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Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

La Directiva tiene por objeto garantizar el pago de los salarios de los trabajadores en caso de que el empresario se encuentre en situación de insolvencia. De hecho, obliga a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a establecer instituciones de garantía y establece las modalidades en caso de insolvencia de los empresarios transfronterizos.

ACTO

Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (Texto pertinente a efectos del EEE).

SÍNTESIS

La Directiva protege a los trabajadores asalariados que tengan un crédito para remuneraciones impagadas, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia.

El estado de insolvencia responde a una solicitud de procedimiento judicial que implica el desapoderamiento parcial o total del empresario y el nombramiento de un síndico, en el caso de que la autoridad judicial competente:

  • haya decidido abrir el procedimiento; o
  • haya comprobado el cierre definitivo de la empresa o del centro de trabajo del empresario, así como la insuficiencia del activo financiero disponible.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) pueden excepcionalmente excluir los créditos de determinadas categorías de trabajadores si otras formas de garantías les aseguran una protección equivalente. Los Estados miembros pueden excluir de la protección de la Directiva al personal doméstico al servicio de una persona física y a los pescadores remunerados a la parte.

No obstante, salvo estas excepciones, todos los trabajadores pueden beneficiarse de la presente Directiva, independientemente de la duración del contrato de trabajo o de la relación de trabajo. Por ello, se aplica a los trabajadores a tiempo parcial, a los contratos de duración determinada y a los contratos de trabajo temporal.

Instituciones de garantía

Los Estados miembros ponen en marcha instituciones de garantía que aseguran el pago de los créditos de los trabajadores y, si procede, indemnizaciones por cese de la relación laboral. Pueden fijar límites a los pagos realizados por la institución, que deben ser lo suficientemente elevados como para contribuir al objetivo social de la Directiva.

El período mínimo de remuneración por la institución de garantía se calcula en función de:

  • un periodo de referencia mínimo de seis meses, dando lugar al pago de los créditos durante al menos tres meses;
  • un período de referencia de al menos ocho meses, dando lugar al pago de los créditos durante al menos ocho semanas. En este caso, para el cálculo se considerarán los períodos más favorables para el trabajador.

Los empresarios deberán contribuir a la financiación de estas instituciones, a menos que la financiación esté garantizada íntegramente por las autoridades públicas.

Seguridad social

Los Estados miembros pueden disponer que la garantía de pago no se aplique a las cotizaciones:

  • de seguridad social;
  • de los regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan, independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social.

Asimismo, si el empresario no ha pagado las cotizaciones obligatorias de seguridad social, pero se han descontado de los salarios abonados, los trabajadores se beneficiarán íntegramente de sus derechos respecto ante las instituciones de seguros.

Los intereses de los trabajadores asalariados se protegerán en lo relativo a las prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión. Esta protección se aplica también a los trabajadores que hayan dejado la empresa antes de producirse la insolvencia.

Situaciones transnacionales

Si la actividad del empresario insolvente se llevara a cabo en los territorios de al menos dos Estados miembros, la autoridad competente para el pago de los créditos sería la del país donde el trabajador ejerza habitualmente su trabajo.

Asimismo, el alcance de los derechos de los trabajadores ante las instituciones de garantía estará determinado por el derecho nacional que se aplique en la institución de garantía.

REFERENCIAS

ActoEntrada en vigorTransposición en los Estados miembrosDiario Oficial

Directiva 2008/94/CE

17.11.2008

17.11.2008

DO L 283 de 28.10.2008

ACTOS CONEXOS

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de febrero de 2011, sobre la transposición y la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2008/94/CE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario [COM(2011) 84 final – no publicado en el Diario Oficial].
El dispositivo de protección de los asalariados que instauró la Directiva 2008/94/CE demostró su eficacia y su utilidad. De hecho, 3,4 millones de trabajadores han podido beneficiarse de la intervención de las instituciones de garantía durante el período comprendido entre 2008 y 2011, en particular en el contexto de la crisis económica mundial.

Última modificación: 06.05.2011
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