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Convenio de Aarhus aplicado a las instituciones de la Unión Europea

En un afán de coherencia, la Unión Europea aplica las disposiciones del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) a sus propias instituciones y organismos.

ACTO

Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

SÍNTESIS

La Unión Europea aplica el Convenio de Aarhus al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente en sus instituciones y organismos.

Acceso a la información en materia de medio ambiente

Las instituciones y los organismos de la Unión Europea tratan toda solicitud de acceso a la información medioambiental que obra en su poder de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1049/2001.

Además del acceso a la información medioambiental pedida, las instituciones y los organismos de la Unión Europea garantizan la recogida y difusión de dicha información.

Organizan la información sobre medio ambiente en su ámbito de competencias y ponerla sistemáticamente a disposición del público, especialmente en las bases de datos difundidas por medio de las tecnologías de las telecomunicaciones informáticas y electrónicas.

Estas bases de datos o registros deben incluir:

  • texto de los tratados, convenios o acuerdos internacionales y de la legislación europea sobre el medio ambiente, así como documentos políticos, planes y programas relacionados con el medio ambiente;
  • medidas adoptadas en los procedimientos por incumplimiento del Derecho europeo a partir de la emisión del dictamen motivado;
  • informes sobre el estado del medio ambiente;
  • datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente;
  • autorizaciones con un impacto significativo sobre el medio ambiente;
  • estudios sobre el impacto medioambiental y las evaluaciones de riesgo relativas a los elementos medioambientales.

La información sobre medio ambiente consultable por el público deberá estar actualizada, ser exacta y comparable. Previa solicitud, las instituciones y organismos europeos deben informar al público de los medios para acceder a la información existente, así como sobre los métodos de análisis, muestreo y pretratamiento de muestras utilizados para recopilar la información.

Si una institución u un organismo europeo recibe una petición sobre una información de que no dispone, comunica sin demora al solicitante cuál es la institución, el organismo o la autoridad pública que dispone de dicha información. La institución que reciba la solicitud también podrá remitirla directamente a la autoridad competente.

En caso de amenaza inminente para la salud de los ciudadanos o el medio ambiente, las instituciones u organismos europeos deben colaborar con las autoridades públicas y ayudarlas a poner inmediatamente a disposición del público toda la información en su posesión que pueda evitar o reducir los daños causados por la amenaza.

Al menos una vez cada cuatro años, debe publicarse un informe sobre el estado del medio ambiente a escala europea. Debe incluir datos sobre la calidad del medio ambiente y sobre las presiones que éste sufra.

Participación en la elaboración de los planes y programas medioambientales

Las instituciones y organismos europeos permiten al público participar en la elaboración de los planes y programas sobre el medio ambiente. Durante la toma de decisiones, se tendrán debidamente en cuenta los resultados del proceso de participación del público.

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente

Las entidades habilitadas (asociaciones, grupos y organizaciones reconocidos por un Estado miembro y cuyo objeto sea la protección del medio ambiente) dotadas de capacidad procesal que consideren contraria al Derecho medioambiental una acción u omisión administrativa pueden efectuar una petición de revisión interna ante dicha institución u organismo europeo. La petición debe hacerse por escrito en un plazo de seis semanas contadas a partir de la adopción del acto. En un plazo máximo de 12 semanas, la institución u organismo publica una decisión escrita y motivada, en la que se indiquen las medidas que deben adoptarse para garantizar el cumplimiento del Derecho medioambiental o la desestimación de la petición.

Si la entidad habilitada que presenta la solicitud considera que la decisión de la institución u organismo europeo no garantiza el cumplimiento del Derecho medioambiental, está facultada para entablar una acción judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La entidad puede adoptar la misma vía si la institución no comunica su decisión en el plazo previsto.

Las entidades habilitadas tienen capacidad procesal sin necesidad de demostrar un interés suficiente o el menoscabo de un derecho, siempre que hayan sido reconocidas y que el asunto a que se refiera la petición se sitúe en el ámbito estatutario de sus actividades.

Contexto

La Comunidad Europea firmó el Convenio de Aarhus el 25 de junio de 1998 y lo ratificó el 17 de febrero de 2005. Todos los Estados miembros, salvo Irlanda, también son partes del convenio.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Reglamento (CE) n° 1367/2006

28.9.2006

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DO L 264 de 25.9.2006

Última modificación: 20.10.2011
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