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Protección del medio ambiente mediante el derecho penal

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El fin de la propuesta es obligar a los Estados miembros a contar con sanciones penales para castigar las infracciones graves contra el medio ambiente, con el fin de garantizar una aplicación correcta del derecho medioambiental.

PROPUESTA

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de marzo de 2001 relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal.

SÍNTESIS

El Consejo y la Comisión reconocieron la necesidad de establecer un "acervo" comunitario para combatir los delitos contra el medio ambiente.

Con esta propuesta la Comisión quiere establecer normas mínimas sobre las sanciones por delitos contra el medio ambiente, tal como está previsto en el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE).

Los Estados miembros deberán perseguir todo comportamiento, intencional o ejercido por grave negligencia, que viole las disposiciones comunitarias destinadas a proteger el medio ambiente. Se anexará a la presente propuesta una lista exhaustiva de los actos comunitarios que incluirá, en particular, disposiciones relativas a:

  • el vertido no autorizado de sustancias (hidrocarburos, aceites usados o lodos de depuradora) en el agua así como la emisión de una determinada cantidad de sustancias peligrosas en la atmósfera, el suelo o el agua;
  • el tratamiento, transporte, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos;
  • el derrame de residuos en el suelo o en las aguas y la explotación abusiva de vertederos;
  • la posesión, captura y comercio de especies animales y vegetales protegidas;
  • la degradación del hábitat protegido;
  • el comercio de sustancias que empobrecen la capa de ozono.

Las sanciones penales deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasivas. Serán aplicables en caso de violación de las disposiciones comunitarias así como de complicidad o incitación a la violación. Además, en caso de infracción grave las personas físicas podrán ser privadas de libertad.

Los Estados miembros deberán prever las distintas sanciones aplicables a las personas físicas y jurídicas, en particular: multas, prohibición de subvenciones públicas, prohibición permanente o temporal del ejercicio de actividades comerciales o liquidación judicial.

Cada tres años los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre el estado actual de la aplicación de la presente propuesta. A continuación, la Comisión presentará un informe al Consejo y al Parlamento Europeo.

Contexto

El 11 de febrero de 2000, Dinamarca presentó una iniciativa para establecer una cooperación policial y judicial para luchar contra los delitos medioambientales graves, que desembocó en la adopción de la Decisión 2003/80/JAI. Esta decisión fue anulada por al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mediante sentencia de 13 de septiembre de 2005 (véanse "Actos conexos").

REFERENCIAS Y PROCEDIMIENTO

PropuestaDiario OficialProcedimiento
COM(2001) 139DO C 180 E de 26.6.20012001/0076/COD

ACTOS CONEXOS

Sentencia del Tribunal (Gran Sala) de 13 septiembre de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de la Unión Europea -Asunto C-176/03
En la sentencia el Tribunal anula la Decisión 2003/80/JAI porque dicha decisión habría sido tomada basándose en el Tratado CE y no en el Tratado de la Unión Europea (UE). Así, el Tribunal da razón a la Comisión al explicar que ésta puede adoptar medidas en relación con el derecho penal de los Estados miembros cuando la aplicación de sanciones penales constituye una medida indispensable para luchar contra los delitos medioambientales graves.

Última modificación: 03.04.2006
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