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Retirada y eliminación de instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso

La Comisión evalúa cómo proteger el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación procedente de las instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso.

ACTO

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 18 de febrero de 1998, sobre la retirada y eliminación de instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso [COM (98) 49 final - no publicada en el Diario Oficial].

SÍNTESIS

La cuestión de la eliminación de la instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso volvió a surgir en 1995, tras el «asunto» Brent Spar. Previa autorización del Gobierno británico, la empresa Shell decidió eliminar la Brent Spar, plataforma de almacenamiento de petróleo en desuso, hundiéndola en aguas profundas en el Atlántico norte.

Esta decisión fue muy criticada por la opinión pública, habida cuenta del perjuicio para el medio ambiente marino. En la declaración ministerial emitida a raíz de la Conferencia del Mar del Norte, que coincidió con esta decisión, una mayoría de los ministros presentes, con excepción de los ministros del Reino Unido y Noruega, se pronunció en favor de la prohibición completa de la eliminación en el mar de todas las instalaciones de este tipo.

Tras el boicoteo por los consumidores de los productos Shell en varios Estados miembros, la empresa renunció a su proyecto y decidió desmantelar la estructura de la instalación y reutilizar el casco como parte de una ampliación de muelles en Noruega. Con todo, esta solución puntual no constituye una respuesta general al problema que plantean las 600 instalaciones de este tipo presentes en aguas europeas, en su mayoría británicas y noruegas.

La eliminación de las instalaciones en desuso será objeto de un nuevo debate en la reunión ministerial del Convenio OSPAR, que se celebrará en Portugal en julio de 1998 (OSPAR: Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves, firmado en Oslo el 15 de febrero de 1972, y su sucesor, el Convenio sobre protección del medio marino del Nordeste Atlántico, firmado en París el 9 de septiembre de 1992).

En la Conferencia del Mar del Norte de junio de 1995, la Comisión se declaró en favor del reciclado y reutilización de las instalaciones marítimas en desuso. Por consiguiente, firmó la declaración ministerial en la que se pedía este tipo de eliminación y se invitaba a las Partes Contratantes en los Convenios de Oslo y de París a aplicarlo para 1997.

A continuación, la Comisión OSPAR decidió una moratoria sobre la eliminación en le mar de instalaciones de petróleo y gas, a la espera de la adopción de una decisión definitiva al respecto.

Un estudio realizado a petición de la Comisión en noviembre de 1996 sobre los aspectos técnicos, medioambientales y económicos de la retirada y eliminación de estas instalaciones llegó a las conclusiones siguientes:

Respecto de las grandes instalaciones de hormigón:

  • no se dispone de suficientes conocimientos en cuanto a las aspectos técnicos de la eliminación;
  • no es necesario, desde un punto de vista ambiental, eliminarlas completamente;
  • resulta imposible evaluar el coste de la eliminación.

Para las demás instalaciones que comportan estructuras de acero:

  • una eliminación completa es técnicamente factible;
  • está justificada en términos económicos;
  • puede efectuarse con total seguridad;
  • pueden reducirse los residuos de sustancias tóxicas o peligrosas;
  • el acero puede se objeto de reciclado en tierra.

Los costes de retirada y eliminación corren por cuenta de los propietarios de las instalaciones, es decir, de las compañías de petróleo y gas. Parte de esos gastos da lugar a deducciones fiscales. El coste global que supondría remolcar a tierra todas las plataformas para su reciclado se ha estimado en 2.000 millones de ecus en un periodo de 25 años, o sea, un promedio anual de 80 millones de ecus. El impacto de una decisión de este tipo sobre los costes generales de producción de petróleo y gas sería insignificante.

Varios textos internacionales se refieren a las instalaciones marítimas de petróleo y gas en desuso. Cabe mencionar los siguientes:

  • Convención de Ginebra sobre la plataforma continental de 1958
  • Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982;
  • Convención de Londres de 1972;
  • Directrices y normas de la Organización Marítima Internacional para la retirada de instalaciones y estructuras marítimas de la plataforma continental de 1989;
  • Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1989;
  • Convenios de Oslo (1972) y de París (1992);
  • Convenio de Helsinki sobre la protección del medio marino en la zona del mar Báltico de 1992;
  • Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de 1976.

Sin embargo, no existe un marco jurídico común específico. Además, estos convenios tratan sólo de normas mínimas, pudiendo cada Estado imponer normas más estrictas.

Las negociaciones actuales para la adopción de una legislación específica se están celebrando en el seno de la OSPAR. Las Partes Contratantes en el Convenio OSPAR pueden no suscribir las decisiones adoptadas, por lo que es necesario el consenso.

Se ha preparado un proyecto preliminar para la reunión de julio de 1998.

Las ventajas de la adopción de una legislación internacional uniforme en este ámbito son las siguientes:

  • eliminar cualquier posibilidad de problemas de competencia derivado de las diferencias en las legislaciones nacionales;
  • limitar la emisión de sustancias contaminantes procedentes de las instalaciones;
  • reducir la contaminación del medio marino;
  • reforzar la seguridad de la navegación.

Pero subsisten desacuerdos en los siguientes puntos:

  • la propia estructura de la decisión: Noruega y el Reino Unido defienden una autorización general de la posibilidad de eliminación en el mar combinada con una lista de tipos de instalaciones cuya eliminación por este método esté prohibida (lista de prohibición), mientras que las demás Partes Contratantes están a favor de una decisión basada en una prohibición general de vertido con una lista de instalaciones para las que se podría considerar la posibilidad de eliminación en el mar (lista inversa);
  • la existencia de una cláusula de excepción que permitiría en determinadas circunstancias que las instalaciones de la lista de prohibición se consideren también para eliminación en el mar;
  • la definición de las características técnicas de las categorías de instalaciones (grandes de acero) que pueden ser objeto de una eliminación en el mar;
  • el caso de las instalaciones futuras;
  • el procedimiento de consulta para cualquier propuesta de eliminación en el mar (parece probable que se pueda alcanzar un acuerdo unánime al respecto);
  • los criterios por los que se podrá considerar la posibilidad de eliminación en el mar de una instalación.

Propuestas de la Comisión en el marco de las negociaciones OSPAR de julio de 1998:

  • adopción de un principio de prohibición de la eliminación en mar de estas instalaciones (lista inversa);
  • todas las instalaciones en desuso deberán ser desmontadas y trasladadas a tierra para ser recicladas y eliminadas con total seguridad, con excepción de determinadas instalaciones, en función de un análisis caso por caso;
  • las grandes instalaciones no podrán ser desmontadas en tierra, ya que no se dispone en la actualidad de la tecnología que permite este tipo de operaciones;
  • establecimiento de procedimientos de consulta con las Partes Contratantes y las organizaciones interesadas, para las instalaciones que deban ser eliminadas en el mar;
  • las instalaciones construidas después del 1 de enero de 1998 deberán ser desmontadas completamente y recicladas en tierra, transcurrido su período de utilización, en la medida en que esta operación sea factible y pueda efectuarse con total seguridad;
  • adopción de una cláusula por la que deberá realizarse un examen periódico de las disposiciones de la decisión, para tener en cuenta la evolución científica y técnica;
  • indicación clara de los responsables de las instalaciones en el fondo del mar, con el fin de garantizar la cobertura financiera de posibles perjuicios causados por dichas instalaciones.
Última modificación: 01.09.2006
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