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Instituciones de jubilación profesional

La presente Directiva garantiza un alto grado de protección de los partícipes y de los beneficiarios de los fondos de pensiones. La creación de un marco específico para los fondos de pensiones de empleo (FPE) permite a éstas instituciones actuar con la máxima seguridad y eficacia.

ACTO

Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo [Véanse los acto(s) modificativo(s)].

SÍNTESIS

La Directiva establece las normas relativas al acceso a las actividades y al ejercicio de las instituciones de fondos de pensiones de empleo. Su objetivo es garantizar un alto nivel de protección de los futuros jubilados («partícipes» * y «beneficiarios» * de los fondos de pensiones) al tiempo que la eficacia de la inversión, mediante la instauración de tres conjuntos de normas:

  • normas cautelares rigurosas para proteger a los beneficiarios y miembros de los FPE, que deben disponer de información suficiente sobre las normas del régimen de jubilación, la situación financiera de la institución y sus derechos;
  • normas de inversión adaptadas a las características de los FPE y a una gestión óptima del ahorro. En efecto, los FPE invierten a largo plazo y deben diversificar sus activos sacando plenamente partido de las ventajas que ofrecen el mercado interior y el euro. Para que cada institución pueda establecer la política de inversión más segura y eficaz, es necesario evitar que las normas de inversión y, en particular en el caso de la inversión en acciones, sean excesivamente restrictivas;
  • normas por las que se permite una gestión transfronteriza de los planes de jubilación de empleo.

Esta gestión transfronteriza requiere el reconocimiento mutuo de los métodos de control en vigor en los Estados miembros y deberá completarse con una coordinación fiscal adecuada.

La presente Directiva no afecta a las instituciones contempladas en la Directiva sobre el seguro de vida y la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos.

La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) se encarga de recopilar la información transmitida por los Estados miembros y de publicarla en su página Web. Dicha página debe estar al día de las actividades transfronterizas de los FPE.

La AESPJ puede elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los modelos y los formatos de documentos necesarios para el ejercicio de la supervisión. Para ello, coopera estrechamente con los Estados miembros de la Comisión.

La presente Directiva permite alcanzar los siguientes objetivos:

  • Garantizar un alto grado de protección de los partícipes y de los beneficiarios de los fondos de pensiones
    Con arreglo a la Directiva, los FPE están sujetos a unas condiciones precisas de actividad. Los partícipes y los beneficiarios deben ser informados de forma adecuada de las normas del régimen, de la situación financiera de la institución y de sus propios derechos. Las prestaciones propuestas deberán calcularse con prudencia y estar representadas en el balance mediante activos suficientes.
    Los Estados miembros deberán otorgar a las autoridades de supervisión las competencias necesarias para supervisar con eficacia sus FPE.
  • Permitir que los fondos de pensiones de empleo acepten como partícipes a empresas situadas en otros Estados miembros y puedan administrar planes de pensiones para dichas empresas
    Actualmente, los prestatarios de pensiones de empleo actúan esencialmente solo en el Estado miembro en el que se hallan establecidos. Por consiguiente, una empresa con filiales en diez Estados miembros debe dirigirse a diez prestatarios diferentes de tales servicios. Para una multinacional, esto puede suponer un coste de unos 40 millones de euros anuales. Si un único FPE pudiese administrar los distintos regímenes de la misma empresa con filiales en varios Estados miembros sería posible realizar sustanciosas economías de escala.
    Por este motivo la Directiva autoriza el reconocimiento mutuo de los regímenes de supervisión vigentes en los Estados miembros. Por consiguiente, un FPE podrá administrar los planes de pensiones de empresas situadas en otros Estados miembros aplicando las normas de supervisión cautelar del Estado miembro en que dicho fondo esté establecido (control del país de origen).
    No obstante, la Directiva garantiza que el Derecho social y el Derecho laboral de los Estados miembros anfitriones, es decir, la normativa aplicable a la relación entre la «empresa promotora» * (que paga las cotizaciones al FPE) y los partícipes, siguen siendo aplicables.
  • Permitir que los FPE apliquen una estrategia de inversión adaptada a las características de sus planes de pensiones
    Los FPE invierten a muy largo plazo. Necesitan por ello un grado suficiente de libertad para poder aplicar la política de inversión que mejor se adapte a sus compromisos. La Directiva establece una serie de principios destinados a servir de guía a los FPE, cuando éstos definan su estrategia en cuanto a la asignación de activos, con arreglo a la regla de la persona prudente.
    En virtud de este principio los activos deben invertirse lo mejor posible para los intereses de los partícipes y las inversiones ser constantemente objeto de una amplia diversificación para garantizar la seguridad, la calidad, la liquidez y la rentabilidad de las inversiones en cartera. La Directiva establece también que las inversiones en acciones y en capital riesgo no deberán verse indebidamente entorpecidas. Los Estados miembros podrán someter a los FPE establecidos en el ámbito de su jurisdicción a normas de inversión más detalladas. Sin embargo, deberán permitirles invertir el 70 % como mínimo de sus provisiones técnicas o de sus carteras en acciones y obligaciones de empresas y por lo menos el 30 % en monedas distintas de aquellas en que deberán realizar sus futuros pagos de pensiones.
    Por otra parte, la Directiva permite que el Estado miembro anfitrión (aquél en que se encuentra establecida la empresa que paga las cotizaciones), pida al Estado miembro de origen (aquél en que se encuentra establecido el fondo de pensiones) que aplique determinadas normas cuantitativas a los activos propiedad de planes de pensiones transfronterizos, siempre y cuando el Estado miembro anfitrión aplique las mismas normas (o normas más estrictas) a sus propios fondos. Estas normas cuantitativas se refieren a las inversiones en activos no admitidos a cotización en un mercado regulado, a los activos emitidos por la empresa promotora y a los activos expresados en monedas distintas a la de sus futuros pagos de pensiones.
    Por último, los Estados miembros imponen a los FPE mantener, en todo momento, un margen de solvencia disponible que sea, al menos, igual a las exigencias de la presente Directiva. Este margen de solvencia lo constituyen los activos del FPE, libres de todo compromiso previsible y deducción de los elementos inmateriales. Es posible que una tercera parte de la exigencia de margen de solvencia constituya el fondo de garantía (mínimo de 3 millones de euros, importe que se somete a revisiones anuales).
  • Respetar las prerrogativas de los Estados miembros en cuanto a protección social y planes de pensiones de jubilación.
    Con arreglo al principio de subsidiariedad, la organización de la protección social y de los planes de pensiones de jubilación es una competencia de los Estados miembros. La elección entre planes por reparto y planes por capitalización y, en su caso, el equilibrio entre estos planes y el apoyo a modalidades específicas de ahorro individual para la jubilación, son decisiones que corresponden absolutamente a los Estados miembros. En la mayoría de éstos existen planes de pensiones de jubilación de empleo basados en la capitalización, pero actualmente los países en los que dichos planes representan la mayor proporción de la oferta global de pensiones son Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido.
    La Directiva no introduce ningún cambio en esta prerrogativa nacional. Se limita simplemente a permitir que el mercado interior demuestre su verdadera dimensión, sobre todo en favor de los futuros jubilados y respetando rigurosamente las prerrogativas nacionales. No obstante, un marco comunitario coherente que refuerce la seguridad y la eficacia de los FPE y les permita beneficiarse plenamente del mercado interior y del euro constituye una baza importante para los Estados miembros que deseen desarrollar el papel de los planes de pensiones de empleo en sus sistemas de jubilación.

Contexto

Existen tres grandes tipos de planes de pensiones: los regímenes de seguridad social, los planes individuales (contratos de seguro de vida) y los planes de pensiones de empleo. Los FPE (fondos de pensiones y cajas de pensiones), cubren alrededor de un 25 % de la población activa de la UE y administran activos cuyo valor alcanza 2,5 billones de euros, lo que representa el equivalente aproximado del 29 % del PIB de la Unión. Estas instituciones, junto con otras instituciones financieras como los bancos, las compañías de seguros y las instituciones de inversión colectiva, representan un papel esencial en la economía europea. Se distinguen de los otros organismos por el carácter a largo plazo muy acusado de sus actividades. En efecto, dado el envejecimiento de la población de la UE, los FPE deben poder operar con la máxima seguridad y eficacia. También es necesario proteger el ahorro mediante normas cautelares rigurosas teniendo en cuenta al propio tiempo el coste de las jubilaciones.

En este contexto, la Directiva 2003/41/CE se adoptó con el fin de crear un marco cautelar destinado a proteger los derechos de los futuros jubilados. En el marco del mercado integrado de capitales y de la instauración del euro, la Directiva tiende también a levantar los obstáculos que se oponen a la inversión por los fondos y cajas de pensiones.

Términos clave del acto
  • Fondo de pensiones de empleo o institución: toda institución con independencia de su forma jurídica, que opere mediante sistemas de capitalización, sea jurídicamente independiente de la empresa promotora o sector y cuya actividad consista en proporcionar prestaciones de jubilación en el contexto de una actividad laboral sobre la base de un acuerdo o contrato de trabajo suscrito individual o colectivamente entre el empleador o empleadores y el empleado o empleados o sus representantes respectivos, o con trabajadores por cuenta propia, cuando así lo establezca simultáneamente la legislación del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida.
  • Plan de pensiones: todo acuerdo que revista la forma de contrato, acto constitutivo o normativa que defina prestaciones de jubilación, así como las condiciones para su obtención.
  • Partícipes: las personas cuyas actividades laborales les dan o darán derecho a recibir prestaciones de jubilación de conformidad con lo dispuesto en un plan de pensiones.
  • Beneficiarios: las personas físicas titulares del derecho a las prestaciones de jubilación.
  • Empresa promotora: toda empresa o entidad, con independencia de que incluya una o más personas físicas o jurídicas, que actuando en calidad de empresarios o de trabajadores por cuenta propia o combinación de ambas, realicen contribuciones a un fondo de pensiones de empleo.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2003/41/CE

23.9.2003

22.9.2005

DO L 235, 23.9.2003

Acto(s) modificativo(s)Entrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2009/138/CE

6.1.2010

31.10.2012

DO L 335, 17.12.2009

Directiva 2009/138/CE

6.1.2010

31.10.2012

DO L 335, 17.12.2009

Directiva 2010/78/UE

4.11.2011

31.12.2011

DO L 331, 15.12.2010

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

DO L 174, 1.7.2011

Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 2003/41/CE se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada tiene un valor meramente documental.

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre ciertos aspectos esenciales de la Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (Directiva FPE) [COM(2009) 203 final – no publicado en el Diario Oficial].
El presente informe presenta la aplicación de la Directiva FPE (fondos de pensiones de empleo) en los Estados miembros, con especial hincapié en las provisiones técnicas y la adaptación de los sistemas nacionales de supervisión.
El informe subraya que los fondos de pensiones de empleo utilizan en los diferentes Estados miembros distintos métodos e hipótesis de cálculo para determinar sus provisiones técnicas. Es preciso armonizar las normas relativas al cálculo de las provisiones técnicas en el contexto de las actividades transfronterizas.
Con el fin de facilitar la adaptación de los sistemas nacionales de supervisión, en febrero de 2006 se elaboró el «Protocolo de Budapest», que establece las disposiciones en materia de supervisión e intercambio de información entre las autoridades de supervisión del Estado de origen y el Estado miembro de los FPE transfronterizos. El trabajo realizado en el marco de este protocolo se considera satisfactorio.
La Comisión considera, por consiguiente, que no es necesario modificar la legislación actual en materia de FPE.

Última modificación: 31.08.2011
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