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Libertad de acceso a la información

La Unión Europea fija normas que permiten garantizar la libertad de acceso y la difusión de la información en materia de medio ambiente que obre en poder de las autoridades públicas, y fijar las condiciones básicas y las disposiciones prácticas para que dicha información sea accesible.

ACTO

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.

SÍNTESIS

El acceso a la información en materia de medio ambiente que obre en poder de las autoridades públicas es una condición fundamental que permitirá mejorar la ejecución y el control del Derecho comunitario de medio ambiente.

Las diferencias existentes entre las legislaciones vigentes en los distintos Estados miembros con relación al acceso a la información sobre medio ambiente que obre en poder de las autoridades públicas pueden crear dentro de la Comunidad condiciones de desigualdad en lo que respecta al acceso a la información, así como a las condiciones de competencia.

Se considerará información sobre medio ambiente aquella que se incluya entre los ámbitos que se enumeran a continuación: cualquier información disponible en forma escrita, visual y sonora o en forma de base de datos sobre el estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras y los espacios naturales, así como la relativa a las actividades o medidas que les afecten o puedan afectarles y a las actividades o medidas destinadas a protegerlas (incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente).

La presente Directiva pretende que la información medioambiental esté sistemáticamente disponible y sea difundida entre el público. Esta información incluirá al menos:

  • los tratados, convenios y acuerdos internacionales, la normativa comunitaria, nacional, regional o local sobre medio ambiente;
  • las políticas, programas y planes medioambientales;
  • los informes sobre el estado del medio ambiente (que se publicarán, como mínimo, cada 4 años);
  • los datos relativos a actividades con una repercusión sobre el medio ambiente;
  • las autorizaciones y acuerdos medioambientales;
  • los estudios de impacto sobre el medio ambiente y las evaluaciones de riesgos.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades públicas pongan a disposición de cualquier solicitante, sin que éste se vea obligado a hacer valer un interés determinado, la información en materia de medio ambiente que poseen o guardan por su cuenta. También velarán por que:

  • los funcionarios ayuden al público a tener acceso a la información buscada;
  • las listas de las autoridades sean accesibles al público;
  • pueda ejercerse realmente el derecho de acceso a la información medioambiental.

Los Estados miembros deben procurar que el público susceptible de ser afectado esté inmediatamente al corriente de la información en poder de las autoridades públicas relativas a amenazas inminentes para la salud o el medio ambiente.

A más tardar un mes después de la recepción de la solicitud, la información se pondrá a disposición del solicitante. Si la complejidad o el volumen de la información no permiten respetar este plazo, se concederá un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

La información de los registros y de las listas públicas podrá consultarse gratuitamente in situ. Sin embargo, a cambio de la puesta a disposición de la información, las autoridades podrán solicitar un canon de un importe razonable.

En caso de que se solicite la información en un formato específico, la autoridad facilitará la información en ese formato, salvo si ya está publicada o la autoridad está decidida a publicarla en otro formato. En este caso, se comunicará al solicitante en el plazo de un mes el motivo de la denegación. Las autoridades se esforzarán en guardar la información en formato fácilmente accesible y reproducible por medios electrónicos así como actualizados, comparables y precisos.

Las solicitudes de información podrán ser rechazadas (dirigiendo, en el plazo de un mes, una notificación justificada por escrito o por vía electrónica al solicitante) cuando:

  • la autoridad pública no está en posesión de la información solicitada. Sin embargo, tendrá la obligación, cuando conozca este extremo, de comunicar al solicitante qué autoridad posee la información;
  • la solicitud es abusiva;
  • la solicitud es demasiado general. Sin embargo, la autoridad deberá invitar y ayudar al solicitante a precisarlo;
  • la información solicitada está en curso de elaboración;
  • la solicitud se refiere a comunicaciones internas;
  • la difusión de la información afecta a la confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades públicas o a cuestiones comerciales o industriales, a la seguridad o la defensa, a la buena marcha de la justicia, a los derechos de propiedad intelectual, a la confidencialidad de los datos personales, a los intereses de la persona que proporciona la información de manera voluntaria o a la protección del medio ambiente.

Cuando se trate de información relativa a emisiones en el medio ambiente, los Estados miembros no podrán prever el rechazo de una solicitud en virtud de las excepciones relativas a la confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades públicas, a la confidencialidad de la información comercial o industrial, a la confidencialidad de los datos de carácter personal, a los intereses o a la protección de cualquier persona que haya proporcionado la información solicitada voluntariamente y a la protección del medio ambiente al que se refiere esa información.

Los Estados miembros velarán por que cualquier solicitante que considere que su solicitud ha sido tratada sin respeto de las disposiciones de la presente Directiva, pueda iniciar un procedimiento de reexamen o recurso administrativo rápido y poco costoso ante un órgano independiente.

A más tardar el 14 de agosto de 2009, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. A su vez, la Comisión informará al Consejo y al Parlamento Europeo y propondrá, si ha lugar, modificaciones de la misma.

Contexto

El 25 de junio de 1998, la Comunidad firmó el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (denominado Convenio de Aarhus). Para su ratificación, la normativa comunitaria debe ser coherente con dicho Convenio. La presente Directiva busca dicha compatibilidad, amplía el nivel de acceso a la información previsto en la Directiva 90/313/CE y deroga ésta a partir del 14 de febrero de 2005.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Directiva 2003/4/CE14.2.200314.2.2005DO L 41 de 14.2.2003

ACTOS CONEXOS

Informe [COM (2000) 400 final].

El artículo 8 de la Directiva 90/313/CE prevé que, cuatro años después del 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la experiencia adquirida, del cual se servirá la Comisión para elaborar un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo que irá acompañado de las propuestas de revisión que considere adecuadas. El informe se basará en la experiencia adquirida por los Estados miembros gracias a la aplicación de la Directiva. También tomará en consideración los informes elaborados por organizaciones no gubernamentales (ONG) activas en asuntos ambientales y las novedades en el Derecho comunitario e internacional. Las quejas, las peticiones y las preguntas parlamentarias resultarán esenciales para determinar los principales problemas, que son los siguientes:

  • Definición de la información que debe divulgarse y de las autoridades públicas y otros organismos que deben divulgarla.
  • Disposiciones prácticas orientadas a que la información se haga efectivamente disponible.
  • Excepciones a la obligación de garantizar el acceso a la información.
  • Obligación de responder.
  • Plazos de cumplimiento de la obligación.
  • Obligación de justificar la denegación.
  • Procedimiento de recurso contra las decisiones de denegar la información.
  • Tasas.
  • Suministro activo de información.

La Comisión decidió presentar la Directiva 2003/4/CE para corregir estos defectos y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus.

Última modificación: 12.06.2006
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