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Igualdad de trato en materia de empleo y de ocupación

La presente Directiva establece un marco general para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato de las personas de la Unión Europea, independientemente de su origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en el acceso al empleo y a la ocupación, la promoción y la formación profesional, las condiciones de empleo y de ocupación y la pertenencia a determinadas organizaciones.

ACTO

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

SÍNTESIS

La lucha contra las discriminaciones constituye un importante reto para la Unión Europea. En efecto, la Unión Europea está basada en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho. Por consiguiente, la UE debe adoptar todas las medidas necesarias para combatir cualquier tipo de discriminación, especialmente si tiene que ver con el empleo y el mercado de trabajo.

El empleo y la ocupación son dos elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades para todos y, en gran medida, contribuyen a la plena participación de los ciudadanos en la vida económica, social y cultural. Pero se observan numerosos casos de discriminación en los mercados de trabajo.

El artículo 13 del Tratado CE, introducido por el Tratado de Amsterdam, concede poderes específicos a la Comunidad para combatir la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Los Estados miembros ya prohiben la discriminación en el mercado de trabajo. Pero sus legislaciones al respecto son dispares en cuanto al alcance, el contenido y la fuerza de ejecución. Por ello, esta Directiva pretende establecer un marco general mínimo.

Ámbito de aplicación

La Directiva se aplica a los ámbitos siguientes:

  • las condiciones de acceso al conjunto de las profesiones y las actividades por cuenta propia y las condiciones de promoción;
  • la formación profesional;
  • las condiciones de empleo y de ocupación (incluidas las de despido y remuneración);
  • la inscripción y participación en una organización patronal, sindical o en cualquier organización profesional.

Esto se aplica tanto al sector público como al privado, lo que incluye los organismos públicos, y tanto al trabajo remunerado como al voluntariado.

Concepto de discriminación

La Directiva va dirigida tanto a la discriminación directa (diferencia de trato basada en una característica determinada) como a la discriminación indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pero que pueden tener efectos desfavorables para una o varias personas determinadas o incluso producir una incitación a la discriminación). El acoso, que crea un clima hostil, se considera una discriminación. La Directiva prevé que se lleven a cabo adaptaciones razonables para garantizar el principio de igualdad de trato a las personas con discapacidad, limitándolas a los casos que no impliquen dificultades injustificadas.

Casos en los que se autorizan las diferencias de trato

  • Exigencias profesionales esenciales

En ciertos casos, pueden justificarse las diferencias de trato cuando lo requiera la naturaleza del puesto o las condiciones en las que se ejerce el empleo.

  • Diferencias de trato basadas en la edad

Se admiten estas diferencias de trato cuando exista una justificación objetiva y sean apropiadas y necesarias para la realización de objetivos legítimos en el mercado de trabajo (para garantizar la protección de los jóvenes o de los trabajadores mayores, establecer requisitos en cuanto a la duración de la experiencia profesional, etc.).

  • Acciones positivas

Los Estados miembros pueden mantener o adoptar medidas encaminadas a prevenir o corregir situaciones existentes de desigualdad (medidas destinadas a promover la integración de los jóvenes, el paso de la actividad profesional a la jubilación, etc.).

Requisitos mínimos

La Directiva contiene una cláusula «no regresiva» para los Estados que aplican una legislación con un nivel de protección más elevado que el que prevé la Directiva.

Recursos y aplicación del Derecho

Aunque en el Derecho comunitario esté previsto el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en la práctica, la aplicación de este principio resulta muy difícil. Ante esta situación, la Directiva incluye una serie de mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos en materia de lucha contra la discriminación.

Estos mecanismos se basan en:

  • la mejora de la defensa de los derechos facilitando el acceso a la justicia o a los procedimientos de conciliación (tanto a las personas como a las organizaciones que actúan en nombre de una víctima);
  • la carga de la prueba: cuando se hayan establecido unos hechos que permitan sospechar que existe una discriminación, la carga de la prueba recaerá sobre la parte inculpada, tal como establece la Directiva 97/80/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los casos de discriminación basada en el sexo;
  • la protección de las víctimas contra represalias, especialmente contra el despido;
  • la difusión de información adecuada sobre las disposiciones de la directiva, una vez se haya adoptado, a los organismos de formación profesional y de enseñanza, así como en el lugar de trabajo.

La función de los interlocutores sociales resulta primordial en la lucha contra la discriminación. Por ello, los Estados miembros deberán adoptar medidas para fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales y promover así la igualdad de trato mediante el control de las prácticas aplicadas en el lugar de trabajo, la adopción de códigos de conducta, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, etc.

Las disposiciones nacionales consideradas discriminatorias deberán suprimirse o declararse nulas y sin efecto. Los Estados miembros adoptarán sanciones en caso de violación del principio de igualdad de trato. Asimismo, comunicarán a la Comisión cualquier información necesaria para la redacción de un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la directiva, en un plazo de dos años desde su entrada en vigor.

La Directiva contiene una ficha de evaluación sobre las consecuencias que puede tener esta directiva en las empresas, en particular en las PYME.

Contexto

Esta Directiva pertenece a un paquete de medidas para combatir la discriminación. Dicho paquete comprende además una comunicación de la Comisión en la que se presenta el marco general de la acción emprendida, una propuesta de directiva sobre el principio de igualdad de trato sin distinción de raza u origen étnico y un programa de acción de lucha contra la discriminación para el período 2001-2006.

No se incluyen las discriminaciones por motivos de sexo puesto que ya son objeto de otro apartado de la legislación comunitaria (en particular, la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y la Directiva 86/613/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas).

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Directiva 2000/78/CE

2.12.2000

2.12.2003

DO L 303 de 2.12.2000

 
Última modificación: 11.04.2007
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