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Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos

La Comisión presenta las cuestiones y opciones en torno a la elaboración de una política de tarificación del agua que refuerce el uso sostenible de los recursos hídricos.

ACTO

Comunicación de la Comisión al Consejo al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, de 26 de julio de 2000, «Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos» [COM (2000) 477 - no publicada en el Diario Oficial].

SÍNTESIS

El agua constituye una de las prioridades ambientales de la Comisión Europea. La Directiva marco sobre política de aguas establece las orientaciones que ha de tener dicha política en Europa durante las próximas décadas. Fomenta en particular el recurso a la tarificación del agua y a los cánones para incitar a los usuarios a utilizar los recursos hídricos de manera más sostenible y para que el sector económico recupere los costes de los servicios relacionados con el agua. Este es el contexto en el que la Comisión elaboró su comunicación sobre la tarificación y el uso sostenible de los recursos hídricos, cuya finalidad es impulsar un debate político provechoso sobre estas cuestiones e informar a las partes interesadas.

La Comisión subraya que la Comunicación no presenta la tarificación como único instrumento para resolver los problemas de los recursos hídricos. No obstante, debe estudiarse detenidamente esta opción y completarla con otros instrumentos a la hora de elaborar planes de gestión de los recursos hídricos de cada cuenca hidrográfica.

El agua y la política de aguas en Europa

La sostenibilidad de los recursos hídricos se ve amenazada en diversas regiones de Europa. Pueden citarse, a modo de ejemplo, la salinización de los acuíferos, las reducciones en el caudal de numerosos ríos o la contaminación difusa imputable a la agricultura.

En este contexto, el uso de instrumentos económicos (gravámenes, cánones, subvenciones o permisos negociables) ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y se vio plenamente legitimado en 1992 en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. En la Unión Europea también se reconoce el papel que pueden desempeñar los instrumentos económicos en materia ambiental. Más concretamente, el Tratado considera el principio de que «quien contamina paga» un principio fundamental de las políticas medioambientales europeas. Por otra parte, la Directiva marco sobre política de aguas pretende consolidar la tarificación a fin de mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

El «precio del agua» se define como «el importe global o marginal que pagan los usuarios por todos los servicios relacionados con el agua (por ejemplo, tratamiento de las aguas residuales), incluido el aspecto ambiental».

Teoría y práctica de la política de tarificación del agua

A fin de alcanzar objetivos ambientales e integrar los grandes principios económicos, la política de tarificación del agua debe reflejar varios tipos de costes:

  • Costes financieros: costes directos que incluyen los gastos de prestación y administración, de explotación y mantenimiento, así como los de capital.
  • Costes ambientales: costes de los daños que el uso del agua supone al ecosistema (por ejemplo, salinización o deterioro de los suelos productivos).
  • Costes de recursos: costes del agotamiento de los recursos que entraña la desaparición de determinadas oportunidades para otros usuarios.

Cada usuario debe pagar los costes derivados de su consumo de agua. Para que la tarificación incite a utilizar mejor los recursos hídricos, los precios deben estar directamente relacionados con la cantidad de agua consumida o con la contaminación provocada.

Existen grandes diferencias entre los sistemas de tarificación del agua de los Estados miembros. En los países del sur de Europa, por ejemplo, el sector agrario, uno de los principales consumidores de agua, disfruta de tarifas preferentes (gracias a diversos tipos de subvenciones). En los últimos años, la tarificación del agua ha registrado un mayor protagonismo en la política de aguas de numerosos Estados miembros. La tarificación del agua también habrá de desempeñar un papel importante en los países que han adherido a la Unión Europea en 2004, debido fundamentalmente al elevado coste que supondrá el cumplimiento del acervo comunitario.

La política de tarificación del agua permite limitar la presión sobre los recursos hídricos y mantener las infraestructuras. Además, es preciso un planteamiento armonizado de la tarificación del agua para evitar las distorsiones de competencia que se derivan de una aplicación heterogénea de los principios económicos en el mercado interior.

Hacia una política de tarificación del agua que refuerce el uso sostenible de los recursos hídricos

Para aplicar una política de tarificación eficaz es preciso disponer de la siguiente información:

  • Demanda de agua, sobre la que, en el sector agrario por ejemplo, todavía se dispone de escasa información. Es necesario desarrollar métodos de medición (contadores, uso de imágenes obtenidas por satélite, etc.).
  • Elasticidad de la demanda de agua en relación con su precio.
  • Costes financieros del suministro de agua.
  • Costes ambientales y de recursos. La evaluación de tales costes, sin embargo, sigue resultando difícil.

Las estructuras de tarificación deberían incluir un elemento variable (cantidad, contaminación) para que tengan una verdadera función de incentivo.

Por razones de costes y de aceptación política, la nueva tarificación deberá introducirse de forma progresiva. Las preocupaciones de orden social deben tenerse en cuenta al elaborar la política de tarificación del agua, pero no deberían considerarse prioritarias cuando el uso sostenible de los recursos hídricos se ve amenazado. Los problemas de índole social se resuelven mejor con medidas sociales complementarias. Es necesario proceder a una evaluación sistemática ex ante y ex post de los efectos sociales y de los efectos en la demanda de la política de tarificación.

También han de tomarse en consideración las cuestiones de escala. Los costes financieros se evalúan y gestionan mejor a escala de los proveedores de servicios relacionados con el agua, pero, en materia ambiental, la escala más adecuada es la de la cuenca hidrográfica. Ello puede plantear dificultades en el caso de las cuencas hidrográficas transfronterizas (por ejemplo, la cuenca del Rin), en el que los costes deberán repartirse entre las partes interesadas y las administraciones de diversos países.

Quizás sea necesario adaptar el marco institucional actual para facilitar la transición hacia una tarificación incentivadora. En particular, debería garantizarse la transparencia (a través de políticas de información y comunicación y de comparaciones entre la calidad y el precio) y la participación pública en la política de tarificación del agua. También es necesario un control de los precios del agua para cerciorarse de que reflejan adecuadamente los costes.

La política de tarificación del agua debe completarse con otras medidas para resolver los problemas cualitativos y cuantitativos de uso de los recursos hídricos. Asimismo, debe garantizarse una mayor sinergia entre la política de tarificación del agua y las demás políticas de la Unión Europea, como la política agrícola común o las políticas estructurales y de cohesión, que también deben fomentar un uso más sostenible del agua. El programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comisión Europea desempeñará un papel esencial en la elaboración de nuevas metodologías de evaluación y análisis económico.

La aplicación de la Directiva marco sobre política de aguas constituirá el impulso adecuado para elaborar una política de tarificación basada en los elementos de la Comunicación.

 
Última modificación: 22.09.2006
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