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Acceso a la información, participación de los ciudadanos y acceso a la justicia

Mediante la aprobación del Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus), la Unión Europea pretende sensibilizar e implicar a los ciudadanos en las cuestiones medioambientales y mejorar la aplicación de la normativa medioambiental.

ACTO

Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

SÍNTESIS

Mediante la presente Decisión, se aprueba en nombre de la Comunidad el Convenio de Aarhus (firmado por la Comunidad Europea y sus Estados miembros en 1998).

El Convenio, vigente desde el 30 de octubre de 2001, parte de la idea de que una mayor implicación y sensibilización de los ciudadanos con relación a los problemas medioambientales conduce a una mejor protección del medio ambiente. El Convenio tiene por objeto contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar. Para alcanzar dicho objetivo, el Convenio propone intervenir en tres ámbitos:

  • garantizar el acceso del público a las informaciones sobre medio ambiente de que disponen las autoridades públicas;
  • favorecer la participación del público en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el medio ambiente;
  • ampliar las condiciones de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Las instituciones comunitarias responden a la definición de autoridad pública del Convenio, en igualdad de condiciones que las autoridades nacionales o locales.

Las Partes del Convenio se comprometieron a aplicar las disposiciones enumeradas, por lo que deben:

  • adoptar las medidas legales, reglamentarias o de otro tipo necesarias;
  • procurar que los funcionarios y las autoridades públicas ayuden y aconsejen a los ciudadanos para tener acceso a la información, participar en el proceso de toma de decisiones y recurrir a la justicia;
  • favorecer la educación ecológica del público y concienciarlo respecto de los problemas medioambientales;
  • conceder su reconocimiento y apoyo a las asociaciones, organizaciones o grupos que tengan por objeto la protección del medio ambiente.

Acceso del público a la información sobre el medio ambiente

El Convenio contempla derechos y obligaciones específicos en cuanto al acceso a la información, en particular en lo que se refiere a los plazos de transmisión de la misma y los motivos que pueden alegar las autoridades públicas para rehusar el acceso a determinado tipo de informaciones.

La negativa a proporcionar información se admite en tres casos:

  • si la autoridad pública no dispone de la información solicitada;
  • si la solicitud es claramente abusiva o está formulada en términos demasiado generales;
  • si la solicitud se refiere a documentos que estén elaborándose.

La denegación de una solicitud está igualmente prevista por razones de secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, de defensa nacional, de seguridad pública, o para permitir la buena marcha de la justicia, así como para conformarse al secreto comercial o industrial, los derechos de propiedad intelectual, el carácter confidencial de los datos o los intereses de un tercero que haya facilitado voluntariamente la información: tales motivos de denegación deben interpretarse de manera restrictiva y teniendo en cuenta el interés público que puede representar la divulgación de la información.

La decisión de denegación debe ser motivada e indicar al solicitante las vías de recurso de que dispone.

Las autoridades públicas deben mantener al día las informaciones de que disponen, para lo cual elaborarán listas, registros o ficheros accesibles al público. Habrá de favorecerse la utilización de bases de datos electrónicas que incluyan informes sobre el estado del medio ambiente, la legislación, los planes o políticas nacionales y los convenios internacionales.

Participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente

El segundo aspecto del Convenio se refiere a la participación del público en el proceso de toma de decisiones. Dicha participación debe estar garantizada en el procedimiento de autorización de determinadas actividades específicas (principalmente actividades de carácter industrial) enumeradas en el anexo I del Convenio. El resultado de la participación del público deberá ser tenido debidamente en cuenta para la decisión final de autorización de la actividad.

Desde el inicio del proceso de toma de decisiones los ciudadanos estarán informados de los elementos siguientes:

  • el asunto sobre el cual deberá adoptarse la decisión;
  • la naturaleza de la decisión que se tiene que adoptar;
  • la autoridad encargada de tomar la decisión;
  • el procedimiento previsto, incluidos los detalles prácticos del procedimiento de consulta;
  • el procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente (si está previsto).

Los plazos del procedimiento deberán permitir la participación efectiva del público.

Para la elaboración de los planes y programas relativos al medio ambiente se prevé un procedimiento simplificado.

El Convenio invita igualmente a las Partes a impulsar la participación del público en la elaboración de políticas relativas al medio ambiente, así como en las normas y la legislación que puedan tener una incidencia significativa en el medio ambiente.

Acceso a la justicia en el ámbito del medio ambiente

En materia de acceso a la justicia, el público podrá recurrir a la justicia en condiciones adecuadas, en el marco de la legislación nacional, cuando considere que sus derechos en materia de acceso a la información (solicitud de información ignorada, rechazada de forma abusiva o tenida en cuenta de forma insuficiente) han sido vulnerados.

Se garantiza asimismo el acceso a la justicia en caso de violación del procedimiento de participación previsto en el Convenio. Se admite, además, el acceso a la justicia para la solución de controversias vinculadas con actos u omisiones de particulares o de autoridades públicas que infrinjan las disposiciones medioambientales del ordenamiento jurídico nacional.

Transposición del Convenio de Aarhus al Derecho comunitario

La Comunidad se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar una aplicación eficaz del Convenio. El primer pilar del citado Convenio, que hace referencia al acceso del público a la información, fue aplicado a escala comunitaria mediante la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental. El segundo pilar, relativo a la participación del público en los procedimientos medioambientales, fue transpuesto mediante la Directiva 2003/35/CE. Una propuesta de Directiva publicada en octubre de 2003 debería transponer el tercer pilar, tendente a garantizar el acceso del público a la justicia en materia de medio ambiente. Por último, un Reglamento adoptado en 2006 pretende garantizar la aplicación de las disposiciones y principios del Convenio a las instituciones y órganos comunitarios.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Decisión 2005/370/CE17.5.2005-DO L 124 de 17.5.2005

ACTOS CONEXOS

Propuesta de decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Comunidad Europea respecto a la interpretación del artículo 14 de la Convención de Aarhus [COM (2008) 174 final - no publicada en el Diario Oficial].

Decisión 2006/957/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, de una enmienda a la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales [Diario Oficial L 386 de 29.12.2006].
La modificación en cuestión pretende extender la participación del público a las decisiones relativas a la diseminación voluntaria de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente. A escala comunitaria, esta exigencia ya está satisfecha por determinadas disposiciones de la Directiva 2001/18/CE, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, y del Reglamento (CE) nº 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.

Última modificación: 15.05.2008
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