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Directrices para las políticas de empleo

Las directrices del Consejo orientan la coordinación de las políticas nacionales de los países de la Unión Europea (UE). Estas orientaciones, basadas en los objetivos de la estrategia Europa 2020, tienen como objetivo respaldar las reformas dirigidas a conseguir un crecimiento sostenible articulado en torno al conocimiento y la innovación.

ACTO

Decisión 2010/707/CE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros [Diario Oficial L de 24.11.2010].

SÍNTESIS

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen en cuenta las directrices para las políticas de empleo durante la elaboración de estas. De este modo, materializan estas recomendaciones en objetivos nacionales.

Las directrices para las políticas de empleo están vinculadas a las orientaciones generales de las políticas económicas; todas juntas conforman las directrices integradas de la Estrategia Europa 2020.

Aumentar la participación en el mercado laboral

La UE se ha marcado como objetivo alcanzar un índice de ocupación de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años del 75 % para 2020. Para lograrlo, los Estados miembros deberán fomentar la participación en el mercado laboral de los jóvenes, los trabajadores de mayor edad, los trabajadores con bajas cualificaciones y los inmigrantes en situación regular.

Para contribuir a este fin, las políticas nacionales deberán promover sobre todo los principios de flexiguridad, movilidad de los trabajadores, y conciliación de la vida profesional y familiar.

Los Estados miembros deberán prever medidas tempranas para la integración de los jóvenes y los grupos vulnerables en el mercado laboral. Estas también deberán hacer que el empleo sea más atractivo, sobre todo en el caso de los trabajadores con bajas cualificaciones, garantizando al mismo tiempo un coste de mano de obra compatible con la estabilidad de los precios y la evolución de la productividad.

Por último, los Estados miembros deberán promover el empleo por cuenta propia y el espíritu empresarial. Además tendrán que favorecer la creación de empleo, también en el sector de la asistencia sanitaria y el empleo “verde”.

Conseguir una población activa cualificada

El desarrollo de nuevas competencias adaptadas a las necesidades del mercado laboral debería permitir aumentar la productividad y la capacidad de inserción profesional de los trabajadores. Los Estados miembros deberán aumentar la capacidad de los sistemas de educación y de formación, y favorecer su adaptación a la evolución de la sociedad hacia una economía de bajas emisiones de carbono y que haga un uso eficiente de los recursos.

En este sentido, las medidas adoptadas deberán garantizar la calidad de la enseñanza inicial y las posibilidades de formación a lo largo de toda la vida. La formación deberá estar abierta a los trabajadores con bajas o altas cualificaciones, y organizarse en colaboración con los interlocutores sociales y las empresas.

Los Estados miembros también deberán fomentar la movilidad profesional gracias sobre todo a sistemas de reconocimiento de las competencias adquiridas.

Mejorar los sistemas educativos y de formación

En 2020, las tasas de abandono escolar deberán haberse reducido a menos del 10 % y la proporción de la población de entre 30 y 34 años que ha finalizado un ciclo de enseñanza superior o equivalente tendrá que haber aumentado al 40 % como mínimo.

Este objetivo supone una inversión en la calidad de la formación y de los sistemas educativos, adaptando la enseñanza a la evolución de la sociedad y dando prioridad a la capacidad de inserción laboral. Los Estados miembros deberán dar prioridad a la formación permanente, también a través del aprendizaje no formal.

Además tendrán que fomentar la movilidad internacional de docentes y estudiantes, el desarrollo de un marco de certificación que favorezca los itinerarios de formación flexibles y las asociaciones con las empresas.

Luchar contra la exclusión social

La Estrategia Europa 2020 promueve la inclusión social y la lucha contra la pobreza para que al menos 20 millones de personas dejen de enfrentarse al riesgo de pobreza y exclusión en los próximos 10 años.

En consecuencia, los Estados miembros deberán prestar especial atención al empleo de las personas más alejadas del mercado laboral. Las medidas adoptadas deberán favorecer la autonomía de las personas y permitir al mismo tiempo luchar contra la pobreza de los trabajadores.

Las políticas nacionales deberán garantizar el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, también en el ámbito social. Además, buscarán la modernización y la viabilidad de los sistemas de protección social y de jubilación.

Por último, los Estados miembros respaldarán la economía social y la innovación social; fomentarán la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación.

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Decisión 2010/707/UE

21.10.2010

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DO L 308 de 24.11.2010

Última modificación: 17.02.2011
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