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Defensa contra los obstáculos al comercio

El presente Reglamento proporciona un procedimiento que permita a los operadores económicos y a los Estados miembros pedir a las instituciones comunitarias que reaccionen frente a los obstáculos al comercio por parte de terceros países, a fin de eliminar el perjuicio o los efectos comerciales adversos derivados de los mismos de acuerdo con las normas del comercio internacional.

ACTO

Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

El presente Reglamento sustituye al Reglamento de 1984 relativo a las prácticas ilícitas y abarca los obstáculos al comercio que puedan afectar a las exportaciones comunitarias hacia los mercados de terceros países.

El ámbito de aplicación del Reglamento relativo a los obstáculos al comercio es más amplio que el relativo a las prácticas ilícitas y es aplicable a los bienes y a determinados servicios, principalmente transfronterizos.

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «obstáculo al comercio» toda práctica comercial adoptada por un tercer país, pero prohibida por las normas del comercio internacional, que reconocen a la parte perjudicada el derecho a tratar de eliminar su efecto. Las normas comerciales internacionales son esencialmente las de la OMC o las derivadas de acuerdos bilaterales con terceros países de los que sea parte la Comunidad.

Se entenderá por «perjuicio» cualquier perjuicio importante que cause o amenace causar un obstáculo al comercio a un sector económico del mercado de la Comunidad.

Se entenderá por «efectos comerciales adversos» los que causen o amenacen causar un obstáculo al comercio para empresas comunitarias en el mercado de cualquier tercer país, y que tengan una repercusión importante en la economía de la Comunidad o de una región de la Comunidad, o en un sector de actividad económica de la misma.

Se entenderá por «industria comunitaria» el conjunto de los productores o proveedores de productos o servicios objeto de un obstáculo comercial, o el conjunto de aquellos productores o proveedores de servicios cuyas producciones sumadas constituyan una proporción importante de la producción comunitaria total de los productos o servicios de que se trate.

Se entenderá por «empresa comunitaria» una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tenga su sede estatutaria, su administración central o su establecimiento principal en la Comunidad, directamente afectada por la producción de bienes o la prestación de los servicios objeto de obstáculos al comercio.

Derecho de denuncia

Las denuncias de conformidad con el presente Reglamento se pueden presentar de tres formas:

  • en nombre de un sector económico comunitario que haya sufrido un perjuicio importante causado por un obstáculo al comercio que tenga efectos en el mercado de la Comunidad;
  • en nombre de una o varias empresas de la Comunidad que sufran los efectos perjudiciales adversos de un obstáculo al comercio que tenga efectos en el mercado de un tercer país;
  • por un Estado miembro que denuncie un obstáculo al comercio.

La denuncia debe contener elementos de prueba suficientes de la existencia de obstáculos al comercio y del perjuicio o los efectos comerciales adversos resultantes. Para examinar el perjuicio o los efectos comerciales adversos, la Comisión tiene en cuenta determinados factores, como el volumen respectivo de las importaciones o exportaciones en cuestión, los precios de los competidores del sector económico comunitario en cuestión, el índice de crecimiento de las exportaciones al mercado donde se da la competencia con los productos comunitarios, la capacidad de exportación del país de origen o de exportación, etc.

Procedimientos de examen

Las denuncias se deben presentar por escrito a la Comisión, que dispone de un plazo de cuarenta y cinco días para decidir si la denuncia es admisible. Ese plazo se podrá suspender a instancia del demandante para permitir que se proporcione información complementaria.

El Reglamento prevé un procedimiento de consulta, a través de un comité consultivo compuesto por representantes de cada uno de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, dentro del cual se informa a los Estados miembros, que pueden expresar sus opiniones por escrito o solicitar una consulta oral.

Cuando la denuncia se considere admisible, se iniciará un procedimiento de investigación cuya apertura se dará a conocer mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El anuncio especificará, en concreto, el producto o el servicio y los países en cuestión. La Comisión recabará a continuación toda la información pertinente de las partes interesadas.

El procedimiento se dará por concluido cuando del procedimiento de investigación no se desprenda la necesidad de adoptar ninguna medida en interés de la Comunidad. Podrá suspenderse cuando, después del procedimiento de examen, el tercer país o los terceros países interesados adopten medidas para eliminar los efectos comerciales adversos o el perjuicio alegado en la denuncia. También se podrá suspender para permitir la búsqueda de una solución amistosa que pueda desembocar en la celebración de un acuerdo entre el tercer país o los terceros países interesados y la Comunidad.

Adopción de medidas de política comercial

Cuando (como consecuencia de un procedimiento de investigación) se considera necesario adoptar una medida en interés de la Comunidad con objeto de garantizar el ejercicio de sus derechos, se decidirán las medidas adecuadas sobre la base del presente Reglamento. Las medidas podrán consistir en:

  • la suspensión o retirada de cualquier concesión derivada de negociaciones de política comercial,
  • el aumento de los derechos de aduana existentes o el establecimiento de cualquier otro gravamen a la importación,
  • el establecimiento de restricciones cuantitativas o cualquier otra medida que modifique las condiciones de importación o de exportación o que afecte de otra manera los intercambios con el tercer país en cuestión.

Cuando las obligaciones internacionales de la Comunidad impongan a ésta la realización previa de un procedimiento internacional de consulta o de solución de litigios, las medidas previstas únicamente se decidirán una vez concluido dicho procedimiento y teniendo en cuenta los resultados del mismo.

El Consejo decidirá, a propuesta de la Comisión, en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la propuesta.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) nº 3286/941.1.1995-DO L 349 de 31.12.1994
Acto(s) modificativo(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Reglamento (CE) nº 356/9524.2.1995-DO L 41 de 23.2.1995
Reglamento (CE) nº 125/20085.3.2008-DO L 40 de 14.2.2008
Las modificaciones y correcciones sucesivas del reglamento (CE) nº 3286/94 se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada  tiene un valor meramente documental.

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2006, «Una Europa global - Instrumentos de defensa comercial europeos en una economía global en transformación - Libro Verde para consulta pública» [COM (2006) 763 final].
Este Libro Verde se inscribe en el proceso que se inició en octubre de 2006 y que tiene por objeto reflexionar y dar un nuevo impulso a la competitividad de la UE en una economía globalizada. En ese marco, la Comisión ha iniciado un procedimiento de reflexión sobre los instrumentos de defensa comercial (medidas antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia) para que dichos instrumentos sigan sirviendo lo mejor posible los intereses de la UE. En efecto, estos últimos están basados en las normas de la Organización Internacional del Comercio (OMC) y permiten proteger a la Unión Europea contra el comercio desleal, pero también gestionar las consecuencias de la globalización. Además, el contexto de adopción de los instrumentos de defensa comercial ha cambiado.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de octubre de 2006, «Una Europa global: competir en el mundo - Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» [COM (2006) 567 final - no publicada en el Diario Oficial].

Última modificación: 17.05.2011
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