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Almacenamiento geológico del dióxido de carbono

La Unión Europea (UE) establece un marco legislativo para el almacenamiento geológico del dióxido de carbono (CO2) en condiciones seguras para el medio ambiente. Este nuevo marco legislativo tiene como objetivo prevenir o, cuando esto no sea posible, suprimir al máximo los nefastos efectos de las emisiones de CO2 y cualquier riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

ACTO

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE y 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

SÍNTESIS

Esta Directiva tiene por objeto establecer un marco jurídico para el almacenamiento geológico, en condiciones seguras para el medio ambiente, del dióxido de carbono al objeto de contribuir a la lucha contra el cambio climático.

La presente Directiva se aplica al almacenamiento geológico del CO2 en el territorio de los Estados miembros, en sus zonas económicas exclusivas y sus plataformas continentales.

No se aplica, sin embargo, al almacenamiento geológico del CO2 con una capacidad inferior a 100 kilotoneladas.

El almacenamiento de CO2 en la columna de agua y en un emplazamiento situado en un complejo de almacenamiento que se extienda más allá del territorio, de las zonas económicas exclusivas o de las plataformas continentales de los Estados miembros no está autorizado.

Selección y exploración de los emplazamientos de almacenamiento

Una formación geológica solo podrá elegirse como emplazamiento de almacenamiento si, en las condiciones de utilización propuestas, no existe riesgo importante de fuga, y si no existe ningún riesgo significativo para el medio ambiente o la salud.

La idoneidad de una formación geológica para ser utilizada como emplazamiento de almacenamiento se determinará a través de una caracterización y una evaluación del complejo de almacenamiento potencial y de la zona circundante de conformidad con los criterios especificados en el anexo I de la presente Directiva. La caracterización de un emplazamiento se llevará a cabo en tres etapas:

  • Etapa n° 1: la recogida de datos relativa al emplazamiento (geología, hidrogeología, sismicidad, etc.) y las proximidades (población, proximidad de recursos o de emplazamientos protegidos, etc.).
  • Etapa n° 2: la creación de modelos informáticos a partir de los datos recopilados para caracterizar el emplazamiento bajo diversos aspectos (estructura geológica, propiedades geomecánicas y geoquímicas, volumen disponible, etc.).
  • Etapa n° 3: la caracterización del comportamiento dinámico del almacenamiento, la caracterización de la sensibilidad y la evaluación de los riesgos.

Las exploraciones que eventualmente resulten necesarias para obtener la información requerida para la elección de un emplazamiento de almacenamiento no podrán llevarse a cabo sin autorización. Dicha autorización será concedida por la autoridad competente de cada Estado miembro y tendrá una validez igual al tiempo necesario para la exploración del emplazamiento. No obstante, será posible obtener una prórroga en caso de que no se haya podido concluir la exploración en cuestión.

El titular de un permiso de exploración será el único facultado para explorar el complejo de almacenamiento de CO2 potencial. Los Estados miembros deberán garantizar que no se permiten usos conflictivos de los emplazamientos durante el período de validez del permiso.

Permiso de almacenamiento

No se puede explotar ningún emplazamiento de almacenamiento sin permiso. Las solicitudes de permisos de almacenamiento, que deben dirigirse a la autoridad competente de cada Estado miembro, han de contener determinados datos sobre el explotador, la caracterización del emplazamiento de almacenamiento y del complejo de almacenamiento y la evaluación de la seguridad prevista del almacenamiento, la cantidad total de CO2 que será inyectada y la composición de los flujos de CO2, las medidas preventivas, el plan de seguimiento propuesto, las medidas correctoras, un plan postcierre provisional, la prueba de la garantía financiera, etc.

La autoridad competente debe comprobar que se respetan las exigencias aplicables de la Directiva y otras disposiciones legislativas del Derecho de la Unión, y que la gestión del emplazamiento se va a confiar a una persona fiable y técnicamente competente. Los Estados miembros deben transmitir a la Comisión los proyectos de permiso de almacenamiento en un plazo de un mes tras su recepción. La Comisión podrá emitir un dictamen no vinculante sobre los proyectos de permiso de almacenamiento dentro de los cuatro meses siguientes a su recepción. La autoridad competente está obligada a tener en cuenta este dictamen al pronunciarse y, en caso de no seguir el dictamen de la Comisión, tendrá que justificar ante ella su decisión final.

No podrá llevarse a cabo ninguna modificación substancial sin que se haya expedido un nuevo permiso de almacenamiento o un permiso actualizado de conformidad con la presente Directiva.

La autoridad competente reexaminará la situación y la actualizará, o, en última instancia, retirará el permiso de almacenamiento:

  • en caso de fugas o irregularidades significativas;
  • en caso de incumplimiento de las condiciones vinculadas al permiso o de que exista riesgo de fugas o irregularidades significativas;
  • en caso de cualquier otro incumplimiento de las condiciones del permiso;
  • si resultara necesario a la luz de los últimos descubrimientos científicos y avances tecnológicos;
  • y, en todo caso, cinco años después de la expedición del permiso y posteriormente cada diez años.

Obligaciones relativas a la explotación, al cierre y al postcierre

No debe añadirse al flujo de CO2 con fines de eliminación ningún residuo ni ninguna otra materia. Las sustancias accidentalmente presentes en el flujo deben ser inferiores a los niveles que podrían dañar el emplazamiento de almacenamiento y las infraestructuras, o presentar un riesgo para el medio ambiente. El titular debe demostrar que el flujo de CO2 responde a estos criterios y llevar un registro de los flujos de CO2 entregados.

El titular debe controlar las instalaciones de inyección, el complejo de almacenamiento y, eventualmente, el medio circundante, de acuerdo con el plan de seguimiento aprobado por la autoridad competente. El seguimiento tiene por objeto, en particular, comparar el comportamiento real del CO2 con su modelización previa, y detectar las irregularidades significativas, la migración de CO2 ylas fugas y los efectos negativos sobre el medio ambiente y la población. El plan de seguimiento debe actualizarse como mínimo cada 5 años.

Al menos una vez al año, el titular debe comunicar a la autoridad competente determinados datos, y en particular los resultados del seguimiento del emplazamiento de almacenamiento, las cantidades y las características de los flujos de CO2, y la prueba del mantenimiento de la garantía financiera.

La autoridad competente debe proceder a inspecciones rutinarias (al menos una vez al año) o puntuales (por ejemplo, en caso de fugas, en caso de irregularidades significativas, en caso de incumplimiento de las condiciones del permiso, o de denuncias graves en relación con el medio ambiente o la salud) de los emplazamientos de almacenamiento. El informe resultante de cada inspección será comunicado al titular y hecho público.

En caso de fugas o irregularidades significativas, el titular debe informar de inmediato a la autoridad competente y adoptar las medidas correctoras necesarias, descritas en el plan de medidas correctoras aprobado por la autoridad competente. La autoridad competente puede imponer medidas suplementarias y, si el titular no actúa, adoptar ella misma medidas correctivas y reclamar su coste al titular.

El cierre del emplazamiento tiene lugar si se reúnen las condiciones que se precisan en el permiso, si el titular así lo solicita o si la autoridad competente lo decide a raíz de la retirada del permiso. Después del cierre, el titular sigue siendo responsable del emplazamiento, también por lo que se refiere al sellado del lugar y a la retirada de las instalaciones de inyección. El titular estará sometido a las mismas obligaciones que durante la explotación, de acuerdo con el plan postcierre provisional aprobado por la autoridad competente. La responsabilidad se transferirá luego a la autoridad desde el momento en que todos los datos disponibles demuestren que el CO2 almacenado permanecerá confinado perfecta e indefinidamente, que ha transcurrido un plazo mínimo, que se han respetado las obligaciones financieras, que el emplazamiento está sellado y que las instalaciones de inyección han sido retiradas. Tras la transferencia de responsabilidad, las inspecciones rutinarias cesarán y el seguimiento podrá reducirse a un grado que permita detectar fugas o irregularidades significativas. En caso de retirada del permiso, la autoridad competente asumirá las obligaciones anteriormente mencionadas y recuperará del antiguo titular todos los gastos contraídos hasta que se cumplan las condiciones para una transferencia definitiva de la responsabilidad a la autoridad competente (que todos los datos disponibles demuestren que el CO2 almacenado permanecerá confinado perfecta e indefinidamente).

Otras disposiciones

El titular debe constituir una garantía financiera o medida equivalente antes de presentar una solicitud de autorización de almacenamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la explotación, al cierre y al postcierre del emplazamiento.

Los Estados miembros garantizarán a los usuarios potenciales un acceso justo y abierto a las redes de transporte de CO2 y a los emplazamientos de almacenamiento de CO2. Deberán establecer asimismo un sistema de solución de litigios, cooperar entre ellos en las situaciones de carácter transfronterizo, llevar un registro de los emplazamientos de almacenamiento cerrados y transmitirlo a la Comisión, así como también presentarle cada tres años (por primera vez antes del 30 de junio de 2011) un informe sobre la aplicación de la Directiva.

Contexto

Esta Directiva forma parte del paquete sobre energía y cambio climático puesto en marcha por la Comisión a principios de 2008.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

DO L 140 de 5.6.2009

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 23 de enero 2008, «Dos veces 20 para el 2020 - El cambio climático, una oportunidad para Europa» [COM(2008) 30 final - no publicada en el Diario Oficial].
En enero de 2008, la Comisión adoptó una serie de medidas coherentes y globales con el propósito de alcanzar los objetivos fijados en la primavera de 2007 por la UE para 2020 en materia de cambio climático y energías renovables.

Última modificación: 17.02.2011
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