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Marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores

La presente Directiva establece un marco general para la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, a raíz de la Comunicación de la Comisión de 14 de noviembre de 1995, para paliar las carencias e insuficiencias de las disposiciones nacionales y comunitarias vigentes.

ACTO

Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea - Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores.

SÍNTESIS

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores * en las empresas * situadas en la Comunidad Europea.

Se ponen de relieve dos principios importantes:

  • las modalidades de información y de consulta se determinan y aplican conforme a la legislación nacional y las prácticas de las relaciones laborales vigentes en cada Estado miembro;
  • en la definición y la aplicación de las modalidades de información y de consulta, los empresarios * y los representantes de los trabajadores * cooperan dentro del respeto de sus derechos y obligaciones recíprocas.

La Directiva se aplica bien a las empresas que empleen en un Estado miembro al menos a cincuenta trabajadores, bien a los centros de trabajo * que empleen en un Estado miembro al menos a veinte trabajadores. La elección corresponde a los Estados miembros, que determinan asimismo el modo de calcular el número de trabajadores empleados.

Pueden aprobarse disposiciones específicas aplicables a las empresas que persigan, directa y sustancialmente, fines políticos, profesionales, benéficos, educativos, científicos o artísticos, así como fines de información * o de expresión de opiniones, siempre que, en la fecha de adopción de la Directiva, ya existan en el Derecho nacional disposiciones de este tipo.

Los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales la tarea de definir libremente y, por medio de acuerdo, las modalidades de puesta en práctica de los dispositivos de información y consulta * previstos en la Directiva.

La información y la consulta de los trabajadores abarcan tres ámbitos relativos a la empresa:

  • las evoluciones de carácter económico, financiero y estratégico;
  • la estructura y la evolución previsible del empleo y las medidas derivadas;
  • las decisiones que puedan provocar cambios sustanciales en la organización del trabajo y en las relaciones contractuales.

Los Estados miembros deben determinar las modalidades de aplicación de los principios contenidos en la propuesta, con objeto de lograr que la información y la consulta de los trabajadores sean efectivas. Por otra parte, pueden reducir las obligaciones de información y de consulta para las empresas que empleen a menos de cincuenta o veinte trabajadores, según la clasificación establecida en párrafos anteriores.

Se establece un régimen de confidencialidad:

  • por una parte, los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan no están autorizados a revelar a terceros la información que les haya sido expresamente comunicada con carácter confidencial, ni siquiera tras la expiración de su mandato;
  • por otra parte, en las condiciones que establezca la legislación nacional, el empresario no está obligado a facilitar información o a proceder a consultas que pudieran crear graves obstáculos al funcionamiento de la empresa o perjudicarla.

Los representantes de los trabajadores gozan, en el ejercicio de sus funciones, de la protección y las garantías suficientes para realizar las tareas que les hayan sido encomendadas.

La Directiva confía a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la misma; éstos han de velar por que existan procedimientos administrativos o judiciales a escala nacional.

Se considera una infracción grave de los requisitos fijados en la Directiva:

  • la ausencia total de información y/o consulta de los representantes de los trabajadores antes de la toma de decisión o del anuncio público de ésta;
  • la retención de información importante o la expedición de información inexacta que tengan como resultado imposibilitar el ejercicio del derecho a la información y la consulta.

En caso de una infracción grave que tenga consecuencias directas e inmediatas en términos de modificación sustancial o de ruptura de los contratos o de las relaciones de trabajo, las decisiones adoptadas no producen efectos jurídicos. Esta situación subsiste mientras la empresa no haya cumplido sus obligaciones de información y consulta. Si ello resulta imposible, el empleador debe establecer una reparación adecuada según las modalidades y los procedimientos que establezcan los Estados miembros.

Las disposiciones de la presente Directiva no afectan a la Directiva 94/45/CE del Consejo sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento equivalente de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

La Directiva prevé la revisión de su aplicación, a más tardar cinco años después de su adopción, en consulta con los interlocutores sociales y los Estados miembros, a fin de proponer al Consejo las modificaciones necesarias.

Contexto

En su Comunicación en materia de información y consulta de los trabajadores [COM (95) 547 final - no publicada en el Diario Oficial], la Comisión presenta un balance de la actuación comunitaria en relación con la información, la consulta y la participación de los trabajadores. Ya se han adoptado varias directivas en la materia (« despidos colectivos », «traspaso de empresas» y «comité de empresa europeo»).

A pesar de que existen disposiciones específicas en materia de información y consulta de los trabajadores, la Comisión subraya la necesidad de redefinir el marco jurídico comunitario para adoptar normas más vinculantes. En la citada Comunicación, la Comisión presenta diversas opciones para orientar la actuación comunitaria e insta a los interlocutores sociales a definir las modalidades de un marco general.

A raíz de esta Comunicación, la Comisión inició el 4 de junio de 1997 una fase de consulta de los interlocutores sociales con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Acuerdo sobre la política social. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de Interés Económico General (CEEP) manifestaron su voluntad de iniciar una negociación a nivel comunitario en la materia. Sin embargo, la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) no deseó participar en las negociaciones al considerar, por una parte, que el proyecto no se ajustaba al principio de subsidiariedad y, por otra, que este ámbito afectaba a la organización y gestión internas de las empresas y por ello era competencia de los directivos de las mismas.

A falta de acuerdo entre los interlocutores sociales, la Comisión presentó una propuesta de directiva.

Términos clave del acto
  • Empresa: las empresas públicas o privadas que ejercen una actividad económica, independientemente de que tengan o no ánimo de lucro, situadas en el territorio de los Estados miembros.
  • Centro de trabajo: una unidad de actividad definida conforme a la legislación y la práctica nacionales, situada en el territorio de un Estado miembro, y en la que se desarrolla una actividad económica de forma continuada con medios humanos y materiales.
  • Trabajador: cualquier persona que esté protegida como tal en la legislación laboral nacional y con arreglo a las prácticas nacionales del Estado miembro de que se trate.
  • Representantes de los trabajadores: los representantes de los trabajadores con arreglo a lo dispuesto en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
  • Información: la transmisión de datos por el empresario a los representantes de los trabajadores para que puedan tener conocimiento del tema tratado y examinarlo.
  • Consulta: el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre los representantes de los trabajadores y el empresario.
  • Empresario: la persona física o jurídica que es parte en los contratos o relaciones de trabajo con los trabajadores, conforme a la legislación y la práctica nacionales.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorPlazo de transposición en los Estados miembrosDiario Oficial
Directiva 2002/14/CE [adopción: codecisión COD/1998/0315]23.3.200223.3.2005 (23.3.2007 para algunos Estados miembros)DO L 80 de 23.3.2002

ACTOS CONEXOS

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de octubre de 2007, sobre la reevaluación de la normativa social con vistas a más y mejores puestos de trabajo en el sector marítimo en la UE (primera fase de la consulta a los interlocutores sociales a escala comunitaria en virtud del artículo 138, apartado 2, del Tratado) [COM (2007) 591 final - no publicada en el Diario Oficial].
Esta Comunicación propone algunos ajustes de la legislación europea relativa a las condiciones de trabajo, la información y la consulta de los trabajadores del sector marítimo de la Unión Europea. En cuanto a la Directiva, la Comisión prevé verificar, en un próximo informe de aplicación, la conformidad de las disposiciones jurídicas incluidas en el artículo 3, apartado 3, según las cuales, «Los Estados miembros podrán establecer excepciones a la (…) Directiva mediante disposiciones específicas aplicables a las tripulaciones de buques que naveguen en alta mar».

Última modificación: 03.01.2008
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