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Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertización en los países afectados por sequía grave

La Unión Europea adopta la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertización en los países gravemente afectados por la sequía o la desertización. El objeto de esta Convención, firmada en 1994, es la lucha contra la desertización y la reducción de los efectos de la sequía en los países gravemente afectados por este problema, en particular en África, gracias a una cooperación internacional y a medidas eficaces a todos los niveles.

ACTO

Decisión 216/98/CE del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África.

SÍNTESIS

En la citada decisión la Comunidad Europea adopta la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación.

El Consejo de la Unión Europea, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, adopta la posición que la Comunidad Europea debe tomar en la Conferencia de las Partes cuando este órgano deba adoptar decisiones con efectos jurídicos.

La Comunidad Europea está representada en la Conferencia de las Partes por la Comisión, para las materias de competencia comunitaria.

La Convención de lucha contra la desertización

Esta Convención de las Naciones Unidas tiene por objeto luchar contra la desertización y reducir los efectos de la sequía en los países gravemente afectados por la sequía o la desertización, en particular en África, mediante medidas eficaces a todos los niveles. Estas medidas se basan en acuerdos internacionales de cooperación y asociación, en el marco de un enfoque integrado compatible con el programa Acción 21 con el fin de contribuir a instaurar un desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Acción 21 es un plan de acción mundial centrado en el desarrollo sostenible para el siglo XXI.

La Convención consta de 40 artículos y de 5 anexos con disposiciones de aplicación para África, Asia, América Latina y el Caribe, el Mediterráneo septentrional y Europa Central y Oriental.

La desertización se debe principalmente a las actividades humanas y a las variaciones climáticas. La desertización no debe entenderse como una extensión de los desiertos actuales. Procede de la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas de las zonas áridas a la sobreexplotación y al uso inadecuado de las tierras. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el pastoreo excesivo y las malas prácticas de riego son factores que deterioran la productividad de las tierras.

En el espíritu de la Convención, la lucha contra la desertización implica actividades ligadas al desarrollo integrado de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, destinadas a:

  • prevenir y reducir la degradación de las tierras;
  • rehabilitar las tierras parcialmente deterioradas;
  • restaurar las tierras desérticas.

Los programas de acción nacionales, subregionales y regionales sirven de marco para la aplicación de la Convención. Estos programas deben concebirse como parte integrante de la política nacional de desarrollo sostenible del país. Se actualizan en el marco de un proceso participativo permanente, teniendo en cuenta las conclusiones sacadas de la acción realizada in situ así como de los resultados de la investigación.

Las comunidades locales desempeñan un papel clave en la formulación y la ejecución de los programas de acción, ya que son tributarias del suelo.

La aplicación de la Convención requiere una vigorosa cooperación internacional entre países desarrollados y países en desarrollo. No obstante, los Gobiernos de los países afectados por la desertización son los responsables de crear un entorno que permita que las propias poblaciones locales pongan fin al proceso de degradación de las tierras. Los Gobiernos deben proceder a cambios políticamente delicados, como la mayor descentralización del poder de decisión, la mejora de los regímenes de propiedad de la tierra, y la atribución de un poder real a las mujeres, a los agricultores y a los ganaderos.

La Convención no prevé un mecanismo financiero centralizado encargado administrar los fondos destinados a los proyectos, pero cuenta con un mecanismo mundial que ayuda a movilizar importantes financiaciones de las fuentes existentes y a racionalizar y a reforzar la gestión.

La Conferencia de las Partes es el órgano supremo de la Convención. Se encarga de tomar las decisiones necesarias para promover la aplicación efectiva.

África es la zona en la que la desertización supone la mayor amenaza. En efecto, la desaparición de la cubierta forestal, al ritmo de 3,7 a 5 millones de hectáreas al año, repercute tanto en las aguas de superficie como en las aguas subterráneas y la mitad de las tierras agrícolas del continente están afectadas por la degradación y la erosión de los suelos.

La Convención, elaborada tras la Cumbre de la Tierra (FR) celebrada en Río de Janeiro en 1992, ha sido firmada en 1994 y entró en vigor el 26 de diciembre de 1996. Hasta ahora, más de 170 países han ratificado la Convención, que es un instrumento jurídicamente vinculante.

En octubre de 2001 la 5ª Sesión de la Conferencia de las Partes instituyó un nuevo órgano subsidiario, el Comité encargado del examen de la aplicación de la Convención (conocido bajo el acrónimo CRIC). El Comité examina y analiza los informes nacionales presentados al Comité por las Partes y por los observadores, en los que se describe el estado de la aplicación de la Convención. Por medio de estos análisis, se propone mejorar la coherencia, el impacto y la eficacia de las políticas y programas destinadas a restablecer el equilibrio agroecológico de las tierras áridas.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Decisión 216/98/CE [adopción: consulta CNS/1997/0211] 19.3.1998 - DO L 83 de 13.3.1998
Última modificación: 30.05.2007
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