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Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal con Estados Unidos

El presente Acuerdo establece las condiciones relativas a la prestación de asistencia judicial mutua en materia penal entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.).

ACTO

Decisión 2009/820/PESC del Consejo, de 23 de octubre de 2009, sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y del Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

SÍNTESIS

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.) celebraron un acuerdo de asistencia judicial mutua, con vistas a mejorar la cooperación entre los países de la UE y EE.UU., así como para luchar contra la delincuencia de manera más eficiente. El acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 2010.

Los países de la UE y EE.UU. aplicaron las disposiciones del presente Acuerdo a sus tratados bilaterales de asistencia judicial mutua. A falta de dicho tratado, la UE y EE.UU. garantizarán, no obstante, que se apliquen las disposiciones del Acuerdo.

Asistencia judicial mutua

Previa solicitud, el país requerido deberá identificar y comunicar inmediatamente al país requirente información sobre:

  • bancos donde una persona física o jurídica, que sea sospechosa o acusada de un delito, posea una o más cuentas bancarias;
  • las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas o estén implicadas en un delito;
  • la información que posea una institución financiera no bancaria;
  • las transacciones financieras que no estén relacionadas con las cuentas bancarias.

Las solicitudes de asistencia de los países de la UE las transmiten las autoridades centrales responsables de asistencia judicial mutua o por las autoridades nacionales responsables de investigar o perseguir otros delitos. EE.UU. transmite sus solicitudes de asistencia a través de sus autoridades nacionales responsables de la investigación o persecución de delitos.

El país solicitante podrá utilizar un medio de comunicación rápido para la solicitud de asistencia y las comunicaciones relacionadas, seguido por una confirmación formal si así lo requiere el país requerido.

El país requirente podrá requerir al país requerido que mantenga la confidencialidad de la solicitud de asistencia y sus contenidos. La autoridad central del país requerido deberá informar al país requirente si no puede ejecutar la solicitud de asistencia sin violar la confidencialidad. El país requirente deberá entonces decidir si la solicitud de asistencia debe ejecutarse o no.

La UE y los EE.UU. deberán permitir el establecimiento y el funcionamiento de equipos conjuntos de investigación para facilitar las investigaciones o causas penales entre uno o más países de la UE y los EE.UU.

La UE y los EE.UU. también deberán permitir la videoconferencia entre los países de la UE y los EE.UU. para tomar los testimonios de testigos o peritos en las actuaciones.

Asistencia a las autoridades administrativas

La asistencia judicial mutua también deberá prestarse a las autoridades nacionales y administrativas, pero solo cuando el comportamiento investigado dé lugar a la persecución penal o se relacione con una investigación penal o autoridad fiscalizadora. Las autoridades responsables de transmitir dichas solicitudes de asistencia se designarán de acuerdo con los tratados bilaterales de asistencia judicial mutua entre los países afectados. En ausencia de dichos tratados, las solicitudes se transmitirán entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio de Justicia del país de la UE u otro ministerio equivalente responsable de la transmisión de las solicitudes de asistencia judicial mutua.

Limitaciones de la prestación de asistencia

Los países podrán limitar la prestación de su asistencia a los delitos que:

  • sean punibles con arreglo a la legislación de ambos países (requirente y requerido);
  • sean punibles con la privación de libertad o una medida de seguridad por un periodo máximo (de al menos cuatro años en el país solicitante y dos años en el país requerido);
  • se especifiquen como graves y punibles con arreglo a la legislación de ambos países.

Aunque un país limite su prestación de asistencia a los dos últimos tipos de delitos, deberá facilitar la identificación de las cuentas bancarias relacionadas con la actividad terrorista y el blanqueo de productos generados por actividades delictivas graves que sean punibles con arreglo a la legislación de ambos países.

Limitaciones del uso de pruebas o información

El país requirente únicamente podrá valerse de las pruebas o datos transmitidos por el país requerido para:

  • sus investigaciones y actuaciones penales;
  • proteger su seguridad pública contra una amenaza inmediata y grave;
  • sus actuaciones judiciales no penales o administrativas directamente relacionadas con investigaciones o actuaciones penales;
  • otros fines, siempre que la información o prueba se haya hecho pública o el país requerido haya dado su consentimiento previo.

El país requerido podrá imponer condiciones adicionales que limiten el uso de pruebas o información en un caso particular si, debido a la ausencia de dichas condiciones, no fue capaz de cumplir la solicitud particular de asistencia. En dicho caso, el país requerido deberá solicitar al país requirente que facilite información sobre el uso que hace de las pruebas o la información.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Decisión 2009/820/PESC

23.10.2009

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DO L 291, 7.11.2009

Última modificación: 01.04.2011

Véase también

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