (1986-1990) durante un período de aplicación de seis años y reducir el volumen de exportaciones subvencionadas en un 21 % durante ese mismo período. Los países en desarrollo deben efectuar reducciones equivalentes a los dos tercios de las reducciones efectuadas por los países desarrollados, en un período de diez años (reducción nula para los países menos avanzados).

Las medidas internas de apoyo a los agricultores (mantenimiento de los precios) se regulan por medio de una reducción de la medida global de apoyo total (MGA total). Los países desarrollados se comprometieron a reducir su MGA total en un 20 % en el plazo de seis años (1986-1988 fue el período de referencia utilizado para calcular las reducciones). Los países en vías de desarrollo deben reducir su MGA total en un 13 % en diez años. Estos compromisos no se aplican a las medidas que tienen un efecto de distorsión del comercio escaso o nulo (medidas denominadas de "categoría verde", como la investigación o la formación agrícolas realizadas en el marco de programas públicos).

Este conjunto de medidas se concibe como un proceso continuo cuyo objetivo a largo plazo consiste en reducir progresiva y sustancialmente el apoyo y la protección en el ámbito agropecuario.

Productos textiles y de vestido

El Acuerdo multifibras (AMF) de 1973, que abarca las fibras naturales y sintéticas y los productos relacionados, dejó el comercio de textiles fuera del régimen común del GATT. En efecto, dicho Acuerdo estableció un régimen de exención al legalizar los acuerdos bilaterales de autolimitación entre Estados, es decir, las restricciones cuantitativas, prohibidas por el GATT.

Las negociaciones de la Ronda Uruguay tenían por objeto garantizar una integración fluida del sector de los productos textiles y de vestido en el marco del GATT de 1994. Por ello, el Acuerdo sobre textiles y vestido (AT) contempla el desmantelamiento por etapas del AMF antes del 1 de enero de 2005. Se trata de eliminar progresivamente las restricciones cuantitativas, en particular, los contingentes bilaterales negociados en el marco del AMF. La integración significa que, una vez integrado el producto, el comercio de éste queda regulado por las normas generales del GATT de 1994. El programa de integración consta de cuatro etapas y todos los productos deben haberse integrado antes del 1 de enero de 2005. El Acuerdo dispone asimismo que todas las restricciones a la importación de productos textiles y de vestido que no estén contemplados en el AMF deben notificarse y ajustarse al GATT en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del AT o eliminarse gradualmente en un plazo que no supere la vigencia del Acuerdo (de aquí a 2005).

Pueden adoptarse medidas de salvaguardia para los países cuyas industrias locales tengan dificultades para adaptarse. Dichas medidas pueden tener una duración máxima de tres años y han de someterse a la estricta vigilancia del Comité de supervisión textil.

NORMAS RELATIVAS A LAS MEDIDAS NO ARANCELARIAS

Obstáculos técnicos al comercio

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) tiene por objeto garantizar que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional. El Acuerdo reconoce el derecho de los países a adoptar ese tipo de medidas siempre y cuando contribuyan a alcanzar un objetivo legítimo como es el de la protección de la salud, la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. Los reglamentos técnicos y las normas no deben suponer discriminación alguna entre los productos nacionales y los productos similares importados. Simultáneamente, el Acuerdo fomenta el recurso a las normas internacionales y la armonización y el reconocimiento mutuo de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad.

El Acuerdo recoge un código de prácticas para la elaboración, adopción y aplicación de las normas por parte de las instituciones del Gobierno central, así como las disposiciones relativas a la elaboración y aplicación de los reglamentos técnicos para las instituciones públicas locales y los organismos no gubernamentales. El Acuerdo establece que los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos con las normas nacionales no deben tener un efecto discriminatorio respecto a los productos importados. Asimismo, dispone la creación de puntos nacionales de información para facilitar el acceso a la información relativa a los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad en cada país miembro.

Medidas sanitarias y fitosanitarias

El Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) se refiere a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional. Por MSF se entienden aquellas medidas que o bien se aplican para proteger la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales de los riesgos derivados de los aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos presentes en los productos alimentarios, o bien para proteger un país de los daños ocasionados por la entrada, el establecimiento o la diseminación de parásitos.

El Acuerdo reconoce a los países miembros el derecho de adoptar MSF basadas en fundamentos científicos, si bien deben procurar que dichas medidas no tengan un efecto discriminatorio respecto a otros países. Además de ello, las MSF no deben emplearse con fines proteccionistas. Se alienta a los países miembros a adoptar, siempre que sea posible, tales medidas por medio de normas, directrices o recomendaciones internacionales. Se puede impugnar la aplicación de las medidas, en cuyo caso se contempla un procedimiento de solución de diferencias.

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y COMERCIAL

Valoración en aduana

Cuando los derechos de aduana se perciben ad valorem, resulta importante establecer un procedimiento claro para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. En efecto, si se lleva a cabo conforme a normas equitativas, la valoración en aduana puede tener el efecto de una medida de protección no arancelaria y ser más restrictiva que el propio derecho de aduana.

El Acuerdo sobre el valor en aduana reconoce que éste debería basarse, en principio, en el valor de transacción, es decir, el precio real de las mercancías. En los casos muy concretos en que el valor de transacción no puede servir de base para determinar el valor en aduana, el Acuerdo contempla cinco métodos distintos de valoración en aduana que han de aplicarse según un orden jerárquico establecido.

Inspección previa a la expedición

Con el fin de evitar fraudes y de compensar las carencias de sus estructuras administrativas, una serie de países en desarrollo recurren a los servicios de empresas privadas para comprobar la calidad, la cantidad, el precio o la clasificación aduanera de las mercancías importadas antes de que sean exportadas desde el país proveedor. El Acuerdo sobre la inspección previa a la expedición dispone las obligaciones de los países usuarios por lo que respecta fundamentalmente a la no discriminación, la transparencia, la protección de la información comercial confidencial y la comprobación de los precios.

Normas de origen

Las normas de origen son los criterios que se aplican para determinar el país de origen de un producto y que no han de plantear obstáculos innecesarios al comercio internacional. El Acuerdo sobre normas de origen establece una serie de pautas para la aplicación de las normas. Asimismo, dicho Acuerdo se refiere a las normas empleadas en los instrumentos no preferenciales de política comercial y su objetivo principal se centra en la armonización de las normas de origen no preferenciales con vistas a que todos los miembros de la OMC apliquen los mismos criterios, con independencia de la finalidad.

En espera de la armonización y durante un período de transición, los miembros de la OMC deben velar porque se definan claramente las condiciones necesarias para determinar las normas de origen y porque dichas normas no restrinjan, distorsionen ni desorganicen el comercio internacional. Las normas tampoco deben imponer condiciones indebidamente rigurosas ni exigir como requisito previo para determinar el país de origen que se cumpla una determinada condición que no se encuentre relacionada con la fabricación o la elaboración.

Después del período de transición, en el plazo de tres años, los miembros deben establecer normas de origen armonizadas, que deben aplicarse por igual y ser objetivas, comprensibles y previsibles. Esta labor de armonización se realiza en el Comité de Normas de Origen de la OMC y en un Comité Técnico bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera.

El Anexo 2 del Acuerdo recoge una declaración común relativa a las normas de origen preferenciales.

Procedimientos para el trámite de licencias de importación

Se trata del procedimiento administrativo seguido para la presentación de una solicitud u otra documentación al órgano administrativo pertinente, como condición previa para efectuar una importación en el territorio aduanero de un país importador. Los principales objetivos del Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación consisten en simplificar dichos procedimientos y garantizar su transparencia y previsibilidad con el fin de que se apliquen de forma justa y equitativa.

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL

Medidas antidumping

El artículo VI del GATT de 1994 autoriza a los miembros a aplicar medidas antidumping, que, no obstante, solo pueden imponerse si se reúnen tres condiciones:

  • cuando se exporta el producto, se vende a un precio inferior a su valor normal, es decir, inferior al precio comparable que se aplica a un producto similar en el mercado del país exportador;
  • las importaciones objeto de dumping causan o pueden causar un perjuicio importante a la rama de producción nacional del país importador;
  • la relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el notable perjuicio que se causa a la rama de producción ha de quedar claramente establecida.

El Acuerdo sobre la aplicación de medidas antidumping se basa en el Acuerdo negociado en la Ronda de Tokio, si bien introduce normas más precisas y claras sobre el método de determinación del dumping y los procedimientos que han de seguirse en las investigaciones. Este Acuerdo incrementa la transparencia, pues dispone que las decisiones antidumping deben notificarse sin demora al Comité de Prácticas Antidumping creado en virtud de dicho Acuerdo y contempla asimismo un procedimiento de solución de diferencias.

Subvenciones y medidas compensatorias

A diferencia del acuerdo resultante de la Ronda de Tokio, el nuevo Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, define el término «subvención» e indica que únicamente las subvenciones específicas están sujetas a las disposiciones del mismo. Enuncia los criterios que permiten determinar si una subvención es específica para una empresa, una rama de producción o un grupo de empresas o de ramas de producción. El Acuerdo clasifica las subvenciones en tres categorías: las que están prohibidas, las que pueden dar lugar a una acción y las que no pueden dar lugar a ninguna acción. Además, el Acuerdo contempla medidas correctoras diferentes para cada categoría de subvenciones.

El Acuerdo recoge asimismo disposiciones relativas a la utilización de las medidas compensatorias, es decir, los derechos impuestos por el país importador para compensar el efecto de la subvención. Se trata de normas similares a las que se aplican en el caso de las acciones antidumping.

Salvaguardias

El Acuerdo sobre Salvaguardias establece las normas para la aplicación de las medidas de salvaguardia contempladas en el artículo XIX del GATT de 1994. En efecto, dicho artículo permite a los miembros de la OMC adoptar una medida de salvaguardia de forma no discriminatoria con objeto de limitar las importaciones cuando se producen determinadas condiciones y con objeto de proteger una rama de producción nacional de un daño o una amenaza graves derivados de un aumento de las importaciones.

El Acuerdo prohíbe las medidas denominadas de la "zona gris" como son las medidas de autolimitación de las exportaciones u otros acuerdos de división del mercado. Además de ello, recoge una cláusula de extinción para todas las medidas de salvaguardia existentes e incluye precisiones sobre los procedimientos y las normas que deben seguirse para adoptar medidas de salvaguardia.

OTRAS NORMAS RELATIVAS A LAS MERCANCÍAS

Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC)

El Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de mercancías (MIC) afirma que algunas medidas relativas a las inversiones pueden tener un efecto restrictivo y distorsionante en el comercio. Los miembros de la OMC se comprometen a no aplicar MIC que sean incompatibles con el principio del trato nacional establecido por el GATT o con la prohibición de las restricciones cuantitativas. El Acuerdo incluye una lista ilustrativa de las MIC incompatibles con dichas disposiciones (obligación de compra de una cantidad determinada de productos de origen nacional, etc.).

Todas las MIC deben notificarse y eliminarse en un plazo de dos años en el caso de los países desarrollados, de cinco años si se trata de países en desarrollo y de siete en el caso de los países menos avanzados. Un Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio se encarga de supervisar el respeto de estos compromisos.

Por otra parte, los miembros decidieron determinar posteriormente si convendría completar el Acuerdo mediante disposiciones relativas a las políticas de inversión y de competencia.

Disposiciones relativas a la balanza de pagos

El GATT de 1994 autoriza a los miembros de la OMC a imponer restricciones al comercio por motivos de balanza de pagos. El Entendimiento sobre las disposiciones relativas a la balanza de pagos aclara las disposiciones del GATT de 1994 y consolida los procedimientos de consulta y notificación de medidas de restricción. Confirma también el compromiso asumido por los miembros en la Ronda de Tokio de dar preferencia a las medidas basadas en los precios, como los recargos a la importación o las prescripciones en materia de depósito previo a la importación, en lugar de aplicar restricciones cuantitativas por motivos de balanza de pagos.

Empresas comerciales del Estado

El artículo XVII del GATT de 1994 regula las actividades de las empresas comerciales del Estado (gubernamentales y no gubernamentales) con el fin de garantizar que los Estados no se sirven de estas empresas para eludir las obligaciones de fondo que recaen sobre las mismas en virtud del GATT. El Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII recoge una definición precisa de las empresas comerciales del Estado y tiene por objeto estrechar la vigilancia de sus actividades mediante procedimientos reforzados de notificación y examen.

Contratos públicos

El Acuerdo sobre Contratación Pública es uno de los cuatro acuerdos plurilaterales que figuran en el anexo 4 del Acuerdo de Marrakech (en diciembre de 1997 concluyeron dos de ellos, relativos a la carne de bovino y los productos lácteos; el Acuerdo restante se refiere al comercio de aeronaves civiles). Estos acuerdos son aplicables únicamente para los miembros de la OMC que los aceptaron expresamente. La Comunidad Europea se encuentra entre la veintena de miembros de la OMC que los firmaron y adoptaron.

El Acuerdo sobre Contratación Pública sustituye al antiguo acuerdo derivado de la Ronda de Tokio y tiene por objeto abrir a la competencia internacional una parte tan amplia como sea posible de la contratación pública en un marco que garantice la transparencia y la no discriminación de los productos y proveedores extranjeros. Abarca los contratos celebrados por instituciones públicas locales (Estados de un conjunto federal, provincias, cantones, municipios) y se refiere tanto a las mercancías como a las obras y los servicios. El marco jurídico creado por el Acuerdo refleja, a grandes rasgos, las normas comunitarias en materia de contratación pública.

El Acuerdo regula los contratos públicos cuyo valor supere un determinado importe: 130 000 DEG (Derechos Especiales de Giro, unidad de cuenta del FMI) si se trata de la adquisición de mercancías y servicios por parte de instituciones de gobiernos centrales, 200 000 DEG si son gobiernos subcentrales, 400 000 DEG si son empresas de servicio público y 5 000 000 DEG si se trata de licitaciones de construcción.

El Acuerdo abarca cinco sectores de actividad: puertos, aeropuertos, aguas, electricidad y transportes urbanos y se basa en el principio de reciprocidad: los países sólo deben abrir sus licitaciones en dichos sectores a los signatarios del Acuerdo que se hayan comprometido en el mismo sector.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Decisión 94/800/CE

1.1.1995

-

DO L 336 de 23.12.1994

Última modificación: 10.04.2006

Véase también

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