RSS
Índice alfabético
Esta página se encuentra disponible en 4 idiomas

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Efectos transfronterizos de los accidentes industriales

Con la adhesión a este Convenio, la Comunidad y los Estados miembros desean proteger la salud humana y el medio ambiente contra los accidentes industriales que puedan tener efectos transfronterizos y promover una cooperación internacional activa entre las Partes contratantes antes, durante y después de este tipo de accidentes.

ACTO

Decisión 98/685/CEE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración del Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales.

SÍNTESIS

El 18 de marzo de 1992, veintiséis países, entre ellos catorce Estados miembros de la Comunidad, y la propia Comunidad, firmaron en Helsinki el Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales. Con la presente Decisión del Consejo, el Convenio se aprueba en nombre de la Comunidad.

El Convenio define una serie de disposiciones destinadas a proteger a los seres humanos y el medio ambiente contra los efectos industriales y promover una cooperación internacional activa entre las Partes contratantes antes, durante y después de producirse un accidente.

El Convenio se aplica a la prevención de los accidentes industriales que puedan tener efectos transfronterizos, incluidos los accidentes provocados por desastres naturales, excepto los siguientes:

  • accidentes nucleares y situaciones de urgencia radiológica;
  • accidentes que se produzcan en instalaciones militares;
  • roturas de presas;
  • accidentes de los transportes terrestres;
  • liberación accidental de organismos con modificaciones genéticas;
  • accidentes provocados por actividades en el medio marino y vertidos de sustancias nocivas en el mar.

Las Partes contratantes identifican las actividades peligrosas que se desarrollan en su territorio y notifican a las Partes afectadas cualquier actividad de este tipo propuesta o existente. A propuesta de cualquiera de ellas, las otras Partes inician conversaciones sobre la identificación de las actividades que puedan tener efectos transfronterizos.

Las Partes firmantes adoptan las medidas oportunas para prevenir los accidentes industriales, y así:

  • incitan a los explotadores de actividades peligrosas a tomar medidas con el fin de reducir el riesgo de accidentes;
  • establecen normas para la elección del emplazamiento de las nuevas actividades peligrosas y para modificar las actividades peligrosas ya existentes con el fin de limitar en la medida de los posible el riesgo para la población y el medio ambiente;
  • organizan la preparación para situaciones de emergencia provocadas por los accidentes, adoptando las medidas necesarias, incluidos los planes de emergencia para paliar sus efectos transfronterizos; los signatarios se esforzarán para hacer compatibles sus planes de emergencia.

El Convenio establece la obligación de informar al público en las zonas que puedan verse afectadas por un accidente industrial resultante de una actividad peligrosa. Los Estados contratantes deben permitir también la participación del público en el proceso de decisión relativo a las medidas de prevención y preparación en los casos en que se considere adecuado.

Las personas físicas y jurídicas que resulten o puedan resultar perjudicadas por los efectos transfronterizos de un accidente industrial en el territorio de otro Estado signatario deben tener acceso a los procedimientos administrativos y judiciales pertinentes de dicho Estado en las mismas condiciones que los nacionales de éste.

Cada Parte del Convenio crea un sistema de notificación.

En caso de accidente industrial o amenaza inminente de accidente industrial que tenga o pueda tener efectos transfronterizos, el Estado de origen:

  • lo notifica sin demora a los Estados afectados;
  • se asegura de que entren en acción los planes de emergencia;
  • se asegura de que se tomen lo antes posible las medidas de respuesta para reducir en lo posible los efectos del accidente. Los Estados contratantes se esforzarán por coordinar sus medidas de respuesta.

El Estado de origen puede solicitar asistencia a los demás signatarios.

Cada contratante designa un punto de contacto para la notificación de accidentes industriales y otro punto de contacto para asistencia mutua, y los comunica a los demás signatarios en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del Convenio.

Las Partes contratantes fomentan activamente la cooperación científica y tecnológica, y facilitan el intercambio de tecnología para limitar los riesgos y las consecuencias de los accidentes industriales. Asimismo apoyan las iniciativas internacionales apropiadas para elaborar normas en materia de responsabilidad.

Las Partes del Convenio se reúnen, al menos, una vez al año.

El Convenio establece tres mecanismos para resolver las controversias entre los signatarios:

  • búsqueda de una solución mediante la negociación;
  • sumisión de la controversia al Tribunal Internacional de Justicia;
  • arbitraje.

Los dos últimos procedimientos sólo se aplican en el caso de que las Partes no hayan podido resolver su controversia mediante la negociación.

Su aplicación es facultativa y recíproca; mediante declaración escrita, los Estados pueden aceptar la aplicación obligatoria de uno o dos de estos métodos en sus relaciones con cualquier otra Parte que acepte la misma obligación. Si las Partes en la controversia han aceptado estos dos medios de resolución de controversias, la controversia únicamente podrá someterse al Tribunal Internacional de Justicia, a menos que los Estados afectados convengan otra cosa.

Los Estados signatarios informan periódicamente a las demás Partes de la aplicación del Convenio.

El Convenio entró en vigor en la Comunidad Europea el 19 de abril de 2000.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Decisión 98/685/CE 23.3.1998 - DO L 326 de 3.12.1998

ACTOS CONEXOS

Propuesta de Decisión del Consejo, de 13 de septiembre de 2006, relativa a una propuesta de enmienda del anexo I del Convenio de la CEPE sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales [COM (2006) 493 final - no publicada en el Diario Oficial].
La modificación propuesta tiene por objeto reducir las diferencias entre el Convenio y la legislación comunitaria sobre accidentes industriales y, más concretamente, las diferencias entre los anexos I de dichos textos en lo que se refiere a las categorías y las denominaciones de las sustancias peligrosas a efectos de la definición de las actividades peligrosas. Las diferencias se derivan principalmente de la Directiva 2003/105/CE, por la que se modifica la Directiva «SEVESO II», de 1996.

Decisión 2007/779/CE, Euratom del Consejo, de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil (Refundición) [Diario Oficial L 314 de 1.12.2007].
El mecanismo comunitario de protección civil apoya y facilita la movilización de los servicios de emergencia para responder a las necesidades inmediatas de los países afectados por una catástrofe, y mejora la coordinación de las intervenciones de ayuda mediante la definición de las obligaciones de los Estados miembros y de la Comisión, y la creación de determinados órganos y procedimientos, como el Centro de Control e Información.

Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva «SEVESO II») [Diario Oficial L 10 de 14.1.1997].
Esta Directiva se adoptó antes de la aprobación por la Comunidad del Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales, y constituye el instrumento para incorporar los compromisos del Convenio a la normativa comunitaria.
Teniendo en cuenta que el asunto del Convenio afecta tanto a las competencias comunitarias como a las de los Estados miembros (acuerdo «mixto»), la incorporación del mismo a las legislaciones comunitarias y nacionales es una condición para su aplicación en los Estados miembros.
Para cumplir las disposiciones de la Directiva 96/82/CE, en el momento de la aprobación del Convenio (Decisión 98/685/CE), la Comunidad se reserva el derecho de aplicar valores límite distintos de los establecidos por el Convenio en lo que se refiere a determinadas sustancias mencionadas en su anexo I.

Última modificación: 04.01.2008
Aviso jurídico | Sobre este sitio | Búsqueda | Dirección de contacto | Arriba